6,305 violaciones a DD.HH. y 244 muertes a dos años del régimen de excepción

Siete organizaciones de la sociedad civil presentaron el jueves un informe sobre violaciones a derechos humanos registrados a dos años de la implementación del régimen de excepción en El Salvador.

Este hace una recopilación del número de casos registrados entre el 27 de marzo de 2022, fecha en la que inició el régimen, y el 15 de marzo de 2024, así como un análisis de las reformas que desde la Asamblea Legislativa se han hecho en este periodo y como la medida que fue implementada para combatir el accionar de las pandillas, el Estado la está utilizando para intimidar, amenazar y hostigar a sectores como defensores de derechos, sindicalistas, comunidad LGTBIQ+ y comunidades organizadas, entre otros.

A dos años del régimen, resalta el informe, han ocurrido 6,305 violaciones a derechos humanos, siendo las vulneraciones más registradas las detenciones arbitrarias o ilegales con 5,931 casos, lo que representa 94% de las estadísticas.

Asimismo se han tenido denuncias por violación al debido proceso con 5,470 casos, es decir el 87%; y 1,779 allanamientos de morada, lo que representa un 11%.

Cristosal, la organización Amate, Azul Originario, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), FESPAD, Red Salvadoreña de Defensoras y el Servicio Social Pasionista (SSPAS), también han registrado 814 casos de tratos crueles, inhumanos o degradantes, y 304 casos de hostigamiento.

75% de los afectados son jóvenes

La mayor parte de los afectados son jóvenes con un total de 3,293 casos. Los afectados están entre los 19 y 30 años lo que se traduce al 52.23% del total de denuncias. Asimismo se identifica a agentes de la Policía Nacional Civil como los principales responsables de violaciones de derechos humanos dentro del régimen de excepción con 4,701 señalamientos, lo que tiene una representatividad del al 75% de todas las denuncias.

En 934 denuncias aparecen como actores la PNC en conjunto con la Fuerza Armada.

Entre el 29 de marzo y el 2022 y el 29 de febrero de 2024 han muerto 244 personas bajo la custodia del Estado, un dato que las organizaciones han recabado a partir del seguimiento de noticias y testimonios de víctimas. De estos 226 son hombres y 16 mujeres. Los decesos han ocurrido en centros penales o en hospitales.

En relación a las reformas que durante el régimen de excepción se han hecho, Verónica Reyna, de SSPAS, resalta que una de las más graves modificaciones a la Ley Contra el Crimen, es la de juicios masivos.

“En términos generales quizá lo más grave es la colectivización y eso viola distintos derechos humanos el acceso a la justicia, el debido proceso donde la persona tenga la capacidad de defenderse de una acusación porque no necesariamente se va individualizar la responsabilidad (…) eso es peligroso porque retrocede en términos normativos sobre los avances que se habían tenido en términos penales”, señala.

Dentro de estas reformas aprobadas en la Asamblea Legislativa en julio pasado se establecen además que las personas detenidas bajo el régimen de excepción pueden permanecer presas hasta 24 meses antes de que la Fiscalía las lleve a juicio u ordene su liberación.

“Una medida que debería de ser la última en ser aplicada es la medida de detención provisional. Todo esto pone también en entredicho el tema de reparación a estas personas que si en algún momento son declaradas inocentes, cómo se le va a reparar el tiempo que ha estado en prisión cuando no tuvo que estar en ningún momento. El Estado no está hablando de reparación en absoluto”, opina por su parte Gabriela Santos, directora del IDHUCA.

Para la académica las disposiciones actuales generan distintos problemas como el no seguir una técnica legislativa correcta, y además abre la posibilidad de sustituir la responsabilidad individual, que constituye “un principio básico en el derecho penal”.q

“Cuando una persona es detenida en materia penal debe ser individualizada la participación que ha tenido en el cometimiento de un delito y (ahora) esto se sustituye por una responsabilidad colectiva”, apunta.

De acuerdo a datos oficiales, más de 78 mil personas han sido detenidas durante el régimen de excepción, entre ellos 1,194 menores de edad (hasta el 22 de febrero de 2024).

“El Estado no tiene la capacidad real para procesar a esa cantidad de personas siguiendo los principios que deberían de respetarse en todo debido proceso”, añade Santos.

Las expertas exponen que se tiene una estimación de 109,519 personas adultas privadas de libertad. Señalan además que dentro del régimen se han reducido los estándares de calidad y verificación de las pruebas y el debido proceso al no establecerse con certeza los elementos probatorios que se deben de aportar.

Ante este panorama, las organizaciones llaman al Estado a derogar esta medida y las reformas que consideran son regresivas en materia procesal y penal.

Asimismo piden agilizar los procesos judiciales de personas detenidas y garantizar el debido proceso y acceso a la justicia; a investigar y rendir cuentas sobre las muertes bajo custodia del Estado y a implementar políticas integrales que atiendan las causas estructurales de la violencia y superen el sentido de represión bajo el cual se ejecuta el régimen de excepción.