La muerte por estrangulación de Adrián Solórzano en el penal de Izalco, un taxista de Jucuapa detenido durante el régimen de excepción y cuyo deceso conmovió al pueblo entero, no ha pasado por alto para el vicepresidente Félix Ulloa, quien esta mañana lamentó su caso pero insistió en justificar el mantenimiento del régimen.
“Lamento lo de Adrián Solórzano y los detenidos no vinculados a las pandillas”, tuiteó esta mañana el vicepresidente.
Sin embargo, en el mismo post de la red social argumentó con una pregunta su postura de que “en toda guerra habrá víctimas inocentes”, como defendió el viernes pasado el régimen de excepción.
“Pero preguntémosles a los miles y miles de familiares de LAS VÍCTIMAS de las pandillas y quienes sufren extorsión: ¿levantamos el Estado de Excepción?”, lanzó la pregunta el funcionario.
Y se respondió él mismo: “La respuesta explicará que es la PROPORCIONALIDAD”, sentenció Ulloa.
El funcionario justificó este viernes los casos de detenciones sin causa aparente al decir que “en toda guerra habrá víctimas inocentes”, pero afirmó que “en un 95%” son exitosas las detenciones.
LE PUEDE INTERESAR: "En una guerra habrá víctimas inocentes”, dice Félix Ulloa sobre régimen de excepción
“En una guerra habrá víctimas inocentes, habrá daños colaterales que hay que corregir, no se justifica, pero en el bien supremo que se está pretendiendo proteger que es la vida, la propiedad, el trabajo del pueblo honrado esta guerra cuando la medís proporcionalmente con las fallas y con los errores que pudieran haberse cometido, el balance es altamente positivo”, planteó al ser consultado en un evento público al que asistió el viernes pasado.
No obstante, el cardenal salvadoreño, monseñor Gregorio Rosa Chávez, ha pedido la suspensión del régimen de excepción al señalar los “abusos” cometidos en este. La medida ha sido prorrogada por la Asamblea en tres ocasiones.
Ese 5% de error que maneja Ulloa, que para el Presidente Nayib Bukele representa el 1%, coincide con las más de 2,400 denuncias de detenciones arbitrarias que contabilizan organizaciones defensoras de derechos humanos como Cristosal.
A la fecha, el Gobierno cuenta más de 41,000 capturas de personas durante el régimen de excepción que se ha prorrogado por dos ocasiones.