Al menos 90 personas que han sido capturadas en los últimos cinco años son parte del registro del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (Cofappes), el cual fue creado en 2019 con el fin de apoyar a las familiares de los detenidos por razones políticas.
El registro de Cofappes incluye a personas que se encuentran en prisión, los que tienen medidas sustitutivas a la detención y refugiados o exiliados debido a la persecución política.
Ivania Cruz, vocera de Coffapes, explicó que se considera como persecución política aquellos casos que denotan que hay indicios de “una fabricación” de un delito, con el fin de criminalizar a opositores, críticos al oficialismo, líderes sociales, sindicalistas y a los miembros de organizaciones sociales.
Regreso a los 80´s
“Es importante destacar que no existía un comité de familiares de presos políticos, previo al 2019, esto lo vimos en el tiempo de la guerra. En el tiempo de la guerra existió otro comité, formado por los mismos presos, por tanto, se puede considerar un grave retroceso”, manifestó Cruz.
En 1980 un grupo de mujeres y hombres sindicalistas capturados en el conflicto armado crearon el Comité de Presos Políticos de El Salvador (COPPES), durante una huelga de hambre en el recinto del penal de Santa Tecla y en las celdas de la Guardia Nacional. En ese momento, el gobierno de turno negaba tener presos por fines políticos.
En abril de este año, el informe sobre prácticas de derechos humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos señaló la existencia de presos políticos en El Salvador.
“El gobierno arrestó o continuó deteniendo a políticos y ex políticos de los partidos de oposición y del partido gobernante”, indica el documento del gobierno estadounidense.
El informe hizo referencia a la detención del exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshontd, la captura de cinco exfuncionarios del FMLN acusados de lavado de dinero y los ambientalistas e integrantes de la guerrilla de Santa Marta, en Cabañas.
“Lamentablemente no estamos viviendo en un país de estado de derecho, por lo que sí, hacemos el llamado que ahora intentan justificar con leyes que son inconstitucionales, criminalizar no sólo por un partido político, sino a cualquier persona”, dijo Cruz.
La abogada expuso que están utilizando reformas penales para criminalizar a las organizaciones sociales que tienen funciones, “de hecho o de derecho”, establecidas en la Constitución de la República.
Por otra parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que “todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole”.
Asimismo Cruz considera que el presidente Nayib Bukele está atacando a las organizaciones sociales, a los medios de comunicación y periodistas debido al trabajo que están haciendo ante la falta de transparencia y rendición de cuentas de su gobierno.
“En este último quinquenio Bukele ha reflejado que su ataque va dirigido a las organizaciones porque son ellas y los medios de comunicación quienes están diciendo la verdad en el país”, manifestó.
La vocera de Cofappes aseguró que otras organizaciones se han ido sumando para enfrentar la persecución de carácter político que está siendo utilizada nuevamente en el país.
“Es bien difícil a lo que nos estamos enfrentando, las organizaciones y para quienes tenemos la vocería, porque el régimen de Bukele solamente da respuesta con prisión y encarcelamiento a falta de gobernar este país”, señaló la abogada.
El último caso
El último caso de presos políticos registrado por Cofappes es el de once excombatientes y veteranos de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, capturados la noche del 30 de mayo de este año.
La policía aseguró en su cuenta de X ( antes Twitter) que los integrantes de la Alianza fueron detenidos supuestamente por planificar atentados con explosivos en varios puntos del país el primero de junio, día que tomó posesión para un segundo mandato el presidente Bukele.
“Estaban agrupados en la llamada Brigada de Insurrección Salvadoreña y sus objetivos eran detonar gasolineras, supermercados e instituciones públicas (...) La investigación ha identificado a José Santos Melara Yánez, ex diputado del FMLN, como el financista de estos planes”, publicó la Policía.
Sin embargo, las organizaciones sociales niegan que eso sea cierto y aseguran que todas las actividades de protesta, hasta ahora se han realizado de manera pacífica y que las capturas solo buscan criminalizar la protesta y la denuncia.
“Son personas que han sido víctimas de esta dictadura que quiere callar las voces que están denunciando las violaciones a derechos humanos, estos compañeros el único pecado es estar alzando la voz al defender al sector de veteranos desde el Inabve”, manifestó Samuel Ramírez, representante del Movimiento de víctimas del Régimen de Excepción (Movir).
El Inabve es el instituto que se encarga de administrar los beneficios de los veteranos y excombatientes, del cual Melara era parte.
El pasado 6 de junio, varias organizaciones defensoras de derechos humanos y movimientos populares presentaron ante la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) una denuncia argumentando violaciones a derechos humanos en la captura de los excombatientes y veteranos de guerra.
Los denunciantes sostienen que a cada uno de los detenidos se les sacó de sus viviendas con mentiras, a uno de ellos, incluso le dijeron que saliera para que les dijera si un perro que andaba en la calle era su mascota.
Por otro lado, les parece sospechoso que a la única persona que supuestamente le encontraron explosivos, no esté detenida, aún cuando también le habían girado una orden de detención.
“Ese tipo de acciones nos resultan muy sospechosas de que esa persona no está detenida provisionalmente, aunque existió una orden de detención para todos”, dijo Cruz.
Otra de las anomalías denunciadas por los organismos sociales es que las autoridades aseguran que recibieron una llamada anónima para denunciar el supuesto plan.
En la audiencia inicial realizada el 14 de junio, el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado decretó la detención por seis meses y la instrucción formal contra los dirigentes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz.
El juzgado determinó que el estado de salud y la edad de los imputados no era motivo para dejarlos en libertad, según consignaron medios locales.
“Lamentamos que el mismo sistema de justicia esté respondiendo así a personas que son adultas mayores, con enfermedades crónicas y que es insostenible el encarcelamiento”, enfatizó Cruz.
Landaverde sigue en prisión
Otro de los casos denunciados por Cofappes es la falta de voluntad de la Dirección de Centros Penales de liberar al exministro de Seguridad, Mauricio Landaverde, y al exinspector de Centros Penales, Ramón Roque, pese a presentar serios problemas de salud.
El Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador ordenó el 11 de diciembre de 2023 poner en libertad a ambos procesados, por haber cumplido dos años de detención provisional, y les dictó medidas alternas a la prisión; pero, seis meses después, ambos siguen en la cárcel.
Según una publicación del sitio Infobae, Ramírez Landaverde ayudó a descubrir los tratos políticos que el liderazgo de las pandillas MS13 y el Barrio 18 hicieron con funcionarios del presidente Nayib Bukele.
En un escrito presentado a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) Landaverde “aseguró que el gobierno Bukele había ido tras él porque, cuando fue ministro de seguridad y jefe máximo de la inteligencia policial, descubrió que el movimiento que arropó al presidente en su ascenso político había hecho pactos con las pandillas”.
Hasta el momento la PDDH no ha dado respuesta al escrito presentado por Landaverde hace más de dos años.