A Susana y Abigaíl las une el dolor y la angustia por la captura de sus hijos, que ambas consideran injusta.
Abigaíl es madre de Brandon David Ramírez Mendoza, y Susana, de Jonathan Humberto Villalobos Gutiérrez, ambos jóvenes, amigos desde la infancia, quienes laboraban como mecánicos en un taller automotriz de la familia Ramírez, en San Ramón, en San Salvador.
Familiares de Brandon relatan que el martes 19 de julio, a eso de la 1 de tarde, llegaron unos diez agentes en dos carro patrullas y dijeron que harían una revisión de “rutina”. En el taller laboran seis personas, a todas les revisaron el celular y los documentos y después de un rato dijeron que se llevarían a los dos jóvenes para “investigación por una denuncia”.
Sin embargo, esa era la tercera vez que la Policía llegaba al taller, en un lapso de dos semanas. La semana anterior a la captura, los agentes habían hecho lo mismo: habían llegado al local a chequear la documentación del negocio, les revisaron los DUI, teléfonos y les tomaron fotos individuales a cada uno de los empleados.
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Tras la captura los familiares de los jóvenes fueron hasta la delegación de Zacamil para pedir una explicación sobre la detención de los mecánicos.
Ahí la versión fue otra: los policías les dijeron a los padres que los trabajadores quedarían detenidos por el delito de asociaciones ilícitas porque estaban reunidos con el grupo de compañeros a la hora del almuerzo, lo cual, para los familiares, no tiene sentido, pues todos los días los empleados almuerzan juntos.
Ante la insistencia de los parientes de una explicación clara, uno de los agentes se limitó a decir: “Mirá la cosa es que el de arriba nos pide números”.
La incoherencia en la versión de la Policía incluso está plasmada en los tuits publicados por ellos mismos, en los que informan que han capturado a dos supuestos extorsionistas, pero que serán acusados inicialmente por asociaciones ilícitas.
“En Mejicanos capturamos a 2 extorsionistas de la pandilla. Estos sujetos se encargaban de pedir el dinero a las víctimas, si no los amenazaban con atentar contra sus vidas o la de sus familias. Inicialmente serán acusados por agrupaciones ilícitas” se lee en los dos tuits de la Policía.
Abigail rechaza las acusaciones que las autoridades hacen contra su hijo, pues relata que Brandon era un joven que poco salía y en su tiempo libre servía en la proyección audiovisual en la iglesia cristiana que se congregan.
“Estamos pasando un momento duro al saber que nuestros hijos están ahí, sin tener nada que ver, estamos consternados” expresó entre lágrimas Abigaíl.
Esta versión es reforzada por el tío de Brandon, que explica que su sobrino labora en el taller de lunes a viernes, al salir del trabajo, unos días se va a la iglesia y otros a jugar fútbol junto a otros mecánicos.
Los fines de semana, el joven se une a un grupo de motociclistas llamado Amigos Biker´s, quienes salen a recorrer diferentes lugares turísticos.
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Susana, por su parte, explica que Jonatan comenzó a trabajar en el taller desde que tenía 12 años y ahora que ella pasó por una operación quirúrgica, era su hijo quien se encargaba de los gastos económicos en el hogar.
Jonatan, al igual que Brandon, asiste a la iglesia Hefzi-ba y en sus días libres también juega fútbol, aseguró su madre
La señora narra que desde que ambos jóvenes fueron trasladados al penal de Mariona, junto a la madre de Brandon, han estado viajando, sin que hasta ahora les hayan informado formalmente que ellos están ahí.
“Nos han dicho que lleguemos al penal el martes a las cuatro de la madrugada para ver si nos dan información”, expresó Susana.
Los familiares insisten en que ninguno de los jóvenes tiene antecedentes penales. Brandon no tiene tatuajes; en el caso de Jonatan, tiene tatuado el nombre de su madre.
Desde el 27 de marzo hasta el 22 de julio, las autoridades de Seguridad han reportado en su cuenta de Twitter 47,335 capturas durante el régimen de excepción.
Mientras que Cristosal ha recibido más de 2,400 denuncias de violaciones de derechos humanos durante el régimen, entre esas denuncias arbitrarias, detenciones sin orden de captura, incomunicación familiar con los detenidos y amenazas.