El Tribunal Primero de Instrucción de San Miguel sobreseyó el lunes a un joven acusado por denunciar en video la detención de su madre por parte de la Policía Nacional Civil (PNC) sin una orden de captura.
Henry Arturo Benavides fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de revelación indebida de datos o información de carácter personal en perjuicio de un agente de la Policía destacado en la delegación de San Miguel.
La defensa técnica, a cargo de los abogados particulares Jayme Magaña y Otto Flores, explicó que durante la diligencia judicial se demostró que el número de ONI (Orden Numérico Institucional) y el nombre de los agentes policiales son de carácter público, según lo establece el mismo reglamento interno de esa institución.
El reglamento policial dicta que no portar el ONI visible constituye una falta grave dentro de las funciones policiales
"El fallo fue apegado a derecho, se valoraron todas las pruebas que presentó Fiscalía y los alegatos de la defensa (...) El ONI y que el Policía se identifique es parte de las obligaciones legales que ellos tienen, así lo establece también el reglamento policial de Naciones Unidas y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) que, desde 2003, ya había declarado que todo este tipo de información es pública, por tanto, el fallo es apegado a derecho, no antojadizo", declaró Magaña.
Los hechos ocurrieron la noche del 14 de agosto, cuando un grupo de policías llegó a la vivienda de la madre del Henry preguntando por una mujer, pero cuando les dijeron que esa persona no vivía ahí y que tampoco la conocían, procedieron a revisar los documentos de identidad de todas las mujeres que estaban dentro de la casa.
Los agentes luego de revisar los documentos de identidad le dijeron a la señora que se la llevarían detenida acusada por el delito de agrupaciones ilícitas, sin mostrarle una orden de detención.
Ante los reclamos de la familia, del por qué se la iban a llevar sin una orden de captura, fueron amenazados que derivarían la puerta, por lo que, el joven contactó vía WhatsApp al Socorro Jurídico Humanitario para pedir ayuda y les envió los videos que había tomado hasta ese momento.
La organización defensora de derechos humanos denunció de manera inmediata el procedimiento a través de sus plataformas de internet, las que se viralizaron de inmediato.
Magaña agregó que en la audiencia se logró establecer que el derecho humano al internet es reconocido por Naciones Unidas y es parte del derecho la libertad de expresión que las personas tienen a través de las nuevas tecnologías y "es la única arma que poseen los ciudadanos para defenderse en contra de acciones arbitrarias de parte de los funcionarios públicos".
Hace unos meses, en un proceso separado la madre del joven fue sobreseída de los delitos que le acusaban.