Entre el 25 y el 27 de marzo del año pasado, la escalada de violencia y muerte llegó a su cúspide en El Salvador: 88 personas fueron asesinadas en tres días, según los datos del Instituto de Medicina Legal. Esta sacudida mortal que recibió la población estremeció al mundo. Desde entonces, el país vive en un “permanente” régimen de excepción.
Antes de este lamentable hecho, El Salvador venía arrastrando a nivel internacional, la fama de ser uno de los países más peligrosos del planeta, con una tasa de 50 homicidios por cada 100,000 habitantes; 2015 se había posicionado como el año más violento, con 103 asesinatos por cada 100,000 personas.
Pero la “medicina amarga” que ofreció el presidente Nayib Bukele al iniciar su mandato en junio de 2019, para combatir los problemas que aquejan a El Salvador, entre ellos, la inseguridad se ha vuelto “la enfermedad” de muchos. El régimen de excepción es uno de los tratamientos para el combate a la criminalidad que más violaciones a los derechos humanos ha provocado, según denuncias de organizaciones nacionales e internacionales.
Quizá te interese: Régimen de excepción se sostiene en reformas penales que violan derechos humanos
En el texto del llamado Plan Cuscatlán, que Nayib Bukele ofreció cumplir antes de asumir el Poder del Ejecutivo en junio de 2019, criticaba anteriores políticas gubernamentales de “mano dura” contra las pandillas y apostaba por un “cambio de paradigmas” en el combate al crimen, al considerarlo “un problema social surgido de la falta de oportunidades y pobreza”.
Pero a pocos días de iniciar su mandato presidencial, Bukele lanzó el 20 de junio de 2019 el Plan Control Territorial, un programa compuesto por siete fases en los que sacó a la fuerza militar a las calles para tareas de seguridad pública en apoyo a la Policía Nacional Civil, deformando así el verdadero rol que juega la Fuerza Armada según la Constitución, cuestionaron también en su momento abogados constitucionalistas.
La misión del Ejército es la Defensa de la Soberanía del Estado y de la integridad del territorio y “excepcionalmente” el presidente de la República podrá disponer de la institución castrense para el mantenimiento de la paz interna; sin embargo, las calles fueron militarizadas desde la implementación del Plan Control Territorial y su presencia se intensificó con la aplicación del régimen de excepción.
En julio de 2021, Bukele duplicó la cantidad de soldados de 20,000 a 40,000, despertando las alarmas en ciertos sectores. Óscar Picardo, director del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidad Francisco Gavidia, fue uno de ellos. Señaló que la medida no correspondía al esquema democrático de una sociedad.
“Necesitamos más maestros, mejor educación, mejorar la situación de criminalidad del país es un proyecto de largo plazo y que tiene que ver con el sistema educativo, no con más represión y violencia”, manifestó Picardo en julio de 2021.
¿Pero qué ha pasado en estos 12 meses? hay más de 60,000 detenidos acusados de pertenecer o colaborar con las pandillas, según datos oficiales del ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro; mientras que otras decenas de familias dicen ya no temer a las maras, hoy ven la bota del militar como su verdugo, retornando a episodios del conflicto armado que la población ya había dejado en el pasado, cuestionan abogados defensores de derechos humanos, como Ruth López y el exprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, ambos de Cristosal, entidad que ha participado en la defensa de decenas de capturados.
Quizá te interese: Rector de la UCA lamenta que el Estado salvadoreño no auxilia a víctimas del régimen
Según varios organismos sociales, que han denunciado casos de detenciones “arbitrarias”, ya van más de 120 salvadoreños que han muerto en condiciones inhumanas en las cárceles o en un centro hospitalario sin poder ver a sus parientes. Los llamados de atención internacionales han sido fuertes, incluso del mismo gobierno de Estados Unidos y la OEA, pero Bukele ha hecho caso omiso, porque asegura que ahora libra una “guerra en contra de las pandillas”. Afirma que es el mandato que la ciudadanía le confirió.
Permanente y “electoral”
El 1 de junio de 2022 marcó un antes y un después en el tortuoso camino que ha llevado el régimen de excepción para miles de salvadoreños. La medida llevaba casi tres meses de vigencia, cuando Bukele le declaró la guerra a las pandillas en el Salón Azul de la Asamblea. Desde allí los discursos de los funcionarios de Bukele y sus diputados es que el régimen llegó para quedarse.
“Hoy estamos a punto de ganar la batalla más difícil de todas, estamos muy cerca de ganar la guerra contra las pandillas”, aseguró el gobernante en el discurso oficial de su tercer año de gobierno.
Tres meses después, en septiembre del año pasado, Bukele anunciaba que se postulará a la reelección inmediata en los comicios de 2024, contraviniendo la prohibición que establece la Constitución y, en enero de este año, la Asamblea reformó el Código Penal para imponer hasta 20 años de cárcel para quienes impidan a candidatos inscribirse para competir en las elecciones.
Mientras tanto el régimen de excepción no da visos de terminar, ya que el Ejecutivo hizo una interpretación legal a conveniencia, para hacer que mes a mes los diputados oficialistas aprueben su ampliación, evadiendo los cuestionamientos del jefe de fracción de ARENA, René Portillo Cuadra, de que solo podía ser ampliada una vez.
A 10 meses de las elecciones, en las recientes visitas que delegaciones de diputados de Nuevas Ideas realizan a EE.UU., para posicionar entre la diáspora salvadoreña la figura de Bukele, exaltan al régimen de excepción como el mayor logro del gobierno actual.