Que un juzgado resuelva dejar en libertad a una persona que fue capturada arbitrariamente durante el régimen de excepción, no es garantía para volver a casa después de la audiencia inicial o de imposición de medidas.
Aunque el juzgado emita la carta de libertad para la persona, en los centros penales no los dejan salir de inmediato, sino al cabo de varios días que pueden convertirse en semanas, incluso.
Ese es el caso de una persona que fue apresada el primer día que entró en vigencia el régimen de excepción, mediante el cual han sido suspendidas varias garantías constitucionales.
La audiencia de imposición de medidas fue realizada de manera virtual el viernes 8 de abril, en la tarde. Gracias a que la familia del capturado tenía los recursos para pagarle un abogado particular y que éste fue diligente en reunir una serie de documentos antes de la audiencia de imposición de medidas, el juez que conoció el caso resolvió decretar la libertad del acusado.
Al siguiente día, la familia del capturado preguntó al juzgado cuándo podrían ir a traer a su pariente. La respuesta fue que la orden de ponerlo en libertad ya había sido enviada al penal donde se encontraba y que ya podían ir a traerlo.
Sin embargo, cuando los familiares del detenido llegaron al centro penal al cual fue enviado casi inmediatamente después de ser capturado por un grupo de soldados y militares, los custodios del mismo les dijeron que tenían que esperar 72 horas para procesar la referida orden de libertad, y que después de esas 72 horas, tendrían que esperar entre cinco a siete días más, porque tienen una gran cantidad de gente a la que deben hacerle esos mismos trámites.
Ocho días después de que un juez ordenara ponerlo en libertad, la persona continúa presa en un penal. Hasta este viernes, los familiares afirmaron que no sabían cuándo les avisarían para ir a traerlo.