Un total de 25 mujeres han muerto mientras permanecían recluidas en centros penales, desde que inició el régimen de excepción, el 27 de marzo de 2022, hasta la fecha, según datos recopilados en informe presentado por la organización Socorro Jurídico Humanitario. 

El documento fue presentado en el marco de los tres años de la implementación del estado de excepción.

“Son 38 en total, pero 25 hemos confirmado con sus esquelas, una señora de 76 años, personas líderes de iglesias, sin ningún vínculos con pandillas, no tenían antecedentes penales, ni policiales, no tenían tatuajes, simplemente vivían en una comunidad pobre, estigmatizada, pero no hace automáticamente a la gente delincuente”, manifestó la directora del Socorro Jurídico, Ingrid Escobar. 

La organización asegura que en cinco casos de decesos de mujeres hay indicios de ser muertes violentas, mientras que las otras 20 estarían relacionadas a enfermedades crónicas y falta de atención y tratamientos médicos adecuados. 

Entre los casos que Socorro Jurídico ha registrado como presunta muerte violenta está Blanca Osmilda Castro, de 60 años, quien estaba recluida en el penal de Apanteos. 

Después de pasar dos años en prisión, Blanca murió el domingo 23 de junio, según la documentación oficial a causa de un paro cardíaco_; pero el Socorro Jurídico asegura que fue por una golpiza. 

El día del sepelio, los familiares relataron que la señora fue capturada en el interior de su vivienda el 1 de junio de 2022, acusada de colaborar con las pandillas, acusación que negaron y aseguraron que ella se dedicaba a vender desayunos y tortillas. 

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Blanca había sido diagnosticada con cardiopatía varios años antes de su captura, por lo que sus familiares temieron por su vida desde el día que fue detenida. 

Las autoridades gubernamentales han negado en varias ocasiones que las muertes dentro de las prisiones sean a causa de un hecho de violencia.

Otra de las muertes de mujeres, documentada por el Socorro Jurídico, es la de Noelia García de 42 años, quien falleció por complicaciones de un tumor en la naríz. 

Noelia murió el 1 de febrero de 2023, luego de pasar ocho meses recluida en el penal de Apanteos. Los últimos meses la señora estuvo internada en un hospital, pero su familia nunca fue informada. 

El día que murió señalaron que tampoco les avisaron, sin embargo, ante el rumor que una mujer privada de libertad había muerto en el hospital de Santa Ana, la familia se las arregló para averiguar por su cuenta. 

Lo poco que la familia logró averiguar después de su muerte es que Noelia murió por un tumor canceroso en la nariz (carcinoma nasal), el cual desarrolló estando detenida, no tienen certeza si recibió el tratamiento necesario, ni cuánto tiempo sufrió. La señora, que trabajaba realizando oficios varios, dejó dos hijos en la orfandad. 

La muerte de mujeres privadas de libertad representan el 7% del total de fallecidos que hasta la fecha el Socorro Jurídico ha documentado.

“Es alentador saber que las mujeres no han fallecido en la misma proporción que los hombres;considerando que a mediados del régimen de excepción, todas las mujeres internas, fueron trasladadas de cárcel de mujeres en Ilopango, al penal de Apanteos en Santa Ana y otras a un sector en el penal de Izalco; lo cual pudo tener efectos positivos para un mejor trato”, señala el informe. 

Infancia afectada

El Socorro Jurídico también contabiliza la muerte de cuatro menores que murieron luego de permanecer en reclusión, dentro de los centros penales, junto a sus madres. 

“Debido a las circunstancias en donde viven las privadas de libertad y las condiciones de tortura y tratos inhumanos crueles y degradantes a las que son sometidas, se ha logrado asegurar (confirmar) el fallecimiento de cuatro bebés, aunque la cifra pudiera ser mayor”, señala el documento. 

Uno de los casos registrados por esa organización es el de una mujer embarazada que fue capturada el 5 de junio de 2022 y luego estar recluida en tres penales distintos, comenzó labores de parto a los siete meses de gestación. 

El 10 de agosto fue llevada de emergencia al hospital de Sonsonate, pero el bebé murió, el cual fue entregado a la familia, 

“La familia considera que aún no era tiempo de nacimiento y que producto de malos tratos y  tortura, se le adelantó el parto y como consecuencia el fallecimiento de la bebé”, enfatiza el informe. 

Escobar manifestó que el sistema le falló a la niñez por no darle la atención prenatal adecuada a la madre. 

El caso fue denunciado el 10 de enero del año pasado ante la Fiscalía General de la República (FGR), pero aseguró que hasta ahora no les han informado si se realizó una investigación y cuáles son los resultados. 

En total, el Socorro Jurídico contabiliza de manera general 380 personas muertas bajo custodia del Estado, pero aseguran que esta cifra podría ascender a 1,000. 

“Cuando decimos que son 1,000 muertos es verdad y la historia nos va a dar la razón y yo le hago un llamado a las víctimas, a los familiares que no han reportado, a la víctima fallecida que lo hagan con nuestra organización”, puntualizó Escobar.