En los primeros 25 días del régimen de excepción, al menos cinco personas arrestadas a pesar de que, aparentemente no tenían vínculo con pandillas, murieron mientras estaban en prisión, bajo la responsabilidad de agentes del Estado.
Pero el Estado ha callado. Ninguna institución ha explicado por qué o por quiénes cuatro privados de libertad fueron vapuleados y por qué a uno más no le suministraron los medicamentos que debía ingerir a diario.
Ninguno de los fallecidos había enfrentado la audiencia inicial o de imposición de medidas, según manifiestan sus familiares, pero todos estaban en centros penales.
En al menos dos casos, familiares de las víctimas consideran que algunas instituciones gubernamentales trataron de evitar que supieran la verdadera causa de muerte.
Caso por caso
Elbin Josué Sánchez Rivera. 21.
Según el documento entregado por el Hospital Jorge Mazzini, de Sonsonate, la causa de muerte de este joven fue: Hipertensión. Muerte súbita. Así se lee en el documento, que le entregaron a la familia para que pudiera retirar el cadáver, a pesar de que horas antes les habían dicho que había muerto por COVID-19.
VER: Joven músico murió por supuesta golpiza en penal de Izalco, pero no le hicieron autopsia
Los moretones (hematomas) en diferentes partes del cuerpo de Elbin eran evidentes. La familia los documentó haciéndole fotografías.
Una fuente, con experiencia en medicina forense, dijo que le parecía raro que el joven hubiera muerto súbitamente y que el médico que certificó la defunción no hubiera ordenado una autopsia al cadáver.
“Desde mi punto de vista, con esa causa de muerte, en ese joven, el médico debió notificar a la Fiscalía, y la Fiscalía debió solicitar al Instituto de Medicina Legal, el reconocimiento del cadáver”, explicó el profesional.
De acuerdo con familiares de Elbin, al cadáver no le hicieron autopsia a pesar de que fueron a la Fiscalía a solicitar que se la hicieran porque sospechaban que al joven lo habían vapuleado.
“No permitieron que se la hicieran. Solo nos decían que a ellos les habían dado la orden de sacarlo con protocolo de covid. Al principio nos dijeron que por covid había fallecido y que por eso no le harían autopsia, pero tampoco quisieron que se le hiciera la prueba para ver si murió de covid. Hasta sellado nos lo querían dar y dijeron que no tenía golpes pero cuando lo revisamos si tenía golpes”, afirmó un familiar..
“Si dicen que es muerte súbita, es porque no hay una causa aparente o que explique ese fallecimiento repentino, en un joven de 21 años. Tenían que hacer una autopsia. Estoy convencida que la causa de muerte que el médico del hospital, escribe, es motivo para notificar a FGR y que la FGR iniciará de oficio, la investigación de ese caso.”, aseguró la fuente forense consultada.
Elbin fue capturado el 3 de abril en un cantón del municipio de Santa María Ostuma. Luego fue trasladado al centro penal de Izalco, en Sonsonate. El 18 de abril, la familia fue notificada que el joven había muerto.
Según la familia, no era pandillero. Se dedicaba a la agricultura y al cultivo de naranjas, también tocaba el saxofón en un grupo de música de la iglesia en la que se congregaba.
“Nosotros le dejamos las cosas a Dios, porque nuestro hijo ya no lo podemos recuperar, pero quisiéramos que se haga justicia para que no se repitan estos casos”, dicen los familiares.
José Jeremías De León Escamilla. 39 años.
El dictamen forense sobre la muerte de esta persona que se encontraba privado de libertad en el penal de Izalco fue: sepsis secundaria a empiema pleural izquierdo, provocado por trauma cerrado de tórax.
Lo anterior significa que José recibió uno o más golpes tan fuertes en el tórax que le causaron lesiones en la pleura, la membrana que cubre los pulmones, donde se le acumuló tanta pus que le provocó una infección que se extendió por todo el organismo, según explicaron médicos consultados.
“Normalmente con un tratamiento oportuno y adecuado, había una probabilidad grande de salvarse”, explicó una doctora.
De acuerdo con fuentes policiales, los golpes en el tórax son lo que en la jerga policial y militar se le conoce como “pechuguiar” a una persona como castigo, afirman.
José vivía en una colonia del municipio de San Marcos. Deja una hija adolescente.
Oscar Gallegos. 46 años.
