Representantes del Socorro Jurídico Humanitario y familiares de un paciente psiquiátrico capturado en el contexto del régimen de excepción, pidieron su liberación debido a que consideran que su captura es arbitraria.
Steven Wilfredo Mendoza Cruz, fue capturado el 23 de mayo de 2022 en un retén vehícular en la colonia San Martín, jurisdicción de San Martín, cuando regresaba de una consulta de psiquiatría en la Unidad Médica de Ilopango del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), según relató su tía Elisa Ramírez.
Aunque el joven, quien iba acompañado de su madre y un hermano, mostró a los policías los documentos que respaldan su condición y los medicamentos que había recibido ese mismo día, los agentes le dijeron que quedaría detenido por agrupaciones terroristas.
“Estoy este día acá porque mi sobrino fue capturado arbitrariamente (...) él estaba trabajando y venía de su consulta en el Seguro Social. Desde ese momento nosotros no lo volvimos a ver, no sabemos qué es de él, si está bien o está mal. Nosotros no lo hemos visto en foto, no lo hemos visto en hospitales, no sabemos nada”, explicó la tía.
Familiares de Steven Wilfredo Mendoza Cruz, paciente psiquiátrico capturado durante el régimen de excepción, piden su liberación porque consideran que se trata de una captura arbitraria. El joven laboraba como cocinero en un restaurante de comida mexicana. @elsalvadorcom pic.twitter.com/fheegjoooA
— Lissette Lemus 🇸🇻 (@lissettelemusSV) July 30, 2024
Elisa relata que luego de la detención varios familiares se fueron hasta la delegación para preguntar el porqué de su detención y para entregar los medicamentos de venta restringida que toma, pero los agentes se negaron a recibirlos y les amenazaron que si no se iban del lugar los detendrían a todos.
“Nosotros no somos terroristas, en ningún momento hemos sido terroristas, para que nos trataran de la forma en que nos trataron y para que hayan llevado de esa manera a mi sobrino y jamás volverlo a ver”, agregó.
La madre de Steven, Ana Ramírez, explicó que su hijo fue diagnosticado con trastorno de ansiedad generalizado luego de la pandemia del Covid-19, por lo que comenzó tratamiento con un psiquiátra del ISSS, debido a que tenía un empleo formal.
Según la documentación aportada por la madre de Steven, el joven laboró en una empresa nacional de venta de pollo frito y al momento de ser capturado era cocinero de una cadena de restaurantes de comida mexicana.
“El comenzó a trabajar después de terminar su bachillerato general, era trabajador, nunca le gustó andar en la calle”, dijo la señora.
Jayme Magaña, abogada del Socorro Jurídico, confirmó que el caso de Steve lo han presentado al sistema de denuncias de la Organización de Naciones Unidas (ONU) porque consideran que tienen suficientes elementos que demuestran que se trata de una detención arbitraria, pero además el derecho internacional establece que las personas con problemas mentales deben ser procesadas con medidas alternas a la prisión.
Las familiares manifestaron que hasta el momento no saben de la situación jurídica de Steven porque cuando fueron a consultar al defensor público les dijo que ya no llegaran porque no iban a revisar casos de los detenidos en San Martín.
Las familiares hicieron un llamado a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) para que verifique la condición de salud de Steven dentro del penal de Izalco y solicitaron al Juez 1 del Tribunal Primero del Crimen Organizado la revisión del caso lo más pronto posible.
“Nosotros lo que queremos es una señal que él está bien donde está porque sus hermanos y toda la familia lo esperamos en casa”, dijo Elisa.
La tía del capturado manifestó que al principio no denunciaron el caso por temor, pero ahora que ya van 23 meses sin saber de su sobrino temen que le haya pasado algo pero en la prisión y no las autoridades no les hayan informado.
La familia del joven detenido fue víctima de la violencia por vivir en un territorio que era límite entre las dos pandillas, un hermano fue asesinado hace algunos años, el caso quedó en la impunidad, igualmente por el temor a represalias.
Ingrid Escobar, directora del Socorro Jurídico, explicó que ante las decenas de muertes en centros penales porque los privados de libertad no reciben la atención médica adecuada, la familia teme que haya pasado algo peor con Steven y las autoridades no les hayan informado.