Un total de 6,426 víctimas de violaciones de derechos humanos han sido documentadas por siete organizaciones sociales desde el 27 de marzo de 2022 hasta el 30 de junio de 2024, en el contexto del régimen de excepción.
Los casos más graves son las 265 muertes dentro de las prisiones, cuatro de ellas corresponden a niños y niñas, dos recién nacidos y dos en etapas de gestación.
Siete organizaciones sociales han recibido 6,426 denuncias de violaciones a derechos humanos desde el 27 de marzo al 30 de junio de 2024. @elsalvadorcom pic.twitter.com/5RHVZQ3uVB
— Lissette Lemus 🇸🇻 (@lissettelemusSV) July 25, 2024
Verónica Reyna, representante del Servicio Social Pasionista (SSPAS) explicó que las muertes de personas trabajadoras, estudiantes y recién nacidos en penales han sido documentadas por Cristosal, por medio de entrevistas a familiares, revisión de expedientes médicos y documentación estatal de la causa de muerte.
“Parte de lo que se intenta mostrar es que estas personas no necesariamente estaban vinculadas a grupos pandilleriles, sino que contaban con trabajos, estaban estudiando y eran parte de la comunidad y es muy probable que hayan sido criminalizadas injustamente” manifestó.
Reyna plantea que si esas personas fueron criminalizadas injustamente la responsabilidad del Estado es aún mayor y debe haber reparación.
“En todas las muertes que ocurren dentro de centros penitenciarios, el Estado es responsable primario y debe demostrar que no tiene responsabilidad de esas muertes, no es al revés y nos preocupa que no haya investigaciones suficientes autónomas, independientes”, agregó.
Otras violaciones
Las violaciones más denunciadas son las detenciones arbitrarias y faltas al debido proceso con 6,054 víctimas, allanamiento de morada con 1,823, tratos crueles inhumanos 876, amenazas 584 y desaparición forzada 356.
El año que reporta la mayor cantidad de hechos violatorios en el marco del régimen de excepción es 2022 con 4,675, es decir 73% del total de víctimas, en 2023 se registraron 1,152 y en lo que va de este año 245.
Sin embargo, Jorge Rodríguez, del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, Idhuca, considera que esa reducción no se debe interpretar como una mejoría en la situación de los derechos humanos, porque la totalidad de estas víctimas aún permanecen privadas de libertad, en hacinamiento carcelario, con dificultad para acceder a las garantías judiciales.
“Es una situación que sigue siendo sumamente delicada, estamos hablando de que el hacinamiento carcelario, al margen del Cecot, andaría por el 300%”, aseguró Rodríguez.
Víctimas y territorios
La mayoría de las personas vulneradas son jóvenes entre 19 y 30 años representando el 52.2%, también se registraron tres casos correspondientes a niños entre 0 y 12 años.
Del total de víctimas, 5,357 son hombres, 1, 023 mujeres y 137 de la diversidad sexual y de género.
Nataly de Paz, de la Red Salvadoreña de Defensoras, explicó que la situación de la población diversa es bastante crítica porque no hay una atención diferenciada respetando su identidad.
“No solo las capturas arbitrarias está afectando a la población LGTBI y especialmente a la población trans, si no que hay otras violaciones que conlleva todo el régimen, tenemos datos de hostigamiento, acoso e incluso agresiones sexuales por parte de agentes de la Policía”, declaró.
En cuanto a la territorialidad de donde se reportan más denuncias, son tres departamentos que concentran casi el 60% de la totalidad de víctimas. La mayor parte se localizan en San Salvador con un 38%, seguido por La Libertad con un 11% y Sonsonate con el 10%.
El lugar en el que ocurrió la vulneración en primer lugar se encuentra la vivienda con un 41.69%, en la vía pública un 20.53%, en el lugar de trabajo un 11.36%, entre otros.
Rodríguez remarca que las violaciones que se dieron dentro del lugar de habitación de las víctimas muy probablemente fueron observadas por el entorno familiar.
“Muchos de estos procedimientos han sido remarcados por el uso abusivo de la fuerza, por negativa de dar explicaciones sobre los motivos de la detención, en general, que pueden llegar a configurar eventos traumáticos para los grupos familiares”, enfatizó.
Los datos de las organizaciones detallan que los hechos violatorios fueron cometidos en un 75% por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), grupos de tarea conjunta en un 15%, la Fuerza Armada en un 7%, y otros agentes el 3% restantes.
Reyna explicó que las violaciones sistemáticas de derechos humanos y de políticas altamente represivas que priorizan la detención masiva de personas son características de gobiernos y Estados autoritarios que buscan controlar los problemas “desde un ejercicio abusivo del poder que genera violencia”.
“La Policía es ahora quien comete más hechos de desplazamiento forzado interno, ante las pandillas. Esos son síntomas de democracias que están siendo debilitadas, de instituciones que no están funcionando de manera autónoma e independiente”, enfatizó.
Los datos fueron recopilados por el Idhuca, la Red salvadoreña de defensoras de derechos humanos, el SSPAS, la Asociación Azul Originario (AZO), Cristosal, Amate y la Fundación de estudios para la aplicación del derecho (Fespad).