A pesar de las 2,000 denuncias presentadas ante la Procuraduría de Derechos Humanos, y otras organizaciones civiles, por violaciones de derechos humanos durante el régimen de excepción, ordenado por el presidente Bukele, una gran mayoría de la población lo sigue apoyando.
El padre Andreu Oliva, rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), explicó, durante una entrevista en el canal TVX, cómo se puede explicar esa situación.
Oliva expuso que, desde su perspectiva académica, solo se puede entender este fenómeno por tres factores sociales.
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En primer lugar, el cansancio de la población de un Estado que ha sido incapaz de resolver los problemas de la población. “Vivir bajo el agobio de las pandillas, de la extorsión, de que si se van a llevar a mi hija, que si mis hijos no pueden moverse con libertad porque la comunidad vecina es de otra pandilla. Eso realmente es terrible”, dijo.
Como segundo punto, Oliva declaró que influye la poca formación y cultura democrática en nuestro país. El rector de la UCA explicó que en El Salvador no se conocen los derechos humanos, ni los beneficios de poder opinar con libertad, con garantías.
“Tampoco a los pobres se les han respetado sus garantías, siempre se ha dicho que se detiene a un pobre por robarse una gallina y se deja libre a aquel que, por un acto de corrupción, se apodera de miles de dólares”, explicó.
Según el análisis de Oliva, en el país, los pobres nunca han sido beneficiados por el Estado de Derecho y por eso, a ellos, esta situación (el régimen de excepción), no les modifica la perspectiva, porque sus derechos siempre han sido violentados.
El rector de la UCA recalcó que es importante enfrentar la criminalidad pero, para ello, no es necesario un régimen de excepción y sus prórrogas, porque el país cuenta con herramientas para hacerlo.
El académico explica que hay leyes que permiten la persecución del crimen y además se cuenta con la Policía, la Fiscalía y el sistema judicial.
“El régimen de excepción no tiene nada que ver con la persecución del crimen ni garantiza la seguridad de la población, debido a que elimina derechos fundamentales como: el derecho a asociación, reunión, a la inviolabilidad de las correspondencias y telecomunicaciones”, dijo.
Según el informe del Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH), la Procuraduría de Derechos Humanos y Cristosal contabilizan más de 2,000 denuncias de capturas arbitrarias, desde el 27 de marzo hasta la fecha.
La Oficina de Asesoría Legal y Anticorrupción de El Salvador (Alac), informó, a finales de julio, que durante el régimen de excepción inicial, y sus dos primeras prórrogas, la Corte Suprema de Justicia había recibido 649 peticiones de habeas corpus, por supuestas capturas arbitrarias.
A esas se agregan 80 peticiones presentadas el viernes 19 de agosto por familiares de personas capturadas, supuestamente de forma arbitraria, durante el régimen.
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Los familiares fueron acompañados por representantes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz.
“Son casos de personas que no tienen vínculos con pandillas, pero lo más triste es que son personas de escasos recursos”, declaró Stanley Quinteros, representante de la Alianza.
Quinteros denunció que en este momento se está criminalizando la pobreza porque están deteniendo a gente que no tiene vínculos con pandillas.
“Aquí podemos ver familiares de agricultores, campesinos, amas de casa, albañiles, veteranos, estudiantes, maestros y eso tiene muy preocupada a la Alianza El Salvador en Paz”, agregó.