En la casa de Marisol R. falta absolutamente de todo y siempre ha faltado, como suele pasar en la mayoría de familias que viven en comunidades empobrecidas, marginalizadas y olvidadas por el Estado.
Ella tiene 22 años y nunca fue a la escuela, porque en su casa había necesidad de ganarse la vida desde que ella y su hermano eran unos niños. Ambos comenzaron a ayudar a su madre a vender fruta en el puente de San Marcos Lempa, cuando ella tenía siete años.
Ahora es una madre soltera y tiene la responsabilidad de proveer los medios de vida para sus dos hijos pequeños, de dos y cinco años, y sus dos padres enfermos.
Las dificultades que Marisol enfrenta a causa de la pobreza extrema en la que vive se han visto agravadas con la captura de su hermano en el contexto del régimen de excepción.
Marisol relata que el 2 de abril de 2022 ella y su hermano Denis R. se encontraban vendiendo fruta en el puente de San Marcos Lempa, cuando fueron interceptados por un grupo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), luego que otra vendedora de la zona los acusara de ser pandilleros.
La mujer asegura que los agentes los amenazaron con matarlos si corrían; a su hermano le dispararon en una pierna y a ella la tiraron al piso y la golpearon. “Un militar les dijo a los policías que nos pusieran un fusil a la par, para decir que en el enfrentamiento nos habían matado”, relata.
Marisol recuerda que su hermano les pidió a los agentes que se lo llevaran a él, pero que dejaran a su hermana y que no le hicieran daño porque acaba de tener un bebé.
Solo 15 días antes Marisol había dado a luz a su segundo hijo, pero obligada por la necesidad había salido a vender. Su compañero de vida se encontraba postrado en una cama, en etapa terminal por insuficiencia renal, una enfermedad que ha matado a decenas de residentes del Bajo Lempa en los últimos 25 años.
“Yo les dije que estaba bien si me llevaban, para que no siguieran golpeándonos, pero me dijeron que me callara y me dieron un culatazo con el fusil en el brazo”, cuenta la joven, mientras descansa bajo una champa de plástico y láminas viejas.
Luego de la golpiza, los agentes tuvieron a los hermanos hincados con las manos esposadas hacia atrás, después los subieron a una patrulla, pero a ella la bajaron más adelante. “Ahí te quedas maldita, ahí ve qué putas haces”, le habría dicho un agente.
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Presunto acoso policial
Marisol asegura que desde la captura de su hermano siguió sufriendo acoso por parte de agentes de la Policía, quienes supuestamente la retienen, la amenazan y la hostigan cada vez que la encuentran.
En una de esas ocasiones narra que la llevaron hasta una delegación cercana y que la quisieron obligar a firmar unos documentos a punta de fusil, pero ella no sabe leer, solo firmar, por lo que se negó a hacerlo, porque no sabía qué decían esos papeles.
Marisol dice que los agentes la amenazaron que si no firmaba y no decía la verdad la iban a meter en una pila de agua para que hablara. “Yo no sé de qué verdad hablan ellos”, añade.
“Luego uno se sacó la pistola y me dijo que hiciera señas de pandillas frente a un celular, pero yo le dije que no”, agrega.
En otras ocasiones, Marisol asegura que los policías han interrogado a sus dos niños de cinco y dos años, preguntándoles si vienen de cobrar la extorsión.
Ella afirma que entre las amenazas que ha recibido está que van a desaparecer a toda su familia, por lo que decidió buscar ayuda de organizaciones defensoras de derechos humanos.
El 12 de abril de este año, representantes del Socorro Jurídico Humanitario presentaron una petición de hábeas corpus restringido ante la Cámara de la Segunda Sección de Oriente, en la que denuncian que Marisol ha sido víctima de acoso y vulneraciones en sus derechos constitucionales por agentes de la Delegación de San Marcos Lempa.
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Sin embargo, la Cámara resolvió que no existe evidencia de los atropellos denunciados, por tanto no pueden darse por ciertos, luego de que el inspector encargado contestó que no existe un acta que pruebe la detención de Marisol.
“Las situaciones expuestas son meras aseveraciones que no constituyen en sí misma pruebas, sino únicamente indicativos de situaciones o hechos que se alega han ocurrido, de las cuales no hay probanzas, lo que impide pronunciarse sobre el fondo de lo expuesto”, indica la resolución.
La abogada del Socorro Jurídico Humanitario, Jayme Magaña, considera que la Cámara solamente se quedó con la versión del jefe del puesto policial de la zona y no tomó en cuenta los testigos que ellos habían propuesto.
“Nosotros no teníamos que probar, sino el juez que la Cámara nombró era el que tenía que haber llamado a la psicóloga, a la trabajadora social y a los testigos que habíamos propuesto y verificar las condiciones en las que se encuentran”, explica.
Por otra parte, Magaña asegura que la Cámara no le notificó cuando nombró al juez ejecutor, tampoco le informó si iban a entrevistar a los testigos que estaba proponiendo.
“La Cámara de Usulután lo que ha hecho es dejar en una mayor desventaja a la víctima y su familia y protegen a quienes les están violentando sus derechos”, manifiesta Magaña.
Marisol explica que desde que se presentó la denuncia los agentes han cesado el hostigamiento, ella ni siquiera pide que castiguen a los policías, sino que el acoso cese.
“Porque yo con tanto acoso de ellos me quisiera ir para otro lado o buscar un trabajo para no ir al puente, porque yo siento que ese es el problema”, se lamenta.
La necesidad del trabajo en el que gana entre $5 y $10 diarios, la hace volver al puente, a pesar de la situación, pero hay días que no va porque no tiene para comprar la fruta que revende.
El compañero de vida de Marisol y padre del segundo hijo murió a causa de la insuficiencia renal cuando el niño tenía dos meses de nacido. El padre del primer hijo nunca le ayudó y ahora lo único que sabe es que también fue detenido durante el régimen de excepción.
Además, la madre de Madrisol tuvo que ser amputada de una pantorrilla debido a que las aflicciones de la captura de su hijo, quien le ayudaba a comprar sus medicamentos, agravó su padecimiento de la diabetes.
“Él es el único que me ayudaba ¿Cómo trabajo yo así? Hoy solo vivimos de lo poquito que ella vende en el puente. Aquí pasamos a la voluntad de Dios, porque no tenemos ayuda de nadie”, explica la señora.
El padre de Marisol no puede salir a realizar labores de jornalero, debido a que también tiene problemas renales.
Los $5 que gana Marisol apenas le alcanzan para ir comprando frijoles, arroz y azúcar, es decir ni para lo básico de la alimentación, mucho menos para llevarle paquete a su hermano mayor que lleva dos años recluido en el penal de Mariona, acusado por el delito de agrupaciones ilícitas.