Las reformas penales realizadas en el contexto del régimen convierte el derecho a la presunción de inocencia en una excepción, declaró Úrsula Indacochea, directora de Independencia Judicial de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en Inglés) durante una entrevista en YSUCA esta semana.
“La presunción de inocencia está desapareciendo porque prácticamente se está invirtiendo el rol, no es el Estado ya el que tiene que probar que soy culpable, si no que ahora soy culpable y tengo que probar que soy inocente”, afirmó.
Indacochea explicó que con la instauración del régimen de excepción estas reformas paralelas se hicieron de forma automática, las cuales establecen cambios al marco legal de los procesos penales.
La representante de la DPLF recordó que en todo plan de seguridad el sistema de justicia penal funciona como un contrapeso, “es decir que es un guardián para que la libertad no se restrinja más allá de lo necesario y cuando se haga, sea de forma justa”.
Sin embargo, las enmiendas penales aprobadas permiten que la prisión provisional sea indefinida para las personas capturadas durante el régimen de excepción y que sean procesadas en grupos.
Para Indacochea esto “genera un sistema injusto que puede terminar en condenas de personas que no tienen ninguna conexión con las organizaciones terroristas”, esto debido a la ampliación de forma vaga de los criterios que se utilizan para determinar si una persona pertenece o colabora con un grupo criminal.
En cuanto al plazo de la detención provisional, la especialista explicó que hay una serie de estándares internacionales que regulan la decisión de si una persona enfrentará el proceso penal en libertad o en prisión.
“Los estándares internacionales dicen que las personas son libres hasta que se demuestre lo contrario, es lo que llamamos la presunción de inocencia”, destacó.
Indacochea explicó que en un proceso penal se justifica que el acusado sea enviado a prisión, cuando existe un riesgo para un normal desarrollo del mismo.
Entre las situaciones que se deben tomar en cuenta están: si existe peligro de fuga, si puede escapar de las acciones de la justicia, si tiene posibilidad de salir del país, esconderse, destruir evidencia o amenazar a testigos.
“Estas reformas vienen a trastocar todo este sistema y convierten la inocencia en una excepción” aseguró Indacochea.
Según un análisis realizado por la DPLF sobre las reformas penales, publicado en una serie de informes titulados (IN)DEBIDO PROCESO, estas afectan directamente el derecho de la libertad personal y la presunción de inocencia.
Además, impiden que la medida de la detención sea revisada o sustituida por otra menos gravosa para la libertad. El DPLF señala que la detención provisional se aplica como regla y no como excepción y se dicta sin exigir justificación, por lo que es una pena anticipada.
En ese sentido, familiares y organizaciones sociales han denunciado que los jueces no admiten los arraigos presentados en las audiencias, algunas realizadas de forma virtual y en grupo.
“Las autoridades de El Salvador deben respetar los derechos de las personas detenidas incluso durante la aplicación del régimen de excepción, pues tal medida de emergencia no las releva de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos” agrega el documento.
DE INTERÉS: “Me arruinaron la vida…” el duro testimonio del exreo Enoc
Violaciones a derechos humanos
Seis organizaciones sociales defensoras de derechos humanos contabilizaron desde que inició el régimen de excepción hasta el 20 de julio de este año, más de 5,400 denuncias de personas que han sufrido supuestas vulneraciones a sus derechos fundamentales.
Detenciones arbitrarias, falta al debido proceso, tratos crueles e inhumanos, muertes en penales, acoso, amenazas, lesiones y agresiones sexuales, son algunos de los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado, según las organizaciones civiles.
En cuanto a las detenciones arbitrarias y vulneración al debido proceso, los representantes de las organizaciones sociales explicaron que las detenciones no van a acompañada de una orden de captura. Además, se los llevan con mentiras diciéndoles que les harán preguntas en una delegación o se les menciona un delito al momento de la detención y luego se les acusa por otro.
Asimismo familiares de personas capturadas han denunciado que a pesar que los jueces han ordenado la libertad de muchos de los detenidos, las autoridades de Centros Penales se niegan a liberarlos.
En ese punto, la directora de Independencia Judicial, manifestó que “estamos en una situación en la que existen indicios de que no estamos gobernados por la ley, sino por la fuerza”.
Indacochea explicó que se debe reflexionar si las detenciones afectan a todas las personas por igual o si sólo están afectando a los sectores más vulnerables y más pobres o si también se están deteniendo a las personas en los barrios de clase alta.
“La ley tiene el valor de igualarnos a los ricos y a los pobres, a los que tienen recursos y a los que no los tienen” enfatizó.