La práctica de los agentes policiales de alterar el lugar y la situación en la que una persona fue detenida para consignar la captura, podría configurarse en el delito de fraude procesal, señala la ex inspectora general de la Policía Nacional Civil (PNC), Zaira Navas, y el ex policía Marvin Reyes Reyes, actual líder del Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP), explica que el policía debe plasmar en el acta el suceso real de cómo se dio el procedimiento.
“Digamos si una persona es encontrada en la calle, se tiene que colocar que fue ahí el lugar de la detención, pero lo que estamos viendo es un fraude procesal de muchos agentes, ellos han mentido en esas actas, diciendo que los encontraron en la calle o con otras personas, pero los han ido a sacar de las casa con engaños”, manifiesta Reyes.
El representante del MTP comenta que como movimiento han recibido quejas de agentes que no están de acuerdo con ese tipo de prácticas ordenadas por las jefaturas, que les indican que lleven a la gente a las delegaciones, para luego informarles que quedaran detenidas, pero en el acta policial establecen que fueron detenidas en la calle.
“Estas órdenes que han recibido los policías son arbitrarias, son ilegales. Esto lo han hecho por lineamientos de las jefaturas, lo cual no es correcto, es un fraude procesal”, asegura Reyes.
La ex inspectora general de la Policía, ahora abogada de Cristosal, Zaira Navas, expone que esa organización ha documentado varias denuncias de personas que expresan que su familiar fue detenido en un lugar distinto al que se consigna en el acta policial.
“Alterar el lugar donde fue detenido, narrar una historia distinta o decir que la persona estaba en agrupaciones, planificando o que pertenece a una estructura porque lo encontraron reunido con un grupo de personas, podría estarse cometiendo el delito de fraude procesal contemplado en el artículo 306 del Código Procesal Penal”, enfatiza.
Por otra parte, Navas lamentó que a pesar de las denuncias públicas de miles de personas la Fiscalía no ha investigado ni un solo caso, incluso en aquellos que los familiares han presentado avisos o denuncias ante esa institución.
“La Fiscalía lo que tendría que hacer es investigar si efectivamente se está cometiendo fraude procesal o no”, dice.
Tanto Reyes como Navas recalcan que los señalamientos de fraude procesal cometido por personal de la PNC comenzaron a ensombrecer a la institución desde sus inicios, incluso el mismo actual director estuvo procesado por ese delito.
En la historia de la PNC
Uno de los primeros casos de fraude procesal que han oscorecido la historia de la PNC fue el asesinato del estudiante de medicina Manuel Adriano Vilanova, cometido por cinco agentes policiales el 2 de septiembre de 1995.
Esa noche los agentes asignados al puesto de Panchimalco le propinaron al joven una brutal golpiza hasta matarlo, luego tiraron el cadáver en el fondo de un barranco.
Después del hallazgo del cuerpo de la víctima, las autoridades de seguridad pública intentaron hacer creer a los familiares y a la población en general que de trataba de un suicidio o un accidente de tránsito.
Tres años después, los cinco agentes fueron condenados por un tribunal de conciencia por el delito de homicidio agravado. Sin embargo, el fraude procesal nunca fue judicializado.
Los señalamientos de fraude procesal también han alcanzado a los jefes policiales.
El actual director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, fue señalado en dos casos de fraude procesal entre 1996 y 1997 mientras era jefe policial de la delegación de Soyapango.
En 1996, la Fiscalía lo acusó de implantar un fusil y droga como prueba para capturar a Nelson Martínez Comandari, un acusado de narcotráfico, pero dos años después fue absuelto.
Sin embargo, por ese caso fue destituido de la PNC por un Tribunal de Apelaciones.
En 1997, Arriaza fue señalado por el pago de testigos contra Ángel Pozo Aparicio, imputado de la masacre de Valle Nueva, cometida un año antes.
Arriaza quien siempre alegó ser inocente, y fue restituido en la institución policial en 2003, por orden de la Corte Suprema de Justicia.
Al regresar a la Policía en una entrevista con este periódico declaró: “El mejor ofrecimiento es mi trabajo policial transparente y que me hagan escrutinio público”.
En un caso más reciente, ocho agentes de la Policía fueron condenados a 45 años de prisión por la muerte de un civil durante un enfrentamiento con un grupo de pandilleros, ocurrido en 2016 en el departamento de La Libertad.
La sentencia señaló que hubo una ejecución extrajudicial y manipulación de la escena para que pareciera un enfrentamiento.
Según datos de la Fiscalía General de la República, en 2018 hubo 30 policías imputados por el delito de fraude procesal, 14 casos fueron denunciados en la zona occidental, 13 en la zona central y 3 en el oriente del país.
Por medio de una solicitud de información pública se pidieron a la Fiscalía los datos estadísticos de agentes procesados por este mismo delito desde 2019 hasta la fecha, pero la oficial de de información contestó que esa información “no se encuentra generada”.