La captura de Fidel Antonio Zavala responde a su denuncia pública sobre torturas y muertes dentro de los centros penales, así como a su labor como activista de derechos humanos desde la organización Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC), señaló Cristosal a través de un comunicado.
“Cristosal rechaza la criminalización del activista de derechos humanos Fidel Zavala llevada a cabo mediante su detención judicial, ordenada este 14 de marzo, y el uso de la jurisdicción especial de crimen organizado contra él y otras personas de la comunidad La Floresta”, agrega el documento.
Asimismo reiteró el grave riesgo que representa para la vida, integridad física y psicológica de Zavala la detención administrativa de seis meses ordenada por el Juez Quinto contra el Crimen Organizado, debido a las denuncias penales que éste interpuso contra funcionarios de la Dirección General de Centros Penales.
Por otra parte, esa organización señala que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha presentado pruebas que justifiquen y demuestren la vinculación de los integrantes de Unidehc y los residentes de La Floresta con ese delito.
“Pese a ello, el Tribunal rechazó, sin fundamentación suficiente, las solicitudes de la defensa para que se declarara incompetente”, asegura Cristosal.
En la audiencia de imposición de medidas la jueza 3 defendió la competencia del tribunal en este caso escudándose en la Convención de Palermo (Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional) que establece que “grupo delictivo organizado” es una estructura conformada por tres o más personas que se reúnen para cometer delitos y obtener un beneficio.
La juzgadora agregó que estas agrupaciones no son solo de pandillas, sino también de personas civiles que se agrupan para cometer cualquier tipo de delitos como estafas.
De igual manera indicó que según establece la ley contra el crimen organizado es la Fiscalía la que determina si un caso debe ser procesado en un tribunal común o especializado, por lo que la petición de incompetencia del tribunal fue rechazada.
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Cristosal señala que, en el marco de la aplicación del régimen de excepción y las reformas penales asociadas, los tribunales contra el crimen organizado operan sin respetar las garantías judiciales básicas.
“Llevan a cabo audiencias iniciales sin realizar un control de legalidad sobre las actuaciones policiales y fiscales, ordenando detenciones provisionales que, en la práctica, se convierten en indefinidas y carentes de fundamento legal”, destaca el comunicado.
Además, Cristosal considera que los procedimientos contra Unidehc buscarían criminalizar la lucha contra el desalojo forzado de las personas que han habitado la comunidad La Floresta desde hace varios años.
“Es preocupante el contexto de estas detenciones, los abusos sistemáticos en el uso de las leyes destinadas a combatir el crimen organizado, pero utilizadas con arbitrariedad en contra de la ciudadanía organizada, defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas.”, agrega.
Finalmente Cristosal hizo un llamado a los órganos y mecanismos internacionales de derechos humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de las Naciones Unidas (ONU) para que estén atentos a este caso, el cual representa una escalada en la criminalización de la defensa de los derechos humanos en El Salvador.