El 3 de abril, los policías capturaron a Samuel Antonio Monjarás Lizama, un docente de 43 años, por impedir que capturaran a su hijo de 19 años en el municipio de Santa Elena, Usulután. El día de la detención esta familia se dirigía a comprar insumos para los negocios de comida y bebidas que no tenían más de dos meses de haber abierto.
De las pocas cosas que sabe la familia Monjarás Lizama es que trasladaron a sus parientes al penal de Izalco y que tuvieron que llevar a Samuel al hospital porque tuvo una decaída por las enfermedades que padece, hipertensión y diabetes.
Una de las preocupaciones más grandes de la familia es que tanto Samuel como su hijo padecen las mismas enfermedades, por lo que deben tener mayores cuidados con sus dietas, alimentación y medicamentos.
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Al igual que otras familias que dicen haber capturado a sus parientes injustamente, los Monjarás Lizama están buscando ayuda con abogados particulares para poder ayudar a sus parientes detenidos. “Un abogado nos quiere cobrar casi 10,000 dólares”, menciona Kelvin Osorio, primo de Samuel.
Destaca, además, que la familia está considerando vender uno de los negocios, para los que tuvieron que realizar préstamos para emprender como familia ó vender un carro para poder buscar otras alternativas de ayudarlos con un abogado particular. Kelvin, dice que aunque el abogado que les asignaron de parte de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), se comunicó con ellos para decirles los motivos por los que capturaron a su primo y sobrino, no le hacen mucho sentido.
“Estábamos viendo cuál es el delito que les imputaron y solamente agrupaciones, prácticamente solo por llevarlos y ya después ven qué dicen”, cuenta Kelvin. El hecho de no conocer mucha información para esta familia es motivo de desesperación y preocupación, sobre todo porque temen que vayan a pasarlos a fase de instrucción sin cumplir el debido proceso.
La desesperación más grande de esta familia es conocer si el estado de salud de sus parientes está bien, porque temen que puedan tener complicaciones y no obtener la ayuda que necesitan para poder ser estabilizados en los momentos de recaídas.
El 16 de abril se llevó a cabo la audiencia de Samuel Monjarás y su hijo. Ambos fueron detenidos por seis meses. Según sus familiares, no dejaron salir a nadie de los 200 detenidos a los que les realizaron la audiencia al mismo tiempo, para todas estas personas solo fueron asignados dos procuradores.
Kelvin Osorio menciona que la familia ha presentado todas las pruebas para comprobar que sus familiares no pertenecen a ningún grupo delictivo y tampoco están relacionados a algo parecido. La respuesta por parte de las autoridades hacia la familia ha sido que esas pruebas no son funcionales en ese tipo de audiencias, aunque las personas no hayan cometido ningún delito.
Luego de más de dos semanas los Mojarás siguen sin conocer exactamente cuál es el estado de salud de Samuel y su hijo, quienes necesitan tomar sus medicamentos para poder estar bien. “No sabemos nada, no nos dan información”, afirma Osorio.