Pese al régimen de excepción que el gobierno aplica desde el pasado 27 de marzo, el desplazamiento forzado de familias por parte de las pandillas ha continuado, señaló este viernes Ruth López, directora Anticorrupción y Justicia de Cristosal, quien reportó que en lo que lleva de vigencia la medida han registrado 111 denuncias al respecto.
"Es decir las pandillas siguen en el territorio y hay lugares donde la Policía y Fuerza Armada no entran, nosotros (Cristosal) tenemos 111 denuncias de personas que han requerido ser acogidas porque han tenido amenazas de pandillas", dijo López durante la entrevista Encuentro con Julio Villagrán.
Indicó, además, que solo la organización de la sociedad civil que dirige reportaba hasta este 15 de julio por la mañana la denuncia de 2,501 personas por vulneraciones a derechos humanos, de esa cifra 2,456 casos correspondían a detenciones arbitrarias.
Según publicó en Twitter el Ministerio de Justicia y Seguridad, hasta el 12 de julio reportaban 45,660 personas capturadas.
"Se están provocando muchísimas detenciones arbitrarias, al principio la gente decía 'el que nada debe nada teme y ya va a salir', pasaban los 15 días, 'no es que en la audiencia va a salir', ya vimos que en las audiencias no salen, porque reformaron el Código Procesal Penal y de ahí se agarran los jueces, jueces que no son jueces de la Constitución, porque tendrían que hacer todo un análisis, y lo que están haciendo es remitiendo directamente a los centros penales, con una detención de seis meses", subrayó López.
Dentro de las denuncias por abusos de poder, López detalló que su institución ha documentado los casos de 161 personas con enfermedades crónicas, los de 24 personas con discapacidad y los de dos embarazadas.
También informó que han recopilado datos sobre 61 personas que han muerto en un penal tras ser detenidas bajo el régimen de excepción.
"Estos fallecimientos son responsabilidad exclusiva del Estado, no son muertes naturales. Tenemos personas que han fallecido por falta de atención médica, porque le faltan sus medicamentos, hay personas con VIH que no les han continuado su tratamiento, todo esto ha sido reflejado en el informe de Cristosal", manifestó.
López afirmó que los informes recopilados por Cristosal son enviados a otros organismos internacionales, entre estas a Naciones Unidas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Según la abogada, el régimen de excepción le ha servido al gobierno para evadir la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), pues la Asamblea liderada por el oficialismo ha dado luz verde al Ejecutivo con leyes especiales que se saltan los procedimientos establecidos en dicha legislación.
"Yo me quiero quedar con el tema de la opacidad y hasta cuándo va durar esto. Esto va a durar mientras le sirva el régimen (gobierno), y eso significa que esto lo ha llevado acompañado de leyes para evadir la Lacap, por ejemplo la construcción de los centros penales y además tenemos unas regulaciones especiales precisamente para que todo lo que vaya dentro del régimen de excepción no tenga que pasar por la Lacap", agregó.