Organizaciones y movimientos de familiares de personas capturadas en el régimen de excepción marcharon ayer hasta la Asamblea Legislativa para entregar una petición de derogatoria de la normativa que restringe las visitas familiares en los centros penitenciarios.
“Venimos a plantear a la Asamblea Legislativa la derogatoria del artículo 14 “A” de la Ley Penitenciaria, este artículo está limitando la visita de los familiares que fue aprobado de carácter transitorio, ahora lo mantienen de carácter permanente”, manifestó Lourdes Palacios, vocera del Comité de Presas y Presos Políticos (Cofappes).
El escrito que llevaban diversos movimientos y organizaciones de familiares de capturados no fue recibido en la Asamblea Legislativa, informó MOVIR.
Las visitas familiares en las prisiones fueron suspendidas el 1 de marzo de 2020 debido a la pandemia del Covid-19, sin embargo, con la entrada en vigencia del régimen de excepción cuatro años después los familiares siguen sin poder visitar a los presos.
Palacios explicó que la falta de información sobre la salud y el estado jurídico de los detenidos y la restricción de visitas “es mantenerlos en calidad de desaparición forzada”.
“Mantenerlos incomunicados de sus familiares implica una tortura, no saber que está pasando con ellos allá dentro, no saber si les llega el paquete familiar, no se sabe si les entregan sus medicinas, no se sabe en qué condiciones de salud están”, declaró.
Los demandantes manifestaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ha señalado que esas prácticas pueden constituir tratos crueles, inhumanos y degradantes.
“La gente está angustiada, muy desesperada porque no saben en qué condiciones están sus familiares, si están enfermos, si están bien de salud, sabemos que hay una situación muy grave en centros penales, una crisis humanitaria, la gente se está muriendo”, agregó Samuel Ramírez, vocero del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (Movir).
Además, los familiares de los detenidos pidieron a la Asamblea Legislativa crear una comisión especial que investigue al director de Centros Penales y los directores de las prisiones por la prohibición de las visitas familiares.
El cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para garantizar el derecho de los privados de libertad a mantener contacto con sus familiares.
Alma Ruth Vásquez, la madre de Edwin Escalante, relató que no sabe de la condición de su hijo desde que fue capturado el 1 de junio de 2022 y enviado al penal de Mariona.
“Yo pido que me permitan verlo porque es la única forma que podré saber si mi hijo está con vida todavía, porque ya tiene 27 meses ahí y yo no sé si está vivo porque no tengo información de la nada, no me consta que él siga con vida”, expresó Alma.
El vocero de Movir manifestó que cada semana les reportan casos de personas fallecidas bajo custodia del Estado y sospechan que las muertes son mucho más de lo que algunas organizaciones de derechos humanos han logrado documentar.
“Son más de 300 personas fallecidas, no podemos dar cifras, porque creo que son más que esos, ese dato es el que sabe por las redes sociales, pero hay un archivo oculto que es el que el gobierno no quiere dar a conocer, yo supongo que son más de 1,000 personas muertas en el régimen”, declaró Ramírez.
