"Yo confío en Dios que esta carta le llegará a mi hijo" dice Mercedes García de 64 años, una de las madres y familiares de personas privadas de libertad, que llegaron ayer a la "Casa del Milagro" donde se realizó una recolección de misivas para personas detenidas.
La campaña de recolección de cartas es realizada por el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (Movir), quienes buscarán el apoyo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) para poder enviar la correspondencia para sus seres queridos hasta los penales.
Porque #TenemosDerechoAVerles, como familiares de personas privadas de libertad, entregaremos a la PDDH un paquete de cartas llenas de amor y esperanza para nuestros seres queridos. Confiamos en que esta institución las haga llegar y respete nuestro derecho a la comunicación. pic.twitter.com/Y6EVn7puBF
— Movimiento de Víctimas del Régimen, El Salvador (@MOVIRSV) March 17, 2025
María no sabe leer ni escribir, pero con la ayuda de su hija le ha redactado una carta a su hijo Ricardo Ernesto Martínez García donde le expresa palabras de esperanza y apoyo mientras se encuentra en prisión.
Ricardo fue sacado de su vivienda el 10 de mayo de 2022 con la excusa que le harían unas preguntas en el puesto policial más cercano, pero ahí le dijeron que quedaría detenido en vías de investigación.
Su madre le lleva el paquete cada vez que puede, pero desconoce la condición de salud de su hijo. Uno de los problemas que ha enfrentado su familia al querer demostrar su inocencia es que él joven no contaba con una empleo fijo, sino que era subcontratado para la instalación de aires acondicionados.
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Los familiares de personas privadas de libertad reunidas en Movir mantienen una lucha constante para que centros penales restablezcan las visitas familiares en penales de reos que no tienen vínculos con las pandillas, pero no han tenido respuesta a sus peticiones. Las visitas están restringidas en las prisiones desde la cuarentena del Covid-19.
En octubre del año pasado con el apoyo de otras organizaciones presentaron un escrito ante la Dirección General de Centros Penales (DGCP) donde solicitaron eliminar la restricción de visitas familiares, proporcionar información actualizada sobre la situación de salud y ubicación de los detenidos y asegurar el cumplimiento de derechos de las personas privadas de libertad de acuerdo a la Ley Penitenciaria y la normativa internacional.
Una semana después entregaron a la Asamblea Legislativa una petición de derogatoria de la normativa que restringe las visitas familiares en los centros penitenciarios.