La Constitución de la República dicta que el régimen de excepción solo se puede prorrogar por una vez y durante el mismo periodo de tiempo que estuvo vigente si las condiciones que lo originaron continúan. En el caso del régimen actual, sería el alza de homicidios de finales de marzo.
Sin embargo, ya hay voces que hablan de una segunda prórroga e incluso de darle mayor permanencia a una medida diseñada para ser temporal.
Los diputados del oficialismo, sus aliados y el propio ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, han adelantado que están con toda la disponibilidad de hacer del régimen de excepción una medida permanente de seguridad pública hasta acabar supuestamente con los más de 70,000 pandilleros en el país.
Si la Asamblea Legislativa lo amplía una segunda vez, habiéndose resuelto la situación extrema que lo derivó, sería un acto “inconstitucional”, afirma el jefe de fracción de ARENA, René Portillo Cuadra.
“No es procedente prorrogar el régimen de excepción, porque las causas que motivaron su implementación ya desaparecieron (alza de muertes violentas). La Constitución dice que solo se puede prorrogar por una vez. Si lo vuelve hacer sería inconstitucional, pero no hay sanción escrita”, lamentó Portillo Cuadra.
Desde el 1 de mayo de 2021, en El Salvador no existe una Sala de lo Constitucional independiente que ponga un freno a esa “ilegalidad”.
Por tanto, los diputados de la bancada oficialista no tendrán reparo -si así lo solicita el presidente Nayib Bukele- en “presionar de nuevo el botón” en el Salón Azul, para darle rienda suelta a otro periodo de 30 días bajo un régimen de excepción.
“En realidad lo que se ha estado aplicando no es el régimen de excepción, sino las reformas a los Códigos Penal y Procesal Penal, las cuales son más drásticas que el régimen”, afirmó el diputado tricolor.
Las reformas penales de las que habla Portillo Cuadra fueron aprobadas por la Asamblea casi de inmediato junto al régimen de excepción. Estas buscan incrementar penas para delitos cometidos por pandilleros o incluso por la mera permanencia a estos grupos delincuenciales.
Atropellos constantes
El régimen de excepción decretado el 27 de marzo y prorrogado el 24 de abril suspende los derechos de inviolabilidad de las comunicaciones, libre asociación y defensa ante una detención. Además, amplía el periodo máximo de detención administrativa. El decreto no contempla limitar la circulación, pero policías y militares lo han hecho de facto en algunas comunidades. Además, gracias a la suspensión de garantías y las reformas penales, hay denuncias de numerosos abusos de poder.
Claudia Ortiz, diputada de VAMOS, opina que se han cometido “atropellos injustificados”, por lo que rechaza una posible ampliación.
La legisladora de oposición señaló el drama que varias familias están enfrentando en la búsqueda de información sobre algún pariente que ha sido detenido durante la medida y lamentó la postura mostrada por funcionarios ante esa situación.
Ortiz calificó de “crisis humanitaria” las imágenes que se observan en las afueras de los centros penales, en donde familiares y madres de los capturados viven una odisea para saber el paradero de sus parientes u obtener información a cuenta gotas de cómo se encuentran.
“La gente no tiene ni cómo regresar a sus casas y solo les queda estar velando en la puerta del penal para ver si les dan información sobre su familiar. A las madres que el gobierno les dio una bolsa de alimentos a esa mismas madres les está quitando a sus hijos”, lamentó Ortiz.
La parte humana de los resultados del régimen de excepción también es develada por la diputada de ARENA, Marcela Villatoro, quien dice conocer de casos en que las autoridades de seguridad han llegado a buscar a los supuestos pandilleros, pero no saben en realidad a quién van a detener.
“Muchas personas han sido encarceladas injustamente, lastimosamente no se ha hecho en forma ordenada, sino que llegan a cualquier casa y se llevan a cualquier persona, he conocido gente que se la llevaron inmediatamente y allí le pidieron los datos para saber si lo iban a dejar o no, solo se llevan a la gente y ni siquiera buscan a unas personas en concreto. Se han llevado bastante gente inocente”, argumentó.
Al respecto, Portillo Cuadra manifiesta que si bien no hay sanciones por ampliar inconstitucionalmente el régimen de excepción, sí las hay para los funcionarios que cometan violaciones a los derechos humanos en el marco del régimen de excepción, previa denuncia en su contra ante los organismos internacionales humanitarios y por sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Los funcionarios que hayan violado los derechos humanos pueden pagar indemnizaciones por daños y perjuicios”, afirma.
Para el diputado tricolor el régimen de excepción se ha vuelto una “herramienta de propaganda” del gobierno con miras a obtener réditos electorales en 2024 a costa de minar los derechos humanos.
“La gente está contenta con el gobierno porque han capturado a los pandilleros, la gente en su mayoría no logra ver que los derechos se están perdiendo”, lamentó.