Al menos 22 menores de la comunidad San Luis El Maneadero, o El Maneadero, como lo abrevian los lugareños, en el municipio de Zacatecoluca, departamento de La Paz, han quedado sin sus padres debido a que algunos están encarcelados, acusados de agrupaciones ilícitas, en tanto que otros han huido del lugar para escapar, según dicen sus familiares, de las capturas arbitrarias que desde el pasado 27 de marzo realizan policías y militares amparados bajo el régimen de excepción.
Víctor Manuel Murillo, el primero de los capturados el pasado 16 de enero por un grupo de soldados, ha dejado tres niños entre uno y cuatro años.
Como en todos los casos, excepto uno, los menores han quedado bajo el cuido de las madres, quienes también tienen que ejercer el rol de padres, además de asumir las labores que sus maridos hacían para proveer alimentación a sus hijos.
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De entre todos los niños que han sufrido la captura de sus padres, hay una niña que ha quedado al cuidado de sus abuelos. Se trata de la hija de Joana N., de 24 años, quien fue arrestada el 17 de enero anterior por soldados que la sonsacaron de su vivienda con mentiras. “Esos soldados son locos, se llevaron a mi mamá”, murmura a veces. La menor con tan solo tres años no comprende aún por qué ha quedado sin su madre, afirman los abuelos.
David y Ricardo (nombres cambiados) también han quedado sin padre, pero no porque éste haya sido capturado, sino porque para evitar ser arrestado injustamente, decidió marcharse hacia Estados Unidos, de manera tan abrupta, el mismo día que supo que su nombre, el de su hermano y su padre, ambos llamados Mario, figuraban en una lista de personas a capturar que cargaba una sección de soldados que llegó a la comunidad el 15 de enero en la tarde.
David, a sus siete años, aún no comprende que su padre se fue contra su voluntad debido a una ley impuesta por el gobierno de Nayib Bukele con la que militares y policías pueden hacer capturas de personas con tan solo el hecho de que alguien los acuse de manera anónima, de ser pandilleros.
Crecer sin cariño… Crecer separados
David no sabe que justo 15 días antes de que su padre lo abandonara contra su voluntad para evitar ser encarcelado de manera arbitraria, había entrado en vigencia la Ley Crecer Juntos para la protección integral de la primera infancia, niñez y adolescencia.
Esa ley, en teoría, le garantiza a David, a su hermano y a una veintena más de niños de El Maneadero, el derecho a crecer, convivir, desarrollarse y criarse con su madre y su padre. Ese derecho lo tutela el artículo 46 de la mencionada ley.
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En su inocencia, David dice que su padre se ha ido a trabajar a otros países y que pronto va a regresar. Sin embargo, el padre de este niño ya tiene varias semanas de estar viviendo en Estados Unidos, donde jamás pensó irse para no abandonar a sus dos hijos y a su esposa y del cual no piensa regresar voluntariamente al menos mientras en El Salvador continúen las detenciones arbitrarias.
El mismo gobierno que el 27 de marzo del año anterior decretó el régimen de excepción, mediante el cual se conculcan varios derechos constitucionales de personas detenidas, ese mismo gobierno, el 22 de junio de 2022, aprobó la ley Crecer Juntos, la cual no cumple en lo concerniente al derecho de los niños y adolescentes a mantener un vínculo con sus padres, cuando estos estén privados de libertad.
El artículo 75 de la Ley Crecer juntos establece que “…Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho, siempre que no sea contrario a su interés superior, a mantener el vínculo socio afectivo con su madre, padre o persona cuidadora cuando estén privadas de libertad; a contar con facilidades para mantener el contacto…”.
Múltiples capturas en El Maneadero
Sin embargo, muchos padres o madres han sido capturados bajo el régimen de excepción y llevan meses encarcelados sin tener contacto con sus familiares que solo saben que están en tal o cual prisión, pero no tienen la certeza de que estén realmente donde les dicen o, incluso, no saben si están vivos o si están enfermos.
En algunos casos, personas capturadas bajo el régimen de excepción murieron sin que ningún funcionario o empleado de la Dirección de Centros Penales avisara a sus familiares; las víctimas fueron enterradas en fosas comunes.
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Por la diligencia de sus familiares, algunos cadáveres han sido sacados de las fosas comunes donde fueron sepultados en silencio.
De igual manera, los 22 niños de El Maneadero, excepto en un caso, no saben sobre cómo están sus padres, tanto si se han ido huyendo del régimen como si están encarcelados. En este último caso, la familia solo sabe que ya les hicieron la primera audiencia y que los mandaron a prisión preventiva.
En el caso de una niña cuya madre fue arrestada por militares, el pasado 1 de febrero la pasaron al penal de Apanteos, según explicaron los abuelos de la menor, quienes se han hecho cargo de protegerla.
El impacto emocional
“De qué sirve que el gobierno dé computadoras o tableta si nuestros hijos están deprimidos desde que capturaron sus padres, no quieren estudiar”, se quejó una mujer a cuyo cargo han quedado dos niños, cuyo padre lleva seis meses de estar en prisión, según ella, de manera injusta porque no pertenece a ninguna pandilla, como lo asegura la Fiscalía en el proceso judicial.
De acuerdo con mujeres entrevistadas, además de tener que asumir también el rol de padre también tienen que lidiar con la depresión de sus hijos quienes suelen preguntar por qué el padre no llega a casa. “A los más chiquitos se les puede mentir, se les puede decir cualquier cosa para levantarle los ánimos, pero usted sabe que a un niño de seis, ocho o diez años es imposible mentirles, más si vieron el momento que llegaron a capturarlo, refirió la fuente.
En el caso de la hija de Johana, su pequeña hija vio cuando un grupo de soldados se la llevó. Pero a su corta edad, tres años, no entiende de agrupaciones ilícitas o de régimen de excepción… Ella cree que los soldados que se llevaron a su madre desde hace más de un mes, simplemente están locos.