Facilitar el contacto de las personas detenidas con sus familiares, garantizar el acceso a información y establecer protocolos de acción y atención en las instituciones encargadas de atender a las familias de los privados de libertad son algunas de las recomendaciones del informe sobre las afectaciones a familiares de los capturados en el régimen de excepción, realizado por el Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA (OUDH).
“Tenemos una ausencia de garantías que no solamente se limita a afectar a la persona detenida, sino como da cuenta esta investigación, también a sus familiares desde el momento en que la persona es capturada de manera arbitraria, muchas veces de forma violenta, luego su familia no tiene información”, explicó Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca).
Entre marzo de 2022 y septiembre de 2023, el Idhuca documentó 2,742 casos de familiares afectados por la detención de sus familiares, de los cuales el 33.4% son niñas, niños y adolescentes; un 25.9% son jóvenes entre 18 y 35 años, mientras que personas de 36 a 59 años representan un 25.9%.
En cuanto al vínculo con la persona detenida, las madres representan el 18.9% las parejas o cónyuges el 14.2%, las hijas e hijastras el 13.9% y las hermanas el 9.2%.
El informe del OUDH identificó cuatro vulneraciones en el contexto del régimen de excepción: las detenciones realizadas dentro de los hogares, la falta de comunicación de las instituciones encargadas con los familiares, falta de acceso a información de las personas detenidas y los traslados masivos.
Descubre los resultados de nuestra #InvestigaciónOUDH sobre cómo las familias de personas privadas de libertad son afectadas. 📊🔍
— OUDH El Salvador (@oudhsv) June 11, 2024
Accede al informe completo aquí: https://t.co/ukhCveObRM
📑 ¡Conoce la realidad y únete a la conversación! #DerechosHumanos #UCA pic.twitter.com/3f5aotAIKT
La falta de información es una de las vulneraciones que más sufren los familiares de los detenidos, desde el momento de la captura en el cual los agentes de la Policía se niegan a informar sobre las razones de la detención.
En las sedes policiales tampoco les brindan información cuando son trasladados a un centro penal y en algunas ocasiones incluso brindan información errónea, indica el informe.
En los centros penales, procuraduría y fiscalía los familiares también se encuentran con la negativa a brindarles información sobre la persona capturada.
Jorge Rodríguez, coordinador del OUDH explicó que en la investigación encontraron que estas vulneraciones causaron afectaciones psicológicas, físicas, sociales e impactos negativos en las familias afectadas.
“No es cierto que el régimen esté impactando solamente a las más de 80,000 personas privadas de libertad, sino que estas afectaciones generan una profunda transformación negativa en los grupos familiares, debido a la forma en la que se está implementando el régimen”, aseguró.
Afectaciones de todo tipo
En cuanto a las afectaciones psicológicas, la atención a víctimas registró 27 tipos de impactos negativos causados por la captura y la permanencia indefinida de dicha situación. Los impactos con más prevalencia relacionados a la angustia, tristeza, frustración y estrés representan un 51.7% de los casos. Sin embargo, se identificaron otras de mayor gravedad como el sucidio y la depresión con un 6.47%.
Los investigadores identificaron 15 tipos de impactos en las afectaciones físicas, como pérdida del apetito, la disminución del sueño, entre otras.
Con relación al impacto en el grupo familiar destaca la fragmentación del grupo familiar, el deterioro del proyecto de vida y la pérdida de relaciones y vínculos familiares.
En las afectaciones sociales señalan la pérdida o deterioro de las redes de apoyo social y el deterioro de las relaciones comunitarias.
Samuel Ramírez, representante del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (Movir) quien participó en la presentación del informe relató la discriminación y estigmatización que sufren los familiares de las personas capturadas en el régimen de excepción que no tienen vinculos con las pandillas.
“El sector más afectado son las mujeres que andan en la calle pidiendo la libertad de sus hijos, los capturados (sin vínculos) son jóvenes, son personas productivas”, manifestó el representante de Movir.