Entre capturas masivas de pandilleros, reformas a Código y Leyes, limitaciones de circulación en algunas comunidades y críticas por arbitrariedades, los salvadoreños han tenido que adaptar su cotidianidad del día a día a la implementación express de un régimen de excepción.
Día 1(domingo 27 de marzo):
Durante la madrugada del domingo 27 de marzo la Asamblea Legislativa, por indicación del presidente Nayib Bukele, aprobó un régimen de excepción ante la sorpresiva alza de homicidios en los dos días anteriores. La Policía Nacional Civil registró 14 muertes violentas el viernes 25 de marzo y 62 el sábado 26.
“Suspéndase, a partir de la vigencia del presente decreto y por el plazo de 30 días, los derechos y garantías constitucionales regulados en los artículos 7, 12 (inciso segundo), 13 (inciso segundo) y 24 de la Constitución”, establece el decreto.
Analistas y oposición cuestionaron el Plan Control Territorial ante el alto incremento de homicidios en solo dos días.
Horas después, Bukele ordenó a Centros Penales que se decretase emergencia máxima en todas las cárceles. “Todas las celdas cerradas 24/7, nadie sale ni al patio”, indicó el mandatario.
Retenes policiales y militares fueron colocados en varias calles del país. Elementos de seguridad pedían los DUI a conductores y revisaban los vehículos, además de registrar a ciudadanos antes de ingresar a colonias seleccionadas. Esta acción generó ciertas molestias en pobladores porque, aseguraron, no habían sido informados de las medidas en sus zonas de residencia.
Tras el primer día de entrada en vigencia del régimen de excepción, el Gobierno informó que más de 500 individuos fueron detenidos por pertenecer a pandillas y provocar el alza de la violencia. El Director de Centros Penales, Osiris Luna, y la Policía Nacional Civil comenzaron a utilizar el hastag #GuerraContraLasPandillas.
Día 2 (lunes 28 de marzo):
Elementos del orden regulaban el ingreso y la salida en diferentes comunidades con indicios de presencia de pandillas si la información en el DUI de los ciudadanos no indicaba que residen en ellas. Aunque el texto del decreto no menciona restricciones a la movilidad, el presidente Bukele advirtió un día antes que la medida incluye “cierres focalizados y temporales en algunas zonas”.
Tras la aplicación del régimen de excepción, analistas de Human Rights Watch recalcaron que la política de seguridad debe estar siempre dentro del Estado de Derecho.
Ese mismo día, Bukele dio la orden de retirar los colchones de las celdas en centros penales, tras reducir la alimentación a los reos e impedirles “ver ni un rayo de sol”. “Tenemos a 16,000 ‘homeboys’ en nuestro poder. Aparte de los 1,000 arrestados estos días. Paren de matar ya o ellos la van a pagar también”, publicó el Presidente en Twitter, cuya publicación finalizaba con #GuerraContraLasPandillas.
Día 3 (martes 29 de marzo):
Tras las diversas redadas, Bukele informó sobre la captura de 1,400 pandilleros advirtiendo que “no saldrán libres”. En tanto, criticó con dureza a organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos por sus llamados a respetar los estándares referentes a ese tema. “No se interesan por las víctimas, solo defienden asesinos, como si disfrutaran ver baños de sangre”, arremetió el mandatario.
En un intento de censura a la prensa, militares intimidaron a un fotoperiodista de El Diario de Hoy en la colonia Santa Lucía, en Ilopango, le retuvieron su equipo de trabajo y lo obligaron a borrar el material fotográfico.
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Parte de los capturados eran llevados a la sede de la Fuerza Naval, en San Salvador. Familiares comenzaron a denunciar detenciones y acusaciones arbitrarias en la implementación del régimen de excepción. Desesperados, y algunos con menores de edad, llegaban al lugar a pedir información sobre sus parientes.
Bukele criticó a otros países por no ayudar a El Salvador en el combate contra las pandillas; además de publicar la cifra de 2,163 pandilleros capturados tras la entrada en vigencia del decreto.
En la noche, el Presidente solicitó otra sesión extraordinaria a la Asamblea Legislativa para la aprobación de “más herramientas legales para combatir más eficazmente a las pandillas”.
Día 4 (miércoles 30 de marzo):
La Asamblea Legislativa aprobó reformas al Código Penal con las que castigarán hasta con 45 años de prisión a cabecillas de pandillas; además de 20 a 30 años de cárcel para quienes pertenezcan a esos grupos, se lucren de su accionar, sean negociadores o promotores de los mismos; otra reforma es que se castigará con 27 a 60 años de prisión a funcionarios o empleados públicos que colaboren con las pandillas. En la misma sesión plenaria hubo cambios al Código Procesal Penal: los pandilleros que sean arrestados no podrán salir de prisión hasta que haya una sentencia firme, así como mayores medidas de protección para jueces y testigos. A la vez, los diputados aumentaron las penas a menores de edad que sean integrantes de maras: hasta 10 años de prisión para mayores de 12 años de edad y hasta 20 años para mayores de 16.
Además de estas y otras reformas, se aprobó un refuerzo presupuestario de $60 millones para la Policía Nacional Civil y otro de $20 millones para la Fuerza Armada.
En redes sociales, la PNC mostraba imágenes de las continuas capturas de presuntos pandilleros, a nivel nacional, tras cuatro días del régimen de excepción.
Día 5 (jueves 31 de marzo):
Continuaba la militarización de calles, la limitación a la circulación en ciertas colonias, los retenes, la revisión de vehículos, así como las redadas en la búsqueda de pandilleros y la irritada solicitud de información por parte de personas que se acercaban a bartolinas para saber de sus familiares.
Día 6 (viernes 1 de abril):
Por medio de redes sociales, tal como lo ha venido haciendo, Nayib Bukele informó sobre la captura de 4 mil 357 miembros de maras desde que inició el régimen de excepción.
Analistas de derechos humanos y abogados han señalado que registrar a estudiantes menores de edad que viven en comunidades empobrecidas o estigmatizadas puede traerles consecuencias emocionales a posteriori. Además, que el régimen de excepción debió instaurarse antes como parte del Plan Control Territorial y que se debe mantener la seguridad en las comunidades y zonas intervenidas.