"Los policías ya saben quienes son los que andan en malos pasos, no tienen necesidad de llevarse a nuestros hijos y esposos”, se escucha decir entre la fila de personas con sobres llenos de papeles que este jueves en la mañana llegaron a las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR) de San Salvador.
La mayoría de personas en la fila son mujeres de distintas edades; han llegado con la esperanza de obtener ayuda legal para sus familiares capturados durante el régimen de excepción, en la lucha contra las pandillas que impulsa el Gobierno.
“Acá no saben nada, voy de un lado a otro buscando información sobre mi hijo. Él fue acusado hace años, pero quedó libre porque se comprobó que era inocente. Él venía de trabajar cuando la policía llegó por él. Hasta ahora no sé cómo está” comentó un hombre que llegó con la esperanza de tener una pista sobre el paradero de su hijo.
La fila de personas se hace larga; 20 minutos después ya no hay personas haciendo fila, al minuto vuelve a llegar más personas en busca de ayuda.
“Nos sentimos preocupados porque ahorita estamos dando abasto, pero una vez que comiencen las audiencias no sé cómo haremos”, dijo una de las defensoras de la PGR.
Los papeles que llevan los familiares servirán, tal vez, como prueba de que la persona capturada no es parte de ningún grupo delictivo. “Mientras más documentos presenten es mejor’’, afirma una empleada de la PGR.
Una de las mujeres presentes carga fotografías de sus hijos sirviendo en actividades religiosas, en la iglesia que se congregan, y repartiendo comida a indigentes; ellos fueron detenidos injustamente y llevados bajo los cargos de agrupaciones ilícitas, según la madre de los jóvenes.
“Se aprovechan de las personas que vivimos en colonias marginales; que vivamos ahí no significa que seamos malas personas, significa que no tenemos otro lugar adonde ir”, comenta una madre que, junto a su nuera, busca a su hijo.
“Él es un hombre amoroso, trabajador. De un partido (de fútbol) veníamos cuando llegó la policía, dijeron que ya lo traerían de regreso, pero desde entonces no lo vemos”, aseguró la esposa del detenido. “Mi hijo de 2 años se ha puesto mal, no quiere ni comer, porque él vio como lo maltrataron los policías”, agregó.
Entre la fila de personas resalta la figura de una mujer delgada cargando una mochila grande, mientras sostiene de la mano a una niña. Ella comentó que su esposo fue detenido el 28 de marzo cuando regresaba de trabajar ambulante vendiendo frutas y verduras, desde entonces ha ido al penal de Izalco y al “penalito” para buscarlo. Se presentó a la PGR con la esperanza de que alguien la asesore legalmente, ya que ella desconoce los procesos a seguir.
“Yo he dejado mi champa, vengo desde la calle a Huizúcar. Desde que se llevaron a mi esposo me siento desesperada, no puedo dormir en la noche de la preocupación, porque no sé cómo se encuentra” comentó la mujer. Además, agregó que al estar tanto tiempo ausente de su vivienda, algunas personas han comenzado a llevarse partes de su champa, como el alambrado y el techo.
“Ella viene desde lejos, no ha comido, ni yo; todas acá andamos sin comer, pero ella anda pidiendo prestado un dólar para poder regresar a su casa”, comentó una de las señoras de la fila.