El decreto del régimen de excepción, que suspende algunas garantías constitucionales a la población, llegó a su prórroga número 35 con la aprobación de este miércoles por la Asamblea Legislativa. La vigencia sería del 5 de febrero al 6 de marzo de 2025.
Como cada mes, la bancada de Nuevas Ideas pidió la dispensa de trámites para aprobar la solicitud del Consejo de Ministros del gobierno de Nayib Bukele para aprobar la vigencia por un mes más del régimen de excepción, pese a los constantes llamados de la comunidad internacional y de organizaciones sociales nacionales de no seguir prolongando la medida por las denuncias de violaciones a derechos humanos y abusos.
El régimen de excepción está vigente desde el 27 de marzo de 2022 y el gobierno insiste en prolongarlo aunque al mismo tiempo afirma que el país es "el más seguro del hemisferio occidental".
En el proyecto de decreto enviado a la Asamblea, dice que en su intento por sobrevivir las pandillas han adoptado "nuevas estrategias" como el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes; evitando el uso de vestimenta distintiva o tatuajes que los identifiquen y, ante la reducción de ingresos por la extorsión, involucrándose en el narcomenudeo.
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"Dado que este fenómeno sigue representando un desafío para el Estado, es necesario intensificar las labores de inteligencia e investigación policial, así como perfeccionar las herramientas especializadas de infraestructura tecnológica de la Policía Nacional Civil", argumentó el gobierno.
En el marco del régimen de excepción se capturaron 84,200 personas. En noviembre de 2024, Bukele reconoció que capturaron a personas inocentes y han liberado a 8,000.
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Cesia Rivas, diputada de Vamos, indicó que "nadie quiere volver a un pasado acechado por pandillas" ni a un pasado de un Estado "que desaparecía a sus ciudadanos". Agregó que el régimen de excepción "se hizo la regla" para los salvadoreños.
"Aquí el régimen parece que vamos a llegar a 20 años y no funcionó ni el plan control territorial ni todo el dinero que se les da para financiamiento y aquí no se ve resultados", expresó.
El régimen suspende el derecho a ser informado de forma inmediata al ser detenido, el derecho de la defensa técnica y amplía a 15 días la detención administrativa.
Rivas mencionó que las organizaciones de derechos humanos reportan más de 300 muertes en centros penitenciarios y miles de capturas arbitrarias.
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