Con gran pesar y rechazo, familiares de Marco Tulio Castillo Reyes muestran las imágenes de los golpes en su cuerpo, entregado el 29 de mayo, tras haber muerto un día antes en el penal de Quezaltepeque, La Libertad.
Los parientes denuncian que, pese a que en el centro de reclusión sabían que Castillo Reyes padecía de cirrosis hepática, “no lo respetaron, lo humillaron, lo maltrataron”. Dos días después, fue sepultado en un cementerio sobre la Carretera de Oro, a las afueras de Ilopango, rodeado de sus parientes y conocidos más cercanos, quienes a gritos lamentaban su partida.
Según su hermana mayor Verónica Pineda, a Marco Tulio, de 38 años de edad, le habían detectado la enfermedad en septiembre de 2021. “Estaba propenso a padecer insuficiencia renal”, asegura.
El 27 de marzo, el día que entró en vigencia el régimen de excepción en el país, fue capturado mientras estaba en un punto de taxis, en el municipio de Ilopango. Hacía menos de un mes que había comenzado a trabajar como conductor. Recientemente había quedado viudo y buscaba cómo sostener a sus hijos de 20 y 15 años.
Al momento de su captura, la Policía se llevó a otros cuatro taxistas junto con él a la delegación de San Bartolo y les decomisaron sus vehículos. Según manifiesta Verónica, en el puesto policial le dijeron que los habían detenido porque no tenían el permiso para trabajar en el lugar. Ella asegura que su hermano no tenía ningún tipo de vínculos con pandillas; es más, que luego de terminar su jornada como taxista Marco Tulio trabajaba como “descargador” en la aduana de San Bartolo.
Pocos días después de su captura fue trasladado al penal de Izalco, en Sonsonate. Allí estuvo cerca de un mes y medio. Cuando su familia se enteró de su nueva ubicación, Verónica llevó hasta allí el medicamento Hepa-Merz para que pudieran suministrárselo. “Me dejaron entrar a la fase 1 del penal para entregar la medicina, pero no se la dieron. Al día siguiente, él ya estaba ingresado en el hospital de Sonsonate (Dr. Jorge Massini Villacorta)”. Como pudo entró y llegó cerca de su camilla.
“Estaba hinchado, con bolsas de hielo”, recuerda su hermana. “No te me vayas a acercar porque después me van a pegar a mí”, le advirtió Marco Tulio, cuando ella intentó hablar con él. Entonces los policías que lo custodiaban reafirmaron esa advertencia: “me dijeron que si no me iba después se iban a entender con él”, agrega la pariente.
Tras una semana de estar en este nosocomio, fue llevado de nuevo al penal de Izalco, pero días después fue remitido al de Quezaltepeque, donde murió. Según el documento de defunción que entregó el Instituto de Medicina Legal, Marco Tulio Castillo Reyes murió el 28 de mayo durante la madrugada.
“Te prometo que voy a cuidar de ellos (sus hijos)”, exclamaba entre lágrimas una familiar mientras veía por última vez el rostro de Marco Tulio dentro del ataúd, minutos antes de ser sepultado.
“La muerte de mi hermano no fue por su enfermedad, fue por neumonía, lo que significa que no le daban ropa y que lo mantenían en el suelo”, señala Verónica. Ella afirma que su hermano no tenía tatuajes y que no tenía antecedentes penales, “no es justo lo que le hicieron”. “Quiero poner una demanda por los golpes que recibió mi hermano; a pesar de que estaba enfermo no lo respetaron, lo humillaron, lo maltrataron”, señaló Verónica.
Tras fallecer su esposa, Castillo Reyes tenía el propósito de convivir más con sus hijos, quienes observaban las sencillas flores sobre la tumba de su padre.
“Se están pasando sobre gente que no debe nada”
Alexander Guzmán Molina, de 45 años de edad, es uno de los cuatro taxistas que fueron capturados junto a Marco Tulio, el 27 de marzo. Su esposa Doris Díaz, de 42 años, había llegado a dar el último adiós a Castillo Reyes. Ese suceso entre las dos familias los une, puesto que Guzmán Molina fue quien le dio trabajo a Marco Tulio como taxista. “La Policía me dijo que fueron capturados bajo los cargos de agrupaciones ilícitas, luego de la audiencia los cargos pasaron a ser por organizaciones terroristas”, relata Diaz. Por ahora, Alexander guarda prisión en el penal de Quezaltepeque, antes estuvo en el de Izalco.
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Según la esposa de Alexander, él inició su negocio de taxista hace 14 años y afirma que “todo está legal”. Sin embargo, “él siempre había tenido acoso de parte de los policías, le quitaban las placas, los vehículos. A veces hasta le exigían $100 para no llevarse los carros o quitarle las placas”, denuncia esta mujer. Para ella, la aplicación del régimen de excepción fue la excusa de esos policías para capturarlo y acusarlo falsamente de esos delitos.
Diaz teme por la vida de su esposo, le preocupa que a él también pueda sucederle lo mismo, puesto que Alexander padece de diabetes, niveles altos de triglicéridos y colesterol, además de tener una fractura en una de sus manos, señala Doris. “Para el lunes 28 de marzo (el día siguiente de su detención) debía ir a una fisioterapia, pero ya no se pudo porque se lo llevaron”, lamenta.
“Solo esperamos en Dios para que nos dé la oportunidad de sacarlo de donde lo tienen y con vida, porque los golpean, no les están brindando atención médica. Es bien difícil lo que se está viviendo”, dice con preocupación.
Esa misma inquietud sienten sus vecinos de Altavista que conocen a Guzmán Molina, así como los estudiantes del Centro Escolar de la misma colonia, en donde ha sido docente y ahora subdirector. Él labora desde hace 15 años en esa escuela, pero para obtener algunos ingresos extras se dedicó también a dar servicio de taxi. “A los alumnos siempre les ha inculcado el esfuerzo para salir adelante”, comenta la esposa.
Al profesor y taxista la Procuraduría General de la República le ha asignado un abogado, pero no le han permito verlo, su esposa y sus tres hijos adolescentes prácticamente no saben nada de él. “Los vehículos están tirados allá en Changayo. Han terminado con la vida de él, su carrera, su trabajo, su negocio, todo. Yo lo que pido es que revisen las pruebas, que vean que mi esposo es inocente”, suplica Doris. A la vez, recrimina que “están pasando sobre la vida de gente trabajadora, que no debe nada”.