“Yo lo que espero es que comprendan mi dolor y que me dejen ver a mi hija”. Con esas palabras la madre de Karla G. pide a las autoridades del gobierno de Nayib Bukele que le brinden información sobre el paradero de su hija de 17 años, capturada por un grupo de soldados durante el régimen de excepción.
La madre de la joven está desesperada porque las autoridades se niegan a brindar información sobre el estado de salud de Karla, después que ella fuera informada de manera verbal que su hija había perdido su embarazo mientras permanecía bajo custodia del Estado.
La señora niega que su hija tenga vínculos con pandillas, como lo asegura la diputada de Nuevas Ideas, Suecy Callejas, en un video que se ha viralizado en redes sociales.
La madre de Karla explica que ella y sus hijas para subsistir en un empobrecido cantón de Sonsonate vendían ropa y hacían pupusas, en su vivienda. Karla le ayudaba en la venta de pupusas, asegura.
El caso de Karla salió a la luz después que la señora agobiada por el silencio de las autoridades del centro de reinserción social femenino buscó ayuda en el socorro jurídico de la Alianza Nacional El Salvador en Paz.
Los abogados de esta organización le han acompañado para presentar un habeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia, el cual fue recibido por la secretaría de la Sala de lo Constitucional el 6 de octubre.
En la petición de habeas corpus presentada por la familia de Karla solicitan a la Corte Suprema de Justicia la liberación de la joven, alegando que su captura es arbitraria e ilegal.
“No habiendo fundamento legal para su detención, ya que la persona detenida no ha cometido ningún delito, además los agentes de autoridad (militares)actuaron sin tener orden de captura por escrito”, señala el documento.
Karla G., quien tenía cuatro semanas de embarazo, fue capturada por un grupo de soldados el pasado 18 de junio, afuera de su casa, según consta en la copia de una petición de habeas corpus presentada por la familia ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
La madre relató que ese día, la hermana mayor de Karla le pidió que saliera a la calle y le avisara cuando viniera el bus porque iba a salir a hacer unos mandados y en esa zona rural el transporte público no pasa de manera constante.
Karla salió a la calle, en la parada de buses ya estaba un joven esperando el transporte y en ese momento llegó un grupo de cuatro soldados en un vehículo particular, uno de ellos se dirigió a apresar al muchacho, al cual, al parecer, andaban buscando. Los soldados asumieron que Karla estaba con el joven y la capturaron también
La joven ya enfrentó su primera audiencia de manera virtual, en la que, según la familia, el juzgado determinó que Karla pasara a la siguiente fase del proceso, por el delito de agrupaciones ilícitas.
En una entrevista radial, Ingrid Escobar, abogada del socorro jurídico de la Alianza, condenó el retraso de justicia en este caso, debido a que el plazo de una respuesta del habeas corpus ya venció, sin que la Corte Suprema de Justicia se haya pronunciado, aseguró.
Representantes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz dijeron que la no tener una respuesta de parte de la Corte evalúan llevar el caso a instancias internacionales.
El Socorro jurídico de la Alianza ha recibido en dos meses 2 mil 250 denuncias de violaciones a derechos humanos cometidos por agentes del Estado durante el Régimen de Excepción.
Además, ha acompañado a las familias en la presentación de 445 habeas corpus, de los cuales solo dos han tenido respuesta, indicaron.