Marta Julia Rivas lleva casi un mes viajando todos los días desde Armenia, Sonsonate, al penal La Esperanza, conocido como Mariona, en San Salvador. Su anhelo cada día es que según ella “se haga justicia” y regresar con su hijo Julio Enrique Rivas, quien fue capturado el 26 de abril, en el marco de las medidas por el régimen de excepción.
Esta anciana de 77 años es una de los cientos de familiares que se apuestan en las afueras del centro penitenciario. Carmen gasta todos los días $7 en pasajes de bus y algo sencillo de alimentación para matar el hambre mientras espera. Estar realizando ese gasto ha sido posible gracias a que otro de sus hijos le ayuda con $40 semanales.
Julio, su hijo de 29 años que ahora está detenido, también le ayudaba económicamente. Él trabajaba como albañil construyendo casas. El día que fue capturado se encontraba incapacitado. Un día antes, Julio se presentó al trabajo, pero debido a su condición el mismo patrón le recomendó quedarse en casa al día siguiente. Marta estaba cuidándolo, cuando la policía llegó a la colonia donde habitan y tras revisar la casa, decidieron detenerlo. “Yo le pedí al policía que se llevaran las medicinas, pero no quisieron”, relata la anciana.
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Marta dice estar segura de la inocencia de su hijo y que él saldrá libre en los próximos días. Debido a eso y la falta de recursos no ha comprado insumos para entregarlos en el centro de detención. Otras personas en iguales condiciones a Marta gastan entre $30 y $100 para entregar abarrotes y ropa.
El 24 de mayo pasado, Marta regresó a casa un día más sin cumplir su deseo de ver nuevamente a su hijo libre. Ese día, la Dirección General de Centros Penales limitó el acceso a los familiares en los entornos del penal. Colocó carteles en los que se aseguraba que ese día no habría ninguna liberación.
Más de 35,000 capturas
Un día más tarde, el 25 de mayo el Ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro aseguró que hasta ese momento habían realizado “más de 35,000 capturas, de estas 26,000 ya se encuentran en detención provisional. Ese mismo día, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron una segunda prórroga al decreto de régimen de excepción, el cual permite a las fuerzas de seguridad realizar las capturas sin tener una orden judicial, entre otras disposiciones.
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Según el informe situacional “Violaciones a los derechos humanos durante el Régimen de Excepción”, realizado por Cristosal, Fespad, SSPAS, AZO e IDHUCA, y publicado el 26 de abril, durante el primer mes de aplicación de estas medidas recibieron 338 denuncias sobre abusos de poder.