El régimen de excepción no puede continuar ampliándose como lo ha planteado el diputado de GANA, Guillermo Gallegos, según lo han explicado abogados al señalar que está prohibido por la Constitución de la República que solo permite que la medida sea prorrogada una vez como ya sucedió.
A criterio del diputado Gallegos el régimen de excepción "no debería limitarse a 60 días, sino que debe seguirse ampliando".
"Si de mí dependiera, esto (régimen de excepción) fuera permanente hasta que no hubiera un pandillero en las calles de nuestro país... Mientras exista un pandillero fuera de la cárcel tiene que seguirse aplicando el régimen de excepción", dijo el legislador durante la entrevista de este jueves de Diálogo con Ernesto López.
Para Jonatan Sisco, abogado de la Unidad Anticorrupción y Justicia de Cristosal, "dicho régimen no puede continuar de forma permanente, la Constitución lo prohíbe, porque no estamos en guerra".
"Enfocarse únicamente en los pandilleros denota desconocimiento del tema de criminalidad, además de que se deja de investigar y perseguir la gran corrupción y el crimen organizado transnacional, pero también se distraen de temas sensibles como la corrupción estatal", criticó.
Al igual que Sisco, David Morales, abogado y ex procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, coincide en que la finalidad de promover este tipo de medidas por parte de funcionarios a fines a la administración de Nayib Bukele es "para manipular la opinión pública y obtener réditos políticos".
Foto EDH/ Jonatan Funes
"Parece que declaraciones de este tipo solo tienen la finalidad política de justificar abusos de poder, concentración de poder y violación a los derechos humanos", indicó Morales en alusión a lo dicho por Gallegos.
Temen "Estado Policial"
No obstante, de llegar a considerarse una nueva prórroga por parte del gobierno, el abogado Sisco manifestó que "el sacrificio de las libertades por un poco de seguridad puede llevar a perder ambos derechos" como ha ocurrido en Nicaragua, Venezuela y Cuba.
"Al prorrogar el régimen de excepción se puede convertir en un Estado Policial, en ese tipo de Estados se mantiene un estricto control sobre las libertades de pensamiento, opinión y expresión, asimismo se ejercen actos de violencia estatal contra individuos y esas acciones ilegales quedan en total impunidad, eso ya ha sucedido en la historia de El Salvador", explicó.
Según el experto, con la medida que se aplica En El Salvador desde el 27 de marzo "se han suspendido derechos" fundamentales y lamentó que "la seguridad jurídica" en el país "está agonizando" y ante los casos de violaciones a las garantías constitucionales "no se pueda acudir ante autoridades independientes del Ejecutivo".
Datos de Cristosal han detallado que en 30 días del régimen de excepción había recibido 147 denuncias por detenciones arbitrarias, "en las que ha identificado tratos crueles, inhumanos, degradantes y reiteradas violaciones a las garantías judiciales mínimas en los procesos judiciales iniciados".
Pese a las violaciones a derechos humanos que han denunciado diversos sectores en el marco del régimen de excepción, el diputado Gallegos afirmó en la entrevista televisiva "que lo más importante de hacer notar de esto es la cantidad de capturas que hay, que son más de 20,000 capturas de terroristas" y reconoció que "pueden haber márgenes de error, hay personas que tal vez no son pandilleras, pero que en las audiencias fueron liberadas", aseguró.
Fracaso en planes de seguridad
Sisco y Morales coincidieron, además, en señalar que el régimen de excepción como tal es ilegal debido a que el repunte de homicidios, aunque es grave, no está dentro de las causales que establece la Constitución para establecer una medida de esa índole.
"Desde la sentencia de inconstitucionalidad Ref. 15-96 (dictada el 14 de febrero de 1997) la Sala de lo Constitucional expresó que un aumento en los índices de criminalidad no es una causal para decretar régimen de excepción", expuso Sisco.
En ese sentido, Morales cree que "parecería que están admitiendo que el Plan Control Territorial y toda las instituciones de seguridad pública y el sistema penal son totalmente incapaces de administrar y atender la situación de violencia de manera ordinaria y estarían admitiendo el fracaso de sus propias políticas y sus gestiones".
Morales cuestionó que el régimen de excepción se asimila a las "políticas fracasadas" que han sido implementadas en el país desde hace más de 20 años, entre estas la "Mano dura" aplicada en la gestión del presidente Francisco Flores.