Opacidad en compras acompaña los tres años del régimen de excepción

Por tres años ha estado vigente en el territorio salvadoreño el régimen de excepción, principal herramienta del gobierno para perseguir a las pandillas, aunque ha significado vulneraciones a derechos humanos según organizaciones; pero, además, estaría acompañado de una régimen especial que permitiría la opacidad en las compras estatales.

Con la primera prórroga se aprobó el "Régimen especial transitorio para la adquisición de bienes y servicios y para la ejecución de obras y todo tipo de inversión por parte del Estado, en el marco de la declaratoria de régimen de excepción", cuya vigencia "se mantendrá mientras dure el Régimen de Excepción", según consta en el mismo decreto.

Se autorizó al Órgano Ejecutivo para emitir y ajustar los instrumentos que permitieran realizar contrataciones y adquisiciones "de manera que se simplifique y facilite" la obtención de los bienes y servicios, la ejecución de obras y "todo tipo de inversión" necesarios para cumplir las disposiciones del régimen.

"En consecuencia, no serán aplicables las disposiciones de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (hoy Ley de Compras Públicas)", dice la norma. Dicho régimen también será aplicable a compras de la Fiscalía General de la República con el estado de excepción.

Además, dice que “durante la prolongación del régimen de excepción”, las adquisiciones y contrataciones estarán exentas del pago de todo tipo de impuesto.

Para 2025, el presupuesto del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública tiene $10 millones en la línea de Programa Especial de Combate a Terroristas. En 2024 tuvo asignación de $26 millones; pero se registraron como comprometidos solo $6.3 millones. La línea presupuestaria se creó en 2022 y ese año se ejecutaron $51.5 millones.

Su propósito es: "dotar de armamento, vehículos, uniformes, equipamiento y demás herramientas a las instituciones de Seguridad Pública y Policía Nacional Civil, a efecto de combatir de manera frontal a terroristas, y de esa forma restablecer el orden, la seguridad ciudadana y el control territorial, en todo el país".

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Al revisar en el portal de transparencia del Ministerio no consta información de ese tipo de compras.

Pero no es la única ley que permite saltar los proceso de la Ley de Compras Públicas, también se estableció en la Ley Especial para la Construcción de Centros Penitenciarios, aprobada en abril de 2022.

Mecanismos de emergencia

El economista José Luis Magaña recordó que desde la emergencia por la pandemia del Covid-19 el gobierno encontró mecanismos de "opacidad en el manejo de los fondos públicos", en ese caso la declaración de emergencia. Y con el régimen de excepción le ha permitido tener en "emergencia permanente" y mantener el esquema de opacidad en la manejo de las compras públicas.

"No se sabe ni siquiera qué se compra, no solo a quién, ni siquiera sabemos qué se compra, a qué precio se compra, bajo qué condiciones se compra. Todos estos elementos quedan bajo la opacidad y a criterio y la arbitrariedad del ministerio que está ejecutando esta línea presupuestaria", dijo.

También comentó que del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID) tampoco se rinde cuentas.

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"La diversificación de regulación en materia de compras públicas que promueven la contratación de directa es una característica del abuso de poderes de emergencia", opinó la abogada Ruth López.

La población no conoce los procesos, ni las adjudicaciones para Centros Penales. "Por lo tanto, una forma de continuar evadiendo la transparencia, la competencia es mediante regímenes especiales que se mantienen mientras el motivo que les da origen continúe", agregó.

Héctor Carrillo, director ejecutivo de FESPAD, considera que la flexibilización para compras públicas se da en el marco de medidas en materia de seguridad "que no responden a la construcción de una política pública" para abordar la crisis de violencia en el país.

"Sacrificar el estricto control sobre el uso de los fondos públicos no es sano a mediano y largo plazo, pues fomenta escenarios propicios para la corrupción, algo muy malo para los impuestos de los salvadoreños", comentó Carrillo.

Esta facilidad persigue dar condiciones adecuadas para las personas privadas de libertad; sin embargo, el sistema penitenciario sigue colapsado. "Según testimonios de familias, datos recabados por organizaciones de la sociedad civil y la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las cárceles son un lugar donde a diario hay tratos crueles, inhumanos y degradantes, inclusive, torturas", dijo.

El analista Ramiro Navas considera que es conveniente al gobierno este régimen de opacidad. "Me atrevería a decir que una de las principales razones por las cuales el gobierno mantiene durante tanto tiempo el régimen de excepción es porque le permite estas facilidades para saltarse las normas convencionales", dijo.

Esto favorecería a grupos. “Si ha existido una legislación y un conjunto de normativas para regular las contrataciones y adquisiciones que se hacen con fondos públicos es, precisamente, porque se tiene que garantizar que los fondos de la gente sean utilizados adecuadamente”, agregó.