La Oficina de Asesoría Legal y Anti-corrupción de El Salvador. (ALAC) denunció que la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) incumplió la ley al declarar como “reservada” la información sobre la visita realizada a los centros penales por el exprocurador de Derechos Humanos, José Apolonio Tobar.
El pasado 11 de julio, el exprocurador Tobar, en compañía del director de Centro Penales, Osiris Luna, recorrió las instalaciones del Complejo Penitenciario, la fase III del Centro penal de máxima seguridad y la Granja Penitenciaria, en el municipio de Izalco, departamento de Sonsonate, para verificar las condiciones en las que se encuentran los reclusos, en el contexto del régimen de excepción.
El exprocurador ese mismo día emitió un comunicado, el cual fue publicado en la cuenta de Twitter de la Procuraduría, en el que aseguraba que se habían realizado entrevistas a los internos, quienes relataron que recibían alimentos en los tres tiempos de comida.
El documento también señala que los internos reciben tiempo de sol por grupos, cuentan con disponibilidad de agua para consumo y aseo personal, reciben la atención y los insumos médicos que requieren.
Entre los aspectos negativos, el exprocurador Tobar señaló el hacinamiento y la necesidad de infraestructura que permita una mejor ventilación en las celdas.
Sin embargo, Tobar obvió mencionar en su informe las denuncias públicas realizadas por familiares de personas que han sido víctimas de posibles actos de torturas y de las que han fallecido mientras permanecen en custodia del Estado, por lo que fue fuertemente criticado por diversos sectores.
El 5 de septiembre de este año, una ciudadana solicitó a través de la oficina de la Unidad de Acceso de Información Pública de la PDDH un informe de la visita de verificación realizada por el entonces procurador de derechos humanos, José Apolonio Tobar.
Sin embargo, denegó el informe justificando que con esta información se pondría en riesgo los datos de ciudadanos que se encuentran dentro de los centros penales.
Wilson Sandoval, coordinador de Alac, explicó que la reserva es inadecuada e improcedente debido a que en ningún momento se solicitó datos personales o acciones individuales, sino la versión pública del informe en general.
Para Sandoval esta reserva, que fue decretada por Tobar, oculta y bloquea información para que los familiares de ciudadanos que han sido capturados durante el régimen de excepción, puedan conocer las condiciones en las que se encuentran los detenidos.
“Es preocupante que siendo un tema de derechos humanos se reserve (el informe), si no hubiese nada reprochable algo que dejará en duda que ahí hay detenciones ilegales o que cuestione cómo se están manejando las situaciones dentro de los penales no se reservaría”, señaló Sandoval.
Por su parte, Pedro Cruz, director la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (Asdehu) considera que reservar el informe del recorrido que hizo el exprocurador en los centros penales “es un grave retroceso a los derechos humanos” y resulta preocupante porque los derechos humanos no deben estar restringidos en su difusión, ni en conocer en cuál es la situación y qué es lo que debe mejorar con respecto a los mismos (dentro de los penales).
“Es mucho más grave que en una situación compleja, porque se han denunciado abusos en las cárceles e incumplimiento de estándares internacionales, por lo que es necesario saber si existe vulneración o no”, expresó Cruz.
El abogado especialista en derechos humanos agregó que esa reserva que no permite a la Procuraduría que pueda difundir y hacer públicos sus informes es totalmente contraria a su naturaleza.
Cruz agregó que como ciudadanos debemos esperar que la Procuraduría cumpla con su mandato de velar por los derechos humanos de toda la población, reclusa o no.
Mientras que Sandoval concluyó que recibir información pública es un derecho humano, “nos preguntamos qué va a decidir la procuradura (Raquel) de Guevara, si va a continuar con esta reserva de información o si por el contrario va a hacerla pública como corresponde”, dijo.