Era originario de Sensuntepeque, Cabañas. Desde 1999 recibía tratamiento en el hospital nacional Psiquiátrico, y tomaba de manera permanente una pastilla cada 12 horas para mantener controlado su padecimiento.
En Sensuntepeque era conocido como Calavera, debido a unos tatuajes que se había realizado mucho antes de comenzar con sus padecimientos. En el mercado de esa ciudad, era muy conocido porque trabajaba haciendo mandados a los comerciantes.
Óscar fue capturado el viernes 15 de abril y murió cinco días después, el miércoles 20, en el hospital Zacamil a donde fue llevado del centro penal de Mariona, al que un día antes había sido trasladado procedente de las bartolinas policiales de la subdelegación policial de Sensuntepeque.
Según el dictamen forense, Óscar murió por un trauma craneoencefálico severo de tipo contuso. Es decir, por un gran golpe que recibió en la cabeza. Sin embargo, según familiares de la víctima el cadáver presentaba varios golpes en la cabeza, uno de los más visibles era el que tenía en la frente, el cual había sido suturado.
El cuerpo de Óscar tenía varios golpes. La familia decidió abrir el ataúd y al hacerlo vieron que el cadáver tenía moretones (hematomas) en las costillas, en los brazos, en el rostro, por mencionar algunos.
En este caso, los familiares de la víctima creen que hubo intención del Estado de encubrir el hecho de que Óscar posiblemente fue vapuleado y que fue a consecuencia de esa golpiza que murió.
Oscar murió el miércoles 20 de abril en la mañana, pero ni Medicina Legal, ni la Fiscalía, ni el hospital donde murió ni la Policía hicieron por avisar a la familia sobre el deceso.
María, la madre de Óscar lo supo porque el sábado 23 de abril en la mañana fue a la subdelegación de Sensuntepeque a preguntar si allí tenían a un joven residente en la misma colonia. Fue entonces que un policía le dijo que Óscar había muerto pero que no le habían avisado porque no estaban seguros de que fuera él.
Para rematar, sin razón aparente, el cadáver no se los querían entregar el mismo sábado cuando se enteraron sino hasta el martes 26. La familia sospecha que cuantos más días pasan desde el fallecimiento, era menos la posibilidad de que le vieran los golpes.
El mismo día que retiraron el cadáver de Óscar, algunos familiares fueron a la Fiscalía de Mejicanos a pedir que se investigara la muerte, pero allí les dijeron que regresaran al transcurrir 22 días. No les explicaron por qué debían esperar tanto.
Walter Vladimir Sandoval Peñate. 32 años
Fue posiblemente la primera persona que falleció luego de ser capturada bajo el régimen de excepción. Lo capturaron el 30 de marzo en el municipio de El Refugio, departamento de Ahuachapán, de donde lo trasladaron al centro penal de Izalco.
Walter falleció el domingo 30 de abril. La causa de la muerte, según el dictamen de Medicina Legal fue “trauma cerrado de tórax severo, de tipo contuso”, es decir, por lesiones internas causadas por uno o varios golpes, según fuentes médicas consultadas, o una “pechuguiada”, según fuentes policiales, como suele decirse cuando algún policía o militar golpea a una persona en el tórax o abdomen.
Un reporte de La Prensa Gráfica indica que familiares de Walter afirmaron que los policías que lo capturaron fueron quienes lo golpearon para hacerle decir que era pandillero. Un tío de Walter le dijo a La Prensa Gráfica que la muerte del joven era consecuencia de un abuso de autoridad que lo capturó.
Mauricio Alberto Flores Sorto. 37 años.
Su muerte fue registrada en la mañana del 15 de abril, Viernes Santo, en el hospital Jorge Mazzini, de Sonsonate a donde fue llevado en estado grave, del penal de Izalco, donde había sido recluido tras ser capturado en el marco del régimen de excepción. Sus parientes indicaron que padecía de presión arterial alta y ansiedad.
Según el sacerdote jesuita Andreu Oliva, rector de la Universidad Centroamericana, UCA, Mauricio habría fallecido por no recibir a tiempo sus medicamentos.
Oliva afirmó este viernes en una entrevista, que las muertes de esas cinco personas es responsabilidad del Estado, porque cuando una persona es detenida por la Policía, esa persona pasa a estar bajo la responsabilidad del Estado, por lo tanto el Estado es responsable de esas muertes y debe dar cuenta de ello, tanto a la familia como a la sociedad, afirmó.