El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra, Suiza, está recopilando información sobre cuatros casos de presuntas capturas arbitrarias, denunciadas por el Socorro Jurídico Humanitario
Aunque el proceso se encuentra en la etapa inicial, eventualmente el Grupo solicitaría al Estado salvadoreño información sobre esos casos específicos presentados por esa organización defensora de derechos humanos.
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“Esto significa que los esfuerzos que hemos hecho en hacer uso de los mecanismos de Naciones Unidas están comenzando a dar resultados (...) es una señal que sí se puede hacer justicia si sabemos utilizar los mecanismos internacionales y eso es muy positivo”, manifestó Ingrid Escobar, directora del Socorro Jurídico Humanitario.
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Esta comisión de la ONU integrada por expertos independientes investiga supuestos casos de privación de libertad impuesta arbitrariamente o detenciones que sean incompatibles con las normas internacionales establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos o en instrumentos jurídicos internacionales ratificados por los Estados.
Escobar explicó que los expertos les han solicitado información adicional sobre cada uno de los incidentes presentados, para posteriormente solicitar información al Estado salvadoreño.
Luego del análisis de la información presentada por ambas partes el Grupo convocaría a una audiencia, donde tanto la organización denunciante, las víctimas y el Estado deben exponer sus valoraciones, para que este posteriormente emita una opinión jurídica.
Escobar asegura que la opinión jurídica emitida por estos expertos se puede utilizar, en un futuro, en procesos ante el sistema interamericano de Derechos Humanos.
“Si la opinión jurídica confirma que hay detenciones arbitrarias estaría diciendo que El Salvador es un Estado violador de derechos humanos”, manifestó.
La directora del Socorro Jurídico explicó que los patrones que han tomado en cuenta para agrupar estos cuatro casos es que se trata de personas jóvenes, detenidos sin orden de captura y que han agotado todas las instancias nacionales.
En los casos que el Grupo de la ONU evaluará en conjunto con las organizaciones denunciantes, víctimas y Estado están las detenciones de dos jóvenes capturados en el cerco militar en Soyapango ordenado por el presidente Nayib Bukele en diciembre de 2022, un estudiante de Inglés y una persona VIH positivo.
Estudiante de Inglés
Jorge Luis Caridad Amaya, de 18 años, fue detenido el sábado 14 de mayo de 2022 cuando se dirigía a sus clases de Inglés en una academia privada, localizada en el centro de Quezaltepeque.
Su madre Maribel Amaya ha alegado de manera constante durante más de dos años que la captura de su hijo es arbitraria