Organizaciones indígenas, ambientalistas y de la defensa del territorio denunciaron el acoso y la criminalización que enfrentan las comunidades indígenas organizadas en el contexto del régimen de excepción, lo cual ha dejado a varias personas de los pueblos originarios, detenidas de forma presuntamente arbitraria.
La última captura se registró la madrugada del 29 de agosto en la comunidad Nuevo Amanecer del cantón Primavera, Santa Ana, donde fue capturado José Iván Arévalo Gómez, integrante de la Red de territorios de vida de El Salvador de los pueblos indígenas y del Movimiento de víctimas afectados por el cambio climático y las corporaciones (Moviac).
“Consideramos que el régimen de excepción está afectando principalmente a los pueblos indígenas y a las comunidades más desprotegidas de este país”, manifestó Amado Ramos, miembro de la Red.
#ElSalvador | Organizaciones indígenas piden al presidente de la República, Fiscalía y demás autoridades que se respete el debido proceso y liberen a José Iván Arévalo Gómez, integrante de la Red de Territorios de Vida de El Salvador, capturado el 29 de agosto. 📸: EDH/L. Lemus. pic.twitter.com/D3QXMZrZLv
— elsalvador.com (@elsalvadorcom) September 3, 2024
El representante de las comunidades indígenas hizo un llamado a las autoridades correspondientes para que se respete el debido proceso en el caso de Arévalo y pidió su pronta liberación.
“En este caso, nosotros consideramos que él es una persona que no ha cometido ningún delito, que es inocente, y queremos que las autoridades del gobierno tomen en cuenta eso, primero que es una persona indígena, aparte que es un miembro de nuestras comunidades originarias en El Salvador”, declaró Ramos.
Mirna Juárez, esposa del capturado, relató que los agentes llegaron a la vivienda con una orden emitida por la Fiscalía General de la República en contra de su esposo por el delito de agrupaciones ilícitas, y luego de realizar un allanamiento de la vivienda se lo llevaron detenido.
La señora asegura que los agentes no encontraron nada ilícito dentro de la casa y el celular es lo único que le fue decomisado a su esposo.
La Fiscalía informó a través de un comunicado que la captura de Arévalo es parte de un remanente de la clica Stoner de la clica MS-13 que delinquía en el municipio de Chachuapa.
"A los imputados se les acusa de haber cometido los delitos de homicidio agravado, proposición y conspiración en el delito de homicidio, divulgación de la imagen o revelación de datos de personas protegidas y agrupaciones ilícitas. Todos fueron cometidos entre los años 2017 al 2019", aseguró la Fiscalía en el comunicado.
El ente fiscal informó que se ejecutaron 75 órdenes de captura y 33 registros y allanamientos en varias zonas urbanas y rurales de Santa Ana, Chalchuapa y El Congo.
Niegan acusaciones
El director del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), Ricardo Navarro, explicó que les ha sorprendido la acusación de la Fiscalía en contra del defensor indígena, porque él se dedicaba a cuidar del medioambiente y defender las culturas indígenas.
“A nosotros nos ha sorprendido la captura y las razones que ponen. Ellos ponen asociaciones ilícitas. Las asociaciones que tiene José Arévalo son con nosotros. Nosotros no somos organizaciones ilícitas, somos organizaciones que estamos tratando defender los derechos de la Madre Tierra, ante un planeta tan severamente destruido. Eso es lo que hacía José Arévalo, además, defendiendo las culturas indígenas”, declaró Navarro.
Por otra parte el director ejecutivo del CESTA manifestó que el mecanismo de captura en grupos, utilizado en el régimen de excepción, provoca graves violaciones a derechos humanos y no es correcto que un gobierno mantenga su política en función de la violación de estos.
“¿Qué vemos nosotros ahí? la metodología que siempre utilizan, siempre agrupaciones ilícitas y ¿Cuál es el mecanismo? capturan diez y de pronto de esos diez cae uno ¿y los otros nueve? Lástima son daños colaterales, dirían ellos. A nosotros nos parece que esta es una violación flagrante a los derechos humanos del actual gobierno”, señaló.
Además, Ramos considera que la medida del régimen de excepción está siendo utilizada para silenciar cualquier crítica al gobierno.
“Sabemos que el régimen es un instrumento para acallar, para evitar que las personas tengan criterio propio y critiquen la política del gobierno”, señaló.
Los denunciantes manifestaron que hasta ahora lo que saben es que Arévalo se encuentra recluido en la bartolinas policiales del Sistema de Emergencias 911 de Santa Ana y que ya comenzó el proceso judicial en su contra, pero temen que no se le respeten las garantías constitucionales y el debido proceso por lo que hicieron un llamado a los representantes de la comunidad internacional a estar vigilantes.
“Como sabemos de que aquí no se respetan las leyes, estando en un Estado de sitio y hemos perdido todas las garantías constitucionales, por eso, estamos denunciando y exigiendo a la comunidad internacional, pidiendo que nos ayuden a darle seguimiento al caso”, declaró Ramos.
La esposa del detenido manifestó que en la Procuraduría General de la República le han solicitado que lleve los documentos que demuestren los arraigos sociales, laborales y familiares del capturado, pero teme que estos no sean tomados en cuenta, como suele pasar en los procesos relacionados al régimen de excepción.
“Pedimos, por favor, al señor Presidente y a la señora fiscal que va a llevar el caso que sean justos, que nos reciba y que tome en cuenta las peticiones que nosotros estamos haciendo. Pedimos justicia”, expresó.
El director del CESTA agregó que hasta el momento han informado a grupos ambientalistas internacionales a nivel de Latinoamericano sobre la detención y de no tener una respuesta, llevarán el caso a instancias internacionales.
“Nosotros quisiéramos que esto terminara pronto, que liberen a José, pero si no es así, esto lo vamos a tener que llevar a otras instancias… porque a nosotros nos parece que no hay derecho que a la gente inocente la estoy metiendo a la cárcel, solo para decir que están haciendo un trabajo”, dijo Navarro.
Indígenas invisibilizados
El anciano de los pueblos originarios, Amadeo Ramos, le hizo un llamado al vicepresidente de la República, Félix Ulloa, para que se haga justicia, además, expuso que ha habido ofrecimientos por parte de los diferentes gobiernos por fortalecer la cultura y la lengua indígena, pero siguen en el total abandono.
“Pedimos que se haga justicia a favor de nuestros hermanos indígenas y que no nos acusen de lo que no somos. Exigimos que hoy sí que nos vean, que nos oigan…nosotros no somos delincuentes, al contrario estamos a favor de la paz y a favor de la comunidad. Eso es lo que estoy exigiendo que nos respeten a los indígenas, como en otros países”, declaró.
Santos Zetino, directivo nacional de Madre Tierra, aseguró que los pueblos indígenas apoyaron electoralmente al actual gobierno, pero como respuesta han tenido el maltrato, el encarcelamiento y el “genocidio”.
“Nuestros pueblos indígenas están pagando una pena, que no tienen que pagar… El régimen está atacando directamente a nuestras comunidades indígena, donde no tenemos quien nos defienda” lamentó.
Más capturados
La madre de Benjamín Heriberto Castillo Muñoz, denunció también la captura de su hijo realizada en el contexto del régimen de excepción.
Marleni Muñoz relató que el joven indígena ya lleva un año y siete meses en prisión y hasta el momento no sabe en qué condiciones se encuentra dentro del penal.
“Yo no sé si él está vivo o está muerto y cuando he ido a preguntar de que lo acusan, solo dicen que por el régimen” dijo.
Castillo Muñoz es fundador del Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (MILPA) y fue detenido el 8 de febrero de 2023 en su lugar de trabajo y residía en el cantón Las Higueras de Izalco.
La madre del joven detenido lamentó que haya personas “que sí han andado haciendo cosas” todavía anden libres y los que no se metían en problemas se encuentren en prisión.
Asimismo Elsa Marina Muñoz denunció la captura de su hijo Elías Eliseo Muñoz acusado de ser integrante de la pandilla. La señora asegura que su hijo se dedicaba a trabajar como albañil y que no tenía ningún vínculo con esos grupos criminales.
“Yo le dije a los Policías que a él le gustaba tomar, pero que no era pandillero”, dijo.
Elsa relató que el joven fue detenido en su vivienda, en la noche luego de llegar de su trabajo y ha sido acusado por el delito de agrupaciones ilícitas y desde entonces ha pasado dos años y tres meses sin saber cómo se encuentra.
“Yo pregunto por él y no me dan noticias, no sabemos si están muertos o están vivos”, agregó.