Al menos 12,000 personas han sido víctimas de desaparición forzada de corta duración por parte del Estado salvadoreño, señaló Ingrid Escobar, directora del Socorro Jurídico Humanitario (SJH), durante la entrevista de la radio YSUCA este 31 de diciembre de 2024.
La defensora de derechos humanos explicó que junto a otras organizaciones han sido convocadas para asistir en enero de 2025 a las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza, donde brindarán detalles de los casos de personas desaparecidas forzosamente por ciertos periodos, capturas arbitrarias y violaciones a derechos humanos a mujeres, defensores y a la niñez, en el contexto del régimen de excepción.
En los casos de desapariciones forzadas de corta duración, Escobar asegura que concurren tres características establecidas por el derecho internacional: la detención por un agente del Estado, el capturado es llevado a un lugar incierto del que no comunican nada a los familiares y la falta de información sobre la condición de la persona, cuando ya se encuentra encarcelada.
En cuanto a cómo hacen el cálculo del número de víctimas, la directora del Socorro asegura que incluyen a los 8,000 liberados confirmados por el presidente de la República, los muertos en penales, de los que previamente la familia desconocía sobre su condición y los casos de capturados por los cuales han presentado habeas corpus y no han tenido respuesta.
Además, los representantes de diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado como desapariciones forzadas aquellos casos de personas detenidas en el contexto del régimen de excepción, que un tribunal ha ordenado su liberación, pero Centros Penales no les ha liberado, sin dar ninguna explicación.
Escobar manifestó que de 130 denuncias presentadas de las diferentes violaciones a derechos humanos, en Ginebra se abordarán 12 casos concretos de desaparición forzada, cuatro muertes extrajudiciales y el resto son capturas arbitrarias.
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En una comunicación oficial con fecha del 8 de julio de 2024, Naciones Unidas solicitó al Estado salvadoreño información sobre cómo prevenir las desapariciones forzadas en el marco de la legislación aplicada en el régimen de excepción, que inició en marzo de 2022.
“Sírvase indicar las medidas adoptadas para prevenir, en el marco de la aplicación de la legislación mencionada, casos de torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y desapariciones forzadas”, indica el documento.
Asimismo, el 11 de julio del mismo año, el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, de las Naciones Unidas, pidió al Estado salvadoreño informar acerca de las razones por las cuales no se informó oficialmente a la familia de Alejandro Muyshondt “de su detención, procesos legales, ni se le facilitó información sobre su paradero y posterior traslado”.
Muyshondt, quien fuera amigo personal del presidente Bukele y asesor de seguridad presidencial, murió en custodia del Estado; una muerte que ocurrió en situaciones oscuras que han sido cuestionadas por expertos forenses.
A criterio de Ingrid Escobar en ambas respuestas brindadas por el Estado a Naciones Unidas ha existido “un negacionismo” de las presuntas violaciones a derechos humanos en relación a las desapariciones forzadas.
“Tenemos un negacionismo, ellos no aceptan la enorme cantidad de violaciones a derechos humanos que han habido en estos 33 meses de régimen de excepción”, alegó.
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La directora del Socorro Jurídico expuso que uno de los casos que se han presentado ante el sistema de Naciones Unidas es el del joven Giovanni Antonio Aguirre López.
Escobar asegura que la representación de la defensa ha logrado en tres ocasiones la orden judicial de libertad para Aguirre López, pero hasta ahora se desconoce su suerte.
Dos órdenes de libertad para el detenido se han logrado a través de demandas de habeas corpus, pero sigue recluido en el Centro de Confinamiento de Terroristas, conocido como Cecot, en Tecoluca.
“Hemos logrado que se ordene al director del Cecot su libertad, todo esto son pruebas que están ahí, van a Naciones Unidas y al sistema Interamericano de Derechos Humanos”, dijo.
Escobar asegura que, previo a su detención, Aguirre López laboraba en la alcaldía de San Salvador y estudiaba derecho en la Universidad Luterana y no tenía ninguna relación con las pandillas.
La defensora de derechos humanos asegura que el joven, quien además estaba afiliado a un sindicato, fue encarcelado porque el 1 de mayo de 2022 se negó a participar en una actividad del gobierno, pero asistió a una marcha organizada por las organizaciones sociales y sindicatos, en las que denunciaron abusos cometidos por el actual gobierno.