Tres expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidieron este lunes a través de un comunicado que se derogue “inmediatamente” el régimen de excepción debido a que su prolongación violenta el derecho a un juicio justo.
“El estado de excepción fue declarado luego de una serie de asesinatos relacionados con pandillas. A pesar de su obligación de proteger a los ciudadanos de actos tan atroces, el Gobierno no puede pisotear el derecho a un juicio justo en nombre de la seguridad pública”, dijeron los expertos.
El comunicado fue emitido en Ginebra sólo días después que la Asamblea Legislativa aprobara la decimocuarta prórroga del régimen, el cual restringe derechos fundamentales establecidos en la Constitución, a todos los ciudadanos.
Asimismo la ONU instó a las autoridades salvadoreñas “a garantizar que las personas no sean arrestadas por la simple sospecha de pertenecer a una pandilla o de asociación con la misma sin autorización legal suficiente”.
Organizaciones de sociedad civil defensoras de derechos humanos que han dado seguimiento a casos de posibles violaciones a los derechos humanos y han abierto canales de denuncia y acompañamiento contabilizan 4,825 casos de supuestas capturas arbitrarias por parte de las autoridades de Seguridad, desde que inició el régimen de excepción hasta el 27 de marzo de 2023.
Por otra parte, los especialistas pidieron que todas las personas detenidas cuenten con todas las garantías fundamentales requeridas por el derecho internacional de los derechos humanos relativas al debido proceso.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, aseguró la semana pasada (16 de mayo) que durante el régimen de excepción han capturado a 68,000 personas, sin embargo, aceptó que de esas, casi 5,000 han sido liberadas porque no se les pudo probar la vinculación con grupos delincuenciales.
DE INTERÉS: Casi 5,000 capturados por el régimen de excepción han sido liberados
En el comunicado, la ONU también expresó su preocupación por el respaldo que el Gobierno ha dado al concepto de “delito flagrante permanente” para favorecer los arrestos sin orden judicial de personas sospechadas de pertenecer a pandillas.
Según los informes a los que ha tenido acceso el organismo internacional, las audiencias iniciales, en las que los jueces revisan la legalidad de un arresto y deciden sobre los cargos y la prisión preventiva, se celebran en grupos de hasta 500 personas.
“A los defensores públicos se les ha dado de tres a cuatro minutos para presentar los casos de 400 a 500 detenidos a la vez”, señalaron.
Denuncias de familiares de detenidos en los últimos días, documentadas por este medio de comunicación, demuestran que en algunos juzgados siguen realizando audiencias grupales, en las que no permiten la presentación de los arraigos de los detenidos en la audiencia inicial.
“Las audiencias y los juicios masivos, a menudo realizados de manera virtual, socavan el ejercicio del derecho a la defensa y la presunción de inocencia de los detenidos”, dijeron los expertos.
Agregan que “el uso excesivo de la prisión preventiva, la prohibición de medidas alternativas, los juicios en ausencia y la posibilidad de utilizar prácticas como ‘jueces sin rostro’ y testigos de referencia, atenta contra las garantías del debido proceso”.
En ese mismo sentido, la representante del Socorro Jurídico Humanitario, Ingrid Escobar, expresó la semana pasada en la entrevista de Julio Villagrán, que personas detenidas sin pruebas llevan hasta trece meses en la cárcel “los jueces sin régimen de excepción no tienen manera de mantener a todas esas personas presas, sin más prueba que la declaración de un policía” puntualizó.
“El prolongado estado de excepción, junto con la legislación que permite una mayor vigilancia, un enjuiciamiento más amplio y una determinación más rápida de la culpabilidad y de la sentencia, conlleva el riesgo de violaciones masivas del derecho a un juicio justo”, dijeron los expertos de la ONU.