Hasta las 9 de la noche del domingo anterior, más de 26,755 personas habían sido detenidas bajo el régimen de excepción, de los cuales más de un millar son menores de edad. De ellos 15,000 han sido enviados por un juez a prisión preventiva mientras transcurre la fase de investigación que apunte a si tienen o no vínculos con pandillas.
Según el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, desde que se puso en marcha el régimen de excepción, el mes pasado, han tenido un rimo de 500 capturas diarias, algo que se contrapone a las crecientes denuncias de personas detenidas de forma arbitraria y sin que tengan relación alguna con las maras.
La mayoría de los capturados (16,283) tienen edades que oscilan entre los 18 a 30 años, una edad que coincide con la edad en que los jóvenes se integran a pandillas comenzando como “postes” (vigilantes), como miembros activos o colaboradores.
Hay otros 3,511 detenidos que se ubican en el rango de 41 a 60 años. A decir de Villatoro, aquí se incluye a algunos líderes históricos de la MS. Villatoro aseguró que de los 15 cabecillas nacionales de esa pandilla han capturado a seis.
“No te puedo decir porque son cosas que se analizan día con día hasta cuándo vamos a llegar, naturalmente vamos a llegar hasta que tengamos un buen número de estos integrantes (de pandillas) tras las rejas”.
El pasado 26 de abril fue detenido Manuel Bonilla Orellana, de 36 años y conocido como “Mercenario Stoner”, señalado como uno de los principales cabecillas de la MS-13) y de ser el responsable de traficar droga en toda la zona occidental del país.
“Mercenario Stoner” o “Colocho”, como también es conocido en la pandilla, y fue señalado por el ministro Villatoro de ser uno de los responsables de ordenar la escalada de homicidios en noviembre de 2021 y finales de marzo de 2022.
Villatoro dijo ayer en entrevista Frente a Frente que dentro de los detenidos figuran 1,080 menores de edad (de 12 a 17 años) a quienes, aseguró, los resguardan en centros diferentes al de los adultos.
Sin embargo, no ahondó respecto a qué tipo de vínculos tienen estos menores con las estructuras criminales aunque es sabido que los más jóvenes se desempeñan, entre otras funciones, la vigías de la pandilla en las colonias.
El gobierno sigue defendiendo que las capturas tienen el respaldo de investigaciones y que estas personas detenidas tienen antecedentes criminales o arrastran un historial de diversos delitos, otros colaboran con estos delincuentes. Villatoro repitió ayer esta argumentación, es más, dijo que la Policía se basa en esta información para ir con lista en mano, con nombre y apellido, a buscar a estas personas.
El ministro dijo no saber hasta cuándo van a mantener el régimen de excepción pero sí destacó que esta estrategia es parte de la desarticulación completa de estas estructuras delictivas que se han trazado y que las comunidades respaldan porque ya no quieren a las pandillas en sus vecindarios.
“Todas las reformas legales que se han presentado y que venían en este compacto de este régimen de excepción, como salvadoreños, este tipo de grupos terroristas ya no tienen cabida en nuestro territorio”, dijo Villatoro.
El régimen de excepción entró en vigencia fue extendido a todo mayo y a decir el ministro con esta medida van a llegar hasta que tengan “un buen número de estos integrantes tras las rejas” para luego pasar a otras fases que se tienen, las cuales no detalló.
Aumento de detenciones versus capacidad de las cárceles
Debido a la gran cantidad de detenidos, surge las pregunta de si el sistema penitenciario tiene la capacidad de albergar a tanto reo, considerando que los detenidos deben pasar al menos seis meses en prisión provisional mientras pasa la fase de instrucción (investigación).
1,080
Del universo de detenidos, esta es la cifra que corresponde a menores de entre 12 a 17 años.
Villatoro dijo que hasta la fecha se han desarrollado 343 audiencias de imposición de medidas y que hasta ayer ya superaba los 15,000 personas que ya no están bajo el régimen de detención administrativa de 15 días sino que ya un juez ha ordenado su detención preventiva.
Organizaciones como Fespad ya venían pidiendo al gobierno atención al problema de hacinamiento ya que junto con la sobre población generan condiciones inadecuadas de alojamiento, escasez de recursos que imposibilita la rehabilitación y el respeto de los derechos de las personas internas, debido a que, da paso a la inseguridad, violencia y criminalidad interna.
15,000
La cantidad de personas que Seguridad asegura que han sido procesados y enviados a prisión preventiva.
Datos de World Prison Brief daban cuenta que hasta diciembre de 2020 la capacidad de los centros penales salvadoreño era de 27, 037, pero la población alcanzaba los 37,190.
Ante este incremento de población a la que ya tenían las cárceles salvadoreñas, Villatoro dijo que harán una ampliación en algunos penales y ajustes en otros. “Estamos haciendo todos los ajustes internos a nivel de penales de máxima seguridad; a este momento hemos logrado algunas ampliaciones en Mariona e Izalco” aseguró.
El ministro también habló de construir “un penal de campaña” en los terrenos conexos al de Zacatecoluca, como parte de un “trabajo en paralelo” para tener la capacidad de atender las nuevas capturas.
El asunto no resultan tan fácil si se toma en cuenta que de los más de 26,000 capturados agregaría de momento 15,000 que llegan por orden judicial a resguardo preventivo.
De estas cifras, a decir de Villatoro, 168 han quedado en libertad porque no se les estableció ninguna relación con las pandillas.
Fespad ha registrado al menos 206 denuncias de víctima de detención en este régimen y que de estas 124 dicen que ha sido de forma arbitraria: allanaron su vivienda sin una orden judicial, no les han informado por qué les están deteniendo entre otras.
Ante las audiencias masivas, ha llevado personas como el rector de la UCA, Andreu Oliva, a preguntarse si el sistema judicial tiene la capacidad de procesar de forma adecuada e individualizada a estos detenidos y si no se volverán procesos viciados por temor a la presión del Estado al sistema judicial.
“Los retirados” en la mira
El régimen no discriminará a las personas que se autodenominan “retirados” de las estructuras de pandilla incluso los que se congregan en alguna entidad religiosa.
Villatoro apuntó que estas personas vivían bajo “una especie de manto de retirados” pero que en realidad se estaban agrupando.
Según el ministro, en los últimos meses monitorearon la actividad de los “retirados” y que al analizar una escalada de homicidios que registraron a inicios de año en el departamento de Morazán detectaron que estas personas estaban haciendo su propia pandilla, tanto que algunos hasta se habían tatuado la letra R.
Este agrupamiento, agregó, obedecía a una forma de seguir delinquiendo como lo hacían en la pandilla a la que habían pertenecido, incluso habló de que había gente que se escudaba en las iglesias pero en realidad movilizaban droga.
Por el hecho de que para ingresar a una pandilla tuvo que matar a personas, el que ande un hábito o indicativo de alguna creencia o culto, eso no lo salva del régimen de excepción, dijo Villatoro.
“Mientras tengamos información de que esta persona fue parte de una estructura terrorista va a ser detenido”, advirtió.
De hecho advirtió que en los próximos días irán a Guatemala a atraer a un salvadoreño que vive allí de forma irregular y que es el encargado de mover droga a una pandilla.