La procuradora para la defensa de los Derechos Humanos Raquel Caballero se comprometió a investigar 49 casos de supuestas capturas arbitrarias presentados por el Comité de familiares víctimas del régimen de excepción del Bajo Lempa (CEB´s), según informó la institución en su cuenta de Twitter.
Un grupo de madres y familiares de los capturados llegaron hasta la Procuraduría para la defensa de los derechos humanos (PDDH) el 9 de mayo, debido a que el 23 de enero pasado presentaron una solicitud de audiencia, pero no habían tenido respuesta, explicó José Ruiz, animador de las comunidades eclesiales de base en el Bajo Lempa.
“Hacemos una petición a doctora Raquel Caballero para que sea intermediaria entre los familiares víctimas del régimen de excepción y las instituciones del gobierno”, expresó Ruiz, a su llegada a la PDDH.
Ruiz explicó que cada familiar había preparado una carta y los documentos que demuestran los arraigos de los detenidos. “Hemos comprobado que estos casos no tienen ningún vínculo con estructuras criminales en el país, por eso estamos como iglesia y como comunidad abogando por que los liberen aunque sea con medidas sustitutivas y puedan salir de las condiciones inhumanas que están viviendo en los centros de detención” dijo.
Los familiares relataron que entre los capturados se encuentran personas que se dedican al trabajo de albañilería, estructuras metálicas, agricultores, pescadores y empleados agrícolas de una cooperativa de la zona.
El sufrimiento de las madres
Entre esas capturas, está la de José Duval Mata Alvarado, 26 años, un joven que trabajaba como tractorista en la cooperativa agrícola del cantón La Noria, municipio de Jiquilisco, quien fue capturado el 18 de abril de 2022 cuando regresaba de trabajar en su motocicleta.
La compañera de vida de Duval explica que previamente a la captura la Policía le había revisado sus documentos personales y los de la motocicleta, pero nunca había tenido problemas.
El 21 de septiembre de 2022 el Juzgado Especializado de Instrucción B2 de San Miguel ordenó la libertad para el joven, pero su madre relató que le hicieron una segunda acusación y por lo tanto sigue detenido.
DE INTERÉS: Duval, el tractorista que sigue detenido a pesar que un juzgado ordenó su libertad
Los familiares de Duval niegan que él haya tenido algún vínculo con pandillas, es por eso que Marcela no ha descansado en su lucha por la libertad de su hijo. El día que llegó a la procuraduría, mientras esperaba frente al edificio, sufrió un desmayo.
Marcela relata que padece hipertensión y la preocupación de no saber nada de su hijo y la impotencia de que siga detenido le agrava su padecimiento. “Me siento mal por no tener a mi hijo conmigo. Sentí que me temblaba el cuerpo y de repente caí”, explicó la señora.
Asimismo, Roxana Portillo llegó desde el cantón Salinas de Sisiguayo, municipio de Usulután, para abogar por la liberación de sus dos hijos: Jorge Javier Portillo del Cid fue capturado el 27 de abril de 2022 y José Alexis Rivas Portillo, detenido el 17 de mayo de 2022. Ambos hermanos son albañiles y están acusados por el delito de asociación ilícita.
Roxana relata que Jorge en su tiempo libre jugaba fútbol en el Club Deportivo Sisiguayo. “Yo presenté toda la documentación de ellos en junio (del año pasado) para la audiencia, pero hasta ahora no hay nada claro” añade.
Compromiso de la PDDH
Luego de varias horas, los afectados lograron reunirse con la procuradora Caballero, quien se comprometió a dar trámite inmediato a cada caso, gestionar con la Fiscalía General de la República (FGR) una comisión interinstitucional para agilizar que sean puestos en libertad, explicaron los parientes de los capturados. “Si sus familiares han sido detenidos injustamente, cuenten conmigo”, aseguran los familiares que les dijo la procuradora Caballero.
El Comité de familiares del Bajo Lempa presentó en septiembre de 2022, al procurador anterior Apolonio Tobar, un total de 111 casos debidamente documentados de supuestas capturas arbitrarias realizadas durante el régimen de excepción, de personas que no tienen ningún vínculos con pandillas, pero en la reunión les explicaron que el exprocurador no registró ni le dio trámite a ninguno de los casos.