Un informe presentado, recientemente, por seis organizaciones defensoras de derechos humanos reveló detalles de la grave situación del supuesto abuso y explotación sexual que sufren algunas mujeres dentro las prisiones del país.
Para documentar las condiciones carcelarias, los especialistas tomaron testimonios y datos de 36 personas liberadas bajo medidas alternas a la prisión, aunque aclaran que esto no representa el universo total de personas liberadas.
En diciembre de 2024, el presidente de la República, Nayib Bukele, declaró en Costa Rica que de más de 85,000 personas detenidas en el régimen de excepción, 8,000 habían sido liberadas bajo medidas sustitutivas a la detención provisional.
"En este apartado se presentan testimonios y datos estadísticos sobre las condiciones a las que fueron sometidas las personas durante su permanencia en los diferentes centros penales del país", indica el informe denominado "Tres años de régimen de excepción: Tortura sistemática en las cárceles de El Salvador".
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— Servicio Social Pasionista (@_SSPAS) March 27, 2025
Un testimonio
Una activista de derechos humanos que fue liberada bajo medidas alternas, relató que los custodios ejercen coerción y violencia sexual contra las mujeres que no reciben ayuda de sus familiares a cambio de toallas sanitarias y papel higiénico.
"Había muchas mujeres (...) que no tienen quien le introduzca paquete. Entonces ellas eran víctimas de los custodios que, por sexo, ellas recibían toallas sanitarias, papel higiénico, accesorios de higiene", aseguró la activista en su testimonio.
Con la instauración del régimen de excepción, la Dirección de Centros Penales comenzó a exigir a las familias de las personas encarceladas paquetes mensuales de alimentación y productos de higiene, que oscilan entre los 50 y 150 dólares.
Verónica Reyna, representante del Servicio Social Pasionista, una de las seis organizaciones que trabajaron en la elaboración del informe, explicó que al menos cuatro personas que brindaron su relato aseguraron que existe la práctica de violaciones sexuales dentro de las prisiones.
"Al menos cuatro personas han hablado de esta práctica que implica que custodios o reos en fase de confianza, que tienen poder dentro del centro penal, le den cosas (a las mujeres) a partir de "favores sexuales", pero básicamente es una extorsión sexual", manifestó.
Abusos a hombres
Reyna comentó que las personas liberadas relataron que también los hombres son violentados sexualmente y que en el penal de Mariona hay un cuarto específico utilizado para esas prácticas y es del conocimiento de las autoridades penitenciarias.
"Son extorsiones sexuales que están sufriendo tanto mujeres como hombres dentro de las cárceles y esto recae en la responsabilidad directa del Estado, en este caso del director del centro penal, pero también el director general de centros penales" manifestó.
Reyna considera que el Estado no está tomando las medidas necesarias para prevenir, atender, investigar y sancionar estos hechos,sino está propiciando estás prácticas al no suplir los insumos básicos para las personas detenidas que se encuentran en condición de vulnerabilidad.
"El Estado salvadoreño y en particular el sistema penitenciario debe de garantizar que estas personas tengan tratamiento médico, medicinas requeridas, alimentación, agua, complementos de higiene y la vestimenta necesaria para estar dentro de las cárceles" declaró.
Silvia Juárez, de la Organización de Mujeres por la Paz (Ormusa), expresó que aunque a las mujeres detenidas se les ha restringido derechos y libertades, al estar bajo custodia del Estado, este debe garantizarles el respeto a su humanidad, teniendo en cuenta las reglas del derecho interno, penitenciario y el internacional.
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Juárez puso como ejemplo las reglas de Bangkok que establecen que se debe analizar con criterios diferenciales de lo que el Estado debe garantizarles a las mujeres privadas de libertad en cuanto a la salud y la higiene.
Las reglas de Bangkok son una serie de disposiciones mínimas bajo el enfoque de género, aprobadas por las Naciones Unidas en 2010 para mejorar las condiciones de las mujeres reclusas.
Por otra parte, Juárez señaló que si estas denuncias sobre violencia sexual dentro de las cárceles se confirman sería realmente grave para el Estado.
"Si se cometen abusos por parte del personal de cuerpos uniformados dentro de un centro penitenciario es una grave violación de derechos humanos, incluso es considerado una tortura, porque son personas que están bajo una relación de poder, son sometidas y los abusos se cometen por personas que están armadas y representan al Estado", expuso.
Más denuncias
La abogada Ingrid Escobar manifestó que como Socorro Jurídico Humanitario también han recibido información sobre abusos sexuales dentro de las prisiones, por personas que han sido liberadas luego de pasar meses o hasta tres años encarceladas.
"No me sorprende esto, porque nosotros tenemos testimonios de víctimas liberadas que nos han dicho esto y peores cosas. Es lamentable, condenable y como mujer y defensora de derechos humanos puedo decir que esto es inaceptable, violatorio, degradante y se debe perseguir este delito", dijo.
Escobar explicó que con los testimonios que han documentado pudieron constatar que "en Apanteos, los custodios y reos condenados llevaban bajo coacción a las mujeres a un pasillo donde las obligaban a hacer limpieza desnudas, mientras ellos se masturbaban y luego las violaban sexualmente".
"Es un trato cruel, inhumano, degradante contra las mujeres, no hay una palabra que pueda definir lo que una mujer pueda sentir, al estar sometida a este tipo de "energúmenos", para obtener algo tan básico que debería dar el Estado" agregó.
La directora del Socorro Jurídico manifestó que tuvo conocimiento que trasladaron a un grupo de custodios y a un director del penal de Apanteos debido a que hubo una denuncia sobre esos hechos.
Además, la activista liberada relató que dentro de la violencia sexual de las que son víctimas las mujeres en los penales están los desnudamientos forzosos y revisiones invasivas, violando su derecho a la intimidad e integridad.
"Nosotras salíamos desnudas a bañarnos aquí, justo por el portón de entrada. Aquí estaban los de los del garitón, de los soldados, que nos grababan. Ellos nos grababan (...) y había un custodio, ese se llevaba las cipotas", dijo.
La abogada Jayme Magaña, de la iniciativa Alas por la Libertad, manifestó que el informe constata lo que ya ha estado denunciando en las últimas semanas.
Magaña ha denunciado que están investigando casos de mujeres que quedaron embarazadas estando en prisión como producto de violaciones sexuales cometidos por parte de los custodios.
A inicios de este mes, la abogada aseguró a este medio de comunicación que tiene el testimonio de tres mujeres liberadas que aseguran que algunas privadas de libertad han quedado embarazadas tras abusos sexuales de custodios en los penales de Apanteos e Izalco.
Tras recibir las primeras denuncias, Magaña explicó que junto a otros profesionales han lanzado la iniciativa Alas por la Libertad, para invitar a denunciar de forma anónima a mujeres que sufrieron abuso sexual en las prisiones y que ahora se encuentran libres.
La vulneración de derechos que enfrentan las mujeres privadas de libertad ha sido señalada en otros informes de organismos internacionales. El año pasado, Amnistía Internacional en su informe global de derechos humanos indicó la falta de atención ante la violencia de género en las prisiones.
"No se atendían las necesidades específicas de las mujeres privadas de libertad, como el acceso a servicios de salud reproductiva y la protección frente a la violencia de género", se lee en el documento.
Asimismo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indicó que como factores de riesgo, habían recibido información que las mujeres privadas de libertad, no habían recibido la atención médica adecuada y habían sido expuestas a personal penitenciario sin la preparación adecuada.
"Fue señalado como un factor de riesgo el hecho de que la redistribución de las mujeres recluidas en Ilopango para diferentes centros penales las ha expuesto a personal penitenciario sin la debida formación para atender mujeres, incluyendo custodios hombres", dice el documento.
La CIDH agregó que "como parte de sus obligaciones, los Estados deben garantizar que en los lugares de privación de libertad para mujeres o secciones femeninas en establecimientos mixtos, la vigilancia y custodia de mujeres debe ser ejercida exclusivamente por personal femenino".
¿Quién debería actuar?
Las cuatro especialistas en derechos humanos coinciden que instituciones como la Fiscalía General de la República (FGR) y la Procuraduría para los Derechos Humanos (PDDH) deberían de actuar de oficio e investigar ante este tipo de denuncias.
"La Fiscalía no tiene que esperar a que la víctima de violación sexual o la persona que sufrió tortura dentro de las cárceles llegue a su oficina y le diga con lujo de detalles lo que está ocurriendo", declaró Reyna.
La representante del Servicio Pasionista dijo que la Fiscalía "tiene el deber de actuar de oficio cuando conoce una posible violación a derechos humanos".
"Conocemos de que esto no se está haciendo precisamente por la alineación del fiscal general de la República con los intereses del Presidente", declaró.
Por otra parte, señalan la ausencia del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (Isdemu) institución encargada de velar por los derechos de las mujeres en el país.
"Es Instituto se creó para atender más de la mitad de la población y todos los sectores de la mujeres, incluye a las que están privadas de libertad, por lo tanto, es su deber considerar las condiciones con que las mujeres son tratadas dentro del sistema penitenciario", manifestó Juárez.
La representante de Ormusa también mencionó que los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y la Procuraduría General de la República (PGR) tienen como mandato salvaguardar los derechos de las personas que están siendo procesadas o de las que ya han sido condenadas.
Se solicitó la opinión sobre esta denuncia a las autoridades de centros penales, por medio de un mensaje enviado el 3 de abril al WhatsApp del celular institucional del jefe de comunicaciones y relaciones públicas, Alejo Rubén Carbajal Amaya, pero hasta el cierre de esta nota, no se tuvo respuesta.
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