Al menos 100 personas integrantes del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción, Movir, marcharon desde el redondel José Martí hasta la Asamblea Legislativa para entregar una propuesta de decreto que intente ayudar a las personas detenidas ilegalmente que padecen de enfermedades crónicas o terminales.
Samuel Ramírez, vocero de Movir expresó en una conferencia de prensa previo al inicio de la manifestación, que debido a la falta de información se desconoce la cantidad de detenidos ilegalmente que están sufriendo alguna enfermedad, pero que entre las personas que recurren a esta organización tienen registro de casos de personas que sufren enfermedades como insuficiencia renal y diabetes por mencionar algunas.
Asimismo, denunció que el sistema de salud está negando las constancias de salud a los familiares que las solicitan para la documentación necesaria que solicitan los abogados del sistema público para las diligencias de los detenidos. “Al gobierno no le importa que la gente se muera por falta de atención médica”.
El vocero también recalcó que dentro de los centros penitenciarios hay otros casos en los que los privados de libertad adquieren enfermedades y estos no son atendidos inmediatamente, otro caso que señaló es el de personas inocentes que están siendo víctimas de pandilleros con los que comparten celda. “Los pandilleros ya no matan en las calles, están matando en las cárceles”.
Entre los asistentes a la marcha se encuentra Rosa Mirna, quien pide la liberación de su hermano Carlos Humberto, de 27 años de edad, quien ya tiene 18 meses recluido en el penal de Izalco y a quien le han informado custodios que ha sido trasladado a un centro especializado de salud por complicaciones de salud. “No me han informado que está padeciendo y tampoco si ese centro de salud está dentro del penal, estamos preocupados”, expresó mientras carga en sus manos la foto de él.
Para los integrantes de Movir es imperdonable que a un año y nueve meses de la implementación del régimen no se corrigen los errores que se han cometido contra la población por la implementación del decreto ejecutado por las instituciones de seguridad, por lo que señalan al Estado ser cómplice de la muerte de las personas detenidas y que no son parte de las estructuras delincuenciales.
Según Ingrid Escobar, directora de Socorro Jurídico Humanitario en una entrevista que ofreció a principios de enero a la agencia EFE, hasta el pasado dos de enero del 2024 hay un registro de 218 muertes de personas que se encuentran en custodia del Estado, el 94% del total los casos que tienen registrados son de personas que no pertenecen a pandillas.
Por otro lado, Escobar denunció que el 60% de estos han sido catalogados de muertes violentas, en el que los familiares denunciaron que los fallecidos tenían señales de tortura, golpes o estrangulamiento.
Al llegar a la Asamblea Legislativa, los manifestantes fueron recibidos con una barricada y fuerte presencia de la Unidad del Mantenimiento del Orden de la Policía.
La propuesta de decreto entregada por Movir fue recibida por Anabel Belloso del FMLN, Claudia Ortiz del partido Vamos y Francisco Lira del partido Arena, quienes compartieron la idea con los manifestantes de que el régimen ya no debería reproducir errores que afecten a la vida de los ciudadanos. “Debe haber una seguridad sin margen de error, es decir, los inocentes afuera y los criminales adentro y no al revés”, expresó Claudia Ortiz.
La diputada Anabel Belloso denunció que para el oficialismo el régimen de excepción es utilizado únicamente como propaganda del gobierno y no toma en cuenta las realidades en que viven las personas que han sido capturadas y que no pertenecen a grupos delincuenciales y que no han cometido delitos.
Hasta la fecha se registran, según fuentes oficiales, más de 74.000 detenciones. Hasta el momento, según Socorro Jurídico, han sido liberadas 7,000 personas bajo medidas sustitutivas.
