Socorro Jurídico Humanitario denunció una posible crisis sanitaria al interior de los centros penales del país luego de atender a mujeres que han sido víctimas del régimen de excepción, medida que el próximo 27 de marzo cumplirá dos años de implementación en El Salvador, con más de 75,000 detenidos.
La denuncia pública fue realizada a través de redes sociales luego de que el jueves pasado, esta organización señalara que había brindado más de una decena de atenciones y asesoría jurídica a mujeres, identificando “un nuevo factor común, como lo es el riesgo de muerte por falta de atención médica a personas que fueron capturadas siendo inocentes”.
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En su denuncia, Socorro Jurídico Humanitario señaló que 4 de cada 10 casos que atendieron el jueves, manifestaron que han sido notificados de que sus familiares se encuentran en condiciones graves de salud y que entre las enfermedades más comunes se encuentran la tuberculosis, problemas cardíacos y otro tipo de padecimientos “que se pueden interpretar como una crisis sanitaria al interior de los centros penitenciarios”.
“Hay casos en los que los centros penitenciarios se están negando a recibir a personas detenidas que llegan en estado delicado o prácticamente moribundos, algunos centros hospitalarios de la red pública también se están negando a atender a los privados de libertad debido a que no quieren mostrarse responsables de lo que pueda suceder con estas personas”, denunció Socorro Jurídico Humanitario a través de su cuenta de X, antes Twitter.
En febrero pasado, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer, señaló que la comunidad internacional debe permanecer vigilante y utilizar todos los recursos y mecanismos a su disposición para detener y revertir los presuntos abusos y la violencia estatal que ponen en riesgo la situación de derechos humanos de El Salvador.
Dichas declaraciones fueron en el marco de la reelección del presidente Nayib Bukele, la suspensión de varios derechos civiles en El Salvador, y “serios señalamientos de diversos sectores de la sociedad sobre la independencia y el cumplimiento del mandato del Tribunal Supremo Electoral”.
“Nos preocupa profundamente el deterioro en el respeto y la protección de los derechos humanos bajo el gobierno de Nayib Bukele y la probabilidad de que esta tendencia se consolide durante su segundo mandato. En los últimos cinco años hemos observado la grave crisis provocada por un modelo de gobierno que promovió violaciones masivas de derechos humanos y la evasión de mecanismos de rendición de cuentas, tanto a nivel nacional como internacional”, señaló Piquer, de acuerdo a un comunicado.
La Asamblea Legislativa aprobó, el viernes 8 de marzo, la vigésima cuarta prórroga al régimen de excepción, que cumplirá dos años de vigencia el próximo miércoles.
La entrada en vigencia de la nueva prórroga inició el 12 de marzo. Los salvadoreños tienen suspendidas las garantías constitucionales de su derecho a la defensa y al de ser informadas por el motivo que se le vaya a arrestar.
También extiende el máximo de detención administrativa de 72 horas a 15 días y permite la intervención de las telecomunicaciones sin la necesidad de una orden judicial.
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El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, aseguró, a inicio de año, que aún faltan entre 18,000 y 20,000 pandilleros pendientes de capturar.
Según datos no desglosados publicados en redes sociales por las autoridades, desde el 27 de marzo de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023 han sido capturados 75,163 personas señaladas de ser pandilleros y colaboradores de dichos grupos.
Sin embargo, este dato no puede ser corroborado porque el gobierno ha impuesto una reserva total a todos los datos estadísticos desagregados sobre el régimen de excepción y la seguridad en el país.
