El ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, aseguró la mañana de este martes que el régimen de excepción va a terminar cuando ya no haya ni un solo pandillero en la calle.
“Nosotros estamos claros que esto se va a terminar cuando ya no haya ni un solo pandillero en la calle de nuestro país, allí va a estar concluida la misión” declaró.
El funcionario explicó durante una entrevista en televisión que ahora el combate a la pandillas se ha desplazado a las zonas rurales, donde según él, los militares han sido blanco de emboscadas por parte de pandilleros que ahora utilizan “armas de grueso calibre”.
“La situación va cambiando, hay enfrentamientos donde ellos hacen uso de armas largas a diferencia de lo que pasaba en las zonas urbanas”, aseveró.
Desde que inició el régimen de excepción, la Fuerza Armada ha reportado a través de su cuenta de Twitter 11 pandilleros muertos en supuestas agresiones hacia las autoridades.
Para enfrentar esta situación Monroy explicó que están haciendo uso de la Fuerza Aérea, aunque no especificó cuál es la tarea que hacen exactamente.
El ministro justificó con esos hechos la compra de más equipo para la Fuerza Armada entre ellos: armamento, cascos blindados, drones, y vehículos aéreos no tripulados con cámaras infrarrojas.
Monroy explicó que están cambiando los fusiles M-16 por otros de mayor eficiencia de tiro, es decir, que permiten una mayor cantidad de proyectiles disparados por segundo o por minuto.
“Ya entregamos los primeros 200 y viene otra cantidad muy grande” aseguró, sin detallar el mecanismo de compra.
Denuncias
Sobre las denuncias de capturas arbitrarias durante el régimen de excepción, el ministro dijo que “hay un grupo de personas que salen a victimizar a estos delincuentes y le dan una connotación tanto nacional como internacional para atacar al régimen de excepción que tanto resultado ha dado”.
El funcionario puso de ejemplo el caso de Ángel, un joven cuya madre denunció su captura a pesar de que padece problemas mentales. El funcionario asegura que Ángel era colaborador de la pandillas, pese a su padecimiento, y que las autoridades llegaron a él por la denuncia de los residentes del lugar.
Monroy explicó que se está atacando a todas aquellas personas que están perfilados como colaboradores de las pandillas, quienes se dedican a recolectar la extorsión.
“En El Salvador tiene que desaparecer no solamente el que está tatuado sino que todos aquellos que colaboran (con las pandillas)” declaró Monroy.
El ministro aseguró que todas las acciones dentro del régimen de excepción se están haciendo bajo el marco legal “aquí no hay ningún acto arbitrario de ningún funcionario todo está normado” aseguró.
Estas palabras del ministro de Defensa contrasta con los informes y denuncias publicadas recientemente por organizaciones sociales y centros de monitoreo de violaciones a los derechos humanos en el país.
Más de 50 muertes en régimen de excepción
Según el Informe sobre el derecho a la integridad personal en El Salvador del Observatorio universitario derechos humanos (OUDH) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), más de 50 personas han muerto durante el régimen de excepción, mientras permanecen bajo custodia del Estado.
El documento señala que entre el 27 de marzo y el 25 de mayo de este año, la PDDH recibió un total de 1,931 denuncias de violaciones de derechos humanos, en el contexto del régimen de excepción.
La PDDH, en el informe de verificación del régimen durante el período comprendido entre el 27 de marzo y el 25 de abril de 2022, da cuenta de un total de 817 denuncias, mientras que del 26 de abril al 25 de mayo de 2022, que coincide con el segundo mes del régimen de excepción, informó de un total de 1,114 casos atendidos.
Las presuntas vulneraciones han transgredido los derechos de los salvadoreños en tres modalidades.
La procuraduría recibió 1,299 acusaciones por vulneraciones al derecho a la libertad personal, 36 asociadas a la integridad personal y 26 vinculadas a la vulneración de los derechos de las personas que se encuentran dentro de las cárceles.
El 3 de junio pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reafirmó su llamado al Estado de El Salvador a asegurar las garantías judiciales, el debido proceso y el acceso a un recurso para el respeto a los derechos y libertades cuya suspensión no está autorizada por el derecho internacional de los derechos humanos.
En un comunicado oficial, la Comisión expuso que “le preocupan” las prórrogas de la suspensión de derechos contenidas bajo el régimen de excepción y las consecuentes restricciones a los derechos humanos.
Según datos de Seguridad, hasta el 10 de julio habían sido capturados 45,376 personas desde que inició el régimen de excepción , el 27 de marzo pasado.