El régimen de excepción y sus seis prórrogas son un síntoma de la incapacidad del gobierno, según Ana Ruth López, jefa jurídica Anticorrupción y Justicia de Cristosal.
La especialista en derechos humanos explicó durante la entrevista radial de YSUCA que el gobierno se refugia en el cansancio y el dolor causado por las pandillas a la población, para aprobar este tipo de regímenes, al no encontrar otra forma de hacerlo.
“No ha encontrado la forma, no porque no tenga las herramientas, sino porque es un síntoma de incapacidad”, explicó.
López considera que para capturar, procesar y condenar a un criminal no se necesita un régimen de excepción, porque antes debe haber una investigación.
“Solo se necesita un régimen de excepción para condenar a un inocente” aseguró.
La defensora de derechos humanos recordó que el gobierno tenía un pacto con las pandillas, según lo reveló una investigación del periódico digital El Faro, en agosto del año pasado, y que posiblemente por eso el gobierno no capturaba a los pandilleros previo al régimen.
Para López la necesidad del régimen también demuestra la incapacidad de la Policía y la Fiscalía de generar los mecanismos de investigación para presentarlas ante los jueces, y que estos determinen si una persona pertenece o no a las pandillas.
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La abogada de Cristosal agregó que el régimen también tiene como finalidad establecer un mecanismo de control social y la política de miedo con que se afecta a una serie de derechos.
López explicó que con esa política del miedo uno de los primeros derechos afectados es el derecho a la libertad, para ello hizo memoria de la destitución del presidente del Banco Central de Reserva, después de presentar un informe ante la Asamblea Legislativa.
Nicolás Martínez fue inmediatamente despedido de la institución donde trabajó 23 años después de desobedecer la orden presidencial de no asistir a la Asamblea Legislativa para rendir cuentas por los gastos de la pandemia. Un año después Martínez falleció supuestamente a causa del Covid-19.
La defensora de derechos humanos también se refirió a la libertad que tienen un empleado público para asistir a una marcha, si lo desea.
“¿Hasta qué punto un empleado público es independiente para asistir a una marcha como la de hoy (ayer)?”, cuestionó.
Esto en referencia a decenas de denuncias que circularon en redes sociales de empleados públicos que aseguraban que estaban siendo obligados a asistir al acto cívico organizado por el gobierno, el mismo día que 19 organizaciones sociales programaron una marcha para protestar contra las políticas gubernamentales.
Capturas
En cuanto a las más de 52 000 capturados durante el régimen de excepción y su prórrogas la representante de Cristosal expresó que es necesario documentar y seguir exponiendo ante el mundo que en El Salvador la mayoría de capturados son jóvenes hombres, de 18 a 30 años, “algunos muy estigmatizados por la zona en la que residen".
En las más de 52 mil capturas, ¿Cuántas personas inocentes han sido detenidas para abultar ese número, cuando hay criminales afuera?, cuestionó.
Esta semana seis especialistas en derechos humanos y un congresista estadounidense informaron al comité de derechos humanos del Congreso de Estados Unidos sobre la grave situación de violación de derechos humanos en El Salvador, durante el régimen de excepción y sus prórrogas.
Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal, afirmó que con las más de 2,600 denuncias recibidas por esa organización se puede concluir que hay un claro “patrón de violaciones de los derechos humanos, detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso”.
Según el último informe de Cristosal, en conjunto con otras organizaciones sociales salvadoreñas, hasta el 31 de agosto, fueron registradas 3,186 denuncias por violaciones a los derechos humanos. Además, organizaciones sociales y medios de comunicación han contabilizado hasta el 7 de septiembre la muerte 76 personas mientras permanecían en custodia del Estado.