Representantes del Socorro Jurídico manifestaron esta mañana que la Fiscalía General de la República (FGR) no les ha entregado el número de referencia fiscal de la denuncia contra funcionarios públicos, que presentaron el miércoles por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en el régimen de excepción.
La directora del Socorro Jurídico, Ingrid Escobar, explicó que les tomaron datos durante casi siete horas, pero cuando solicitaron el número de referencia de las denuncias e información de la unidad donde serán procesadas, se las negaron bajo el pretexto de “la complejidad” y les dijeron que debían regresar.
El jueves por la mañana regresaron nuevamente a solicitar el dato, pero otra vez, les fue negada la información requerida.
“Estamos denunciando que se nos niega la referencia fiscal, cuando los denunciados son funcionarios públicos, hemos denunciado con nombre y apellido”, declaró.
Los representantes del Socorro explicaron que el número de referencia fiscal permite dar seguimiento del proceso de denuncia y serviría de prueba en casa de no tener respuesta, para recurrir a instancias internacionales.
La denuncia por casos de desaparición forzada y homicidio agravado fue presentada contra el presidente de la República, Nayib Armando Bukele Ortez; los diputados que han prorrogado el régimen de excepción, el ministro de Justicia y Seguridad, Héctor Gustavo Villatoro Funes; el director de Centros Penales, Osiris Luna Meza y los directores de los centros penales de Tecoluca, Izalco y Mariona.
¿Esa es la razón por la que no nos quieren entregar la referencia fiscal? ¿Por eso no nos quieren decir qué unidas va a procesar delitos de lesa humanidad? , cuestionó Escobar.
Entre los casos presentados está el de la presunta desaparición forzada del sindicalista Giovani Aguirre, para quien han ordenado en tres ocasiones que continúe el proceso con medidas alternas a la prisión, pero las autoridades no lo han liberado.
Jayme Magaña, abogada del Socorro, manifestó que al no tener una respuesta de la Fiscalía demuestra que hay una denegación de justicia a las víctimas e hizo un llamado al comisionado de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán Caballero.
“El comisionado Guzmán Caballero habla de que probemos la institucionalidad…ahorita le estamos demostrando con hechos jurídicos que la Fiscalía General de la República de El Salvador, no está admitiendo denuncias por graves violaciones a derechos humanos a las víctimas inocentes”, manifestó.
El abogado Otto Flores, agregó que en la denuncia que presentaron el miércoles tienen suficientes elementos para comprobar que se cometen delitos de lesa humanidad en las cárceles con la permisividad de funcionarios públicos.
"Se ha reportado y se ha demostrado en un caso donde no se ha permitido que un habeas corpus, que fue aceptado por una Cámara, pueda liberar a una persona que lleva más de dos años detenido. Eso es un hecho grave", declaró.
Se intentó conocer la versión de la Fiscalía en la sede fiscal localizada en La Sultana, pero dijeron que no están autorizados para dar declaraciones.