El gobierno informó que casi 5,000 personas capturadas bajo el régimen de excepción han sido liberadas tras no probarse que pertenecieran o estuvieran vinculadas a pandillas, pese a lo cual muchas de ellas estuvieron por varios meses tras las rejas.
El dato fue revelado en televisión por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien en seguida intentó justificar esas detenciones basadas en el régimen de excepción, que limita libertades y derechos de los salvadoreños, entre ellos el del debido proceso.
“¿Por qué aquí en El Salvador es ingrato, es injusto, parte de la dictadura? El Presidente lo mencionaba, si la Policía sólo captura culpables, ¿cuál es la gracia de tener Fiscalía y Órgano Judicial?”, cuestionó Villatoro.
Diversas organizaciones sociales han denunciado detenciones de personas inocentes de forma arbitraria e ilegal durante el régimen y que han tenido que pasar varios meses en prisión siendo inocentes; sin embargo, el ministro aseguró que eso pasa en todos los sistemas judiciales de países civilizados.
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“Estamos viviendo en un sistema de justicia penal que es igual que en Estados Unidos, Europa, Sudamérica y Centroamérica. Del 100% de capturas que generan países del Primer Mundo, cruzados contra las condenas, el 70% son condenados y el 30% son declarados inocentes por el sistema de justicia penal”, expresó Villatoro en un programa de televisión, este martes.
Según el Ministro, esas personas han sido liberadas porque la Fiscalía General de la República (FGR) “ejerce una supervisión” sobre las actuaciones de la Policía y a la vez estas dos instituciones son supervisadas por los jueces. “Eso va generando todas esas salidas del sistema”, agregó.
Muertes en penales
En cuanto a las denuncias de muertes en penales, el ministro dijo que se ha formado una “fuerza de tarea” integrada por la FGR, Medicina Legal y la Policía, para que investigue todos los casos. “Porque muertes, así como hay afuera de las cárceles, existen a diario en el país (…) lo que no puede tolerarse es que haya “manos” de servidores públicos que hayan intervenido en esa muerte”.
“Existe ese trabajo responsable, porque cada crimen y cada muerte se tiene que investigar. Algunas muertes están relacionadas a temas de padecimientos anteriores y temas de salud”, alegó el ministro.
Pero Ingrid Escobar, representante del Socorro Jurídico Humanitario, aseguró que en esa entidad ha documentado 146 casos de personas que han muerto después de ser capturadas durante el régimen de excepción.
Según los análisis de documentos y testimonios de familiares las muertes están relacionadas a torturas, golpizas y falta de atención médica adecuada en las prisiones.
Sobre las denuncias que diversas organizaciones han realizado sobre esas muertes, el ministro Villatoro expresó: “Han estado sacando números no sé de dónde”.
Sin embargo, Escobar explicó que el Socorro ha creado una base de datos a partir de las denuncias de los familiares de los fallecidos, quienes han brindado entrevistas, fotografías, actas de defunción y documentos, los cuales han sido analizados por equipo multidisciplinario.
“El régimen de excepción ha sido una improvisación que ha costado la vida de personas inocentes en centros penitenciarios”, aseguró Escobar.
Según los datos del Socorro Jurídico, el 92% de los que han muerto no estaban perfilados como pandilleros.
Escobar relató que en muchos casos los cadáveres fueron entregados a los familiares en ataúdes sellados, pero al abrirlos se encontraron con que sus parientes tenían señales de haber sido vapuleados. “El Estado debe pedir perdón a estas personas a quienes les colgaron el rótulo de terroristas desde un inicio y quienes no tuvieron la oportunidad de probar su inocencia”, dijo Escobar.
“El Estado debe pedir perdón a estas personas a quienes les colgaron el rótulo de terroristas desde un inicio y quienes no tuvieron la oportunidad de probar su inocencia”, dijo Escobar.
En cuanto a las capturas arbitrarias, la representante del Socorro, expuso que están dando asistencia a 1,700 víctimas.