Una encuesta realizada por el Instituto de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana (UCA) revela este miércoles que en el caso de las detenciones, a nivel nacional, un 48.3 por ciento de la población está en desacuerdo con las capturas realizadas sin orden judicial en el marco de la vigencia del régimen de excepción, mientras que en el área del gran San Salvador, el porcentaje disminuye a 46.8 por ciento.
Además, el estudio realizado del 22 de abril al 7 de mayo indica que 78 de cada 100 salvadoreños considera que la situación delincuencial ha disminuido desde que el régimen de excepción fue implementado.
Sobre ese mismo punto, sólo un 14% de la población a nivel nacional cree que el accionar delincuencial sigue igual que antes del régimen de excepción; a nivel del área metropolitana de San Salvador, ese porcentaje aumenta levemente al 16.5%.
De acuerdo con la encuesta, a nivel nacional, 16.5% de los encuestados afirmaron tener conocimiento de personas detenidas en el marco del régimen de excepción, mientras que los encuestados en el área metropolitana de San Salvador, ese porcentaje subió a 22.8 por ciento.
El estudio revela que a nivel nacional, 50 de cada 100 salvadoreños está de acuerdo que el régimen de excepción debe extenderse por más tiempo, en tanto que el 44.6% opinó que es necesario buscar otras medidas diferentes al régimen de excepción.
Un 66.2% de la población opinó que las capturas masivas son parte de un intento del gobierno de mejorar la estrategia de seguridad, mientras que 25 de cada 100 salvadoreños considera que las capturas masivas son parte de una campaña para mantener una buena imagen del gobierno ante la población.
#EncuestaUCA | Para el 24.8% de la población consultada, las capturas masivas son parte de una campaña para mantener una buena imagen del Gobierno ante la población. pic.twitter.com/iN1ky3ZVbm
— Radio YSUCA 91.7 FM (@ysuca91siete) May 25, 2022
La encuesta también revela que cuanto mayor es el nivel educativo de la población, sube la cantidad de quienes están en desacuerdo con el régimen de excepción, aprobado a raíz de la ola de homicidios que a finales de marzo se cobró la vida de al menos 87 personas, entre el 25 y el 27 de marzo anterior, Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la UCA.
40 de cada 100 salvadoreños desconocen que el Decreto No. 333, que contiene el Régimen de Excepción, suspende el plazo máximo para la detención administrativa, prohíbe el derecho de asociarse pacíficamente y permite intervenir las comunicaciones sin orden judicial. #EncuestaUCA
— IudopUCA (@IudopUCA) May 25, 2022
Nueva extensión se podría aprobar hoy
El presidente Nayib Bukele publicó ayer un tuit que solicitaría una nueva prórroga al régimen de excepción, algo que ha sido cuestionado por diferentes abogados que lo consideran que se violan los derechos humanos de la población.
Abogados y defensores de derechos humanos (como Cristosal) rechazan de manera contundente la posible extensión del régimen de excepción por un mes. Ellos afirman que no tiene fundamento y que hacerlo iría contra lo que dicta la Constitución de la República. Mientras, organizaciones civiles han reportado denuncias por abusos de autoridad.
David Morales, jefe jurídico de Justicia Transicional de Cristosal, advirtió el pasado viernes que ante las denuncias registradas por vulneraciones a los derechos humanos en el marco del régimen de excepción, El Salvador "podría escalar a una situación de crímenes de lesa humanidad".
El decreto aprobado inicialmente el 27 de marzo tras un alza de homicidios en El Salvador y prorrogado el 24 de abril, suspende los derechos de libre asociación, inviolabilidad de las comunicaciones y defensa ante detención. Además extiende el periodo máximo de detención administrativa de 3 a 15 días.