Paolo Ruano, de 22 años, que actualmente milita en el A.S. Atlas F.C. de la Tercera División de fútbol salvadoreño, fue capturado por miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) junto a su hermano, Gerardo Ruano, el pasado martes 29 de octubre, mientras trabajaban como "bordoneros", en la gestión de los viajes en taxi de las personas que transitan en la Terminal del Sur, en San Marcos.
Ese día comenzó la lucha de su familia por denunciar que la captura de los hermanos es arbitraria puesto que, aseguran, no poseen ningún tipo de vínculo con pandillas, ni antecedentes penales.
La Terminal del Sur está cerca de la colonia 10 de Octubre en la cual el presidente Nayib Bukele ordenó un día antes que se instalara un cerco de seguridad, por la supuesta presencia de pandilleros activos en esa zona, lo que incrementó la presencia de militares y policías en la zona, con un despliegue de 2,500 elementos según datos de Presidencia.
LE PUEDE INTERESAR: Policía es señalado de capturar arbitrariamente a cuatro mujeres comerciantes
La captura de los hermanos fue confusa e injusta, asegura Claudia Romero, su madre. En una llamada que tuvo con Paolo, su hijo menor, le explicó que al momento de la detención no les explicaron porque los apresaban, solo les ordenaron subir a la patrulla.
Hasta el miércoles 30, un día después, los hermanos supieron que eran procesados por el delito de "agrupaciones ilícitas" y que estaban perfilados como pandilleros. Esto les fue informado en la Procuraduría General de la República.
Eran las 9:30 de la mañana aproximadamente del martes 29 de octubre cuando Claudia salía del Mercado Municipal de San Marcos, cercano a la Terminal del Sur. Mientras caminaba por la calle principal observó una patrulla, la cual llevaba en la parte de atrás a sus hijos. Sorprendida, comenzó a hacer gestos de pregunta sobre por qué iban en la patrulla. Gerardo, su hijo mayor, no supo cómo contestar debido a que llevaban a dos oficiales de una unidad especializada de la PNC custodiándolos.
Fueron llevados a la División de Tránsito Terrestre, donde les tomaron datos personales. Según la madre, quien llegó al lugar, los policías no les habían incautado aún sus teléfonos. Tampoco estaban esposados. Claudia pidió explicaciones a un agente sobre los delitos por el cual los arrestaban, pero el oficial se limitó a contestar "no tengo por qué darle explicaciones a usted", según la madre.
La mujer explica que el policía tomó fotos a los DUI de los hermanos durante varios minutos y, posterior a ello, bajó otro oficial con unas hojas impresas donde estaban los rostros de los capturados. Acto seguido los bajaron de la cama del pick up, los esposaron y les tomaron fotos.
Personas cercanas a los hermanos están consternados ya que aseguran que Paolo y Gerardo Antonio Romero no son delincuentes. En las redes sociales exigen justicia para ambos.
La familia siente temor debido a que no es la primera vez que los capturan. Fueron detenidos en circunstancias similares mientras trabajaban en la Terminal del Sur. Pero, en esa ocasión la policía no les encontró ningún antecedente penal, ni vínculo con las pandillas y fueron liberados el mismo día.
Cuando Claudia Romero fue a solicitar la constancia de antecedentes penales ante ese incidente, quien la atendió aseguró que sus hijos no tenían ningún tipo de antecedentes en el sistema.
Cortarle las alas
Antes de ser capturado, Paolo Alessandro Ruano Romero debutó este año en la Tercera División de fútbol de El Salvador en el equipo A.S. Atlas FC, de Santiago Nonualco, luego de una formación continua en academias de fútbol en San Marcos y la Asociación Departamental de Fútbol Amateur (ADFA) de ese mismo municipio.
Su entrenador, Duvan Echeverri, y los demás compañeros de equipo manifiestan una profunda tristeza y consternación, debido a que Paolo siempre ha sido un compañero disciplinado con sus entrenos; también conocen sobre su otro trabajo en la terminal y nunca han conocido una versión conflictiva de él.
"Que de un momento a otro nos digan que el portero titular lo han capturado en cerco militar en San Marcos, nos preguntamos, ¿por qué? Si es un muchacho tranquilo, es un jugador joven, trabajador, que quiere mejorar para él y darle lo mejor a la familia", explicó el técnico.
Echeverri lo define como una persona disciplinada, que tiene potencial para mejorar y que la captura podría perjudicar su desarrollo como futbolista profesional.
"Sería bueno que nos diéramos cuenta del daño que se le hace a la persona, a la imagen de él. Ante estas situaciones le cortamos las alas, sería bueno que primero se indagara bien las cosas. Les deja un antecedente que no se merecen", aseveró.
Paolo trabajaba desde las 4:00 de la madrugada hasta las 12:00 del mediodía como "bordonero" en la Terminal del Sur para obtener un segundo ingreso en su vivienda. Por la tarde tenía sus entrenamientos.
El caso de Paolo no es el primero durante el régimen de excepción. En diversas ocasiones se han manifestado capturas de jugadores profesionales de fútbol, que los acusan de agrupaciones ilícitas y los vinculan con grupos de pandillas.
El 13 de enero del presente año fue capturado Jonathan Josué Rivera Rosales, un jugador de 26 años que jugó en el equipo de reserva de AD Chalatenango (entre 2018-2020), Talleres (2021-2022) y actualmente en Brasilia desde el 2023. Fuentes cercanas a la familia del detenido aseguran que fue intervenido por policías cuando regresaba de dejar desayunos en Suchitoto, Cuscatlán, puesto que también ayudaba en el comedor de su madre.
Tres días después, el 16 de enero, en el barrio El Chile de Chalatenango, fue capturado Christopher Alejandro Coto, un joven de 20 años que jugaba actualmente en el equipo Talleres Junior, de Tercera División. También militó en el desaparecido AD Chalatenango, donde jugó 14 partidos en Primera División y, anteriormente, representó a El Salvador en selecciones nacionales juveniles Sub 13 y Sub 17, como parte de su historial como atleta profesional.
El 5 de octubre de 2022 también se ejecutó la captura de José Vladimir Pérez Menjívar, quien jugaba en la reserva del AD Chalatenango. El equipo norteño publicó un comunicado donde detalla que había sido detenido en una "situación confusa" y que esperaban su pronta liberación. El 11 de octubre de ese mismo año fue liberado, tras no encontrar delitos atribuidos.
Tres hijos sin su padre
Gerardo Antonio Romero tiene 29 años de edad, con su captura deja a tres hijos menores de 10, 11 y 12 años sin su figura paterna. Los niños solo se han quedado con el apoyo de su madre, quien intenta generar ingresos con trabajos domésticos como lavar ropa, limpieza de hogares y haciendo encomiendas.
Desde hace 4 años, Gerardo junto a su hermano trabajaba también como "bordonero" en la Terminal del Sur desde las 4:00 am. En el caso de Gerardo, culminaba su trabajo hasta las 6:00 p.m. y esta era la fuente de ingreso principal para su familia.
En la familia también existe temor que la condición de salud de Gerardo se agrave, puesto que tiene diagnóstico de pre-diabetes, sinusitis y un padecimiento de lumbago que le imposibilita moverse por dolores en la parte baja de la espalda.
Ambos hermanos se formaron hasta bachillerato general. Paolo culminó sus estudios en el Instituto Nacional de San Marcos, y Gerardo en la Escuela Nacional del Comercio (ENCO). Claudia, su madre, explicó que sus hijos decidieron trabajar para generar ingresos económicos en su familia y mejorar su calidad de vida.
La detención de los hermanos ha generado ruido en las redes sociales de los conocidos de las víctimas, que califican estas capturas como "arbitrarias" e "injustas".
"Este tipo de capturas revela una modalidad o patrón de detenciones que son arbitrarias y que no responden al objetivo de investigar e identificar responsables de crímenes en esos territorios. Parece tener el propósito de hacer más números con las detenciones", señaló Abraham Ábrego, director de litigio estratégico de la oenegé defensora de derechos humanos Cristosal.
El especialista también destacó que estas capturas deberían realizarse luego de investigaciones previas por entes competentes como la Fiscalía General de la República o donde haya una orden judicial, lo cual dista del procedimiento hecho contra los hermanos Romero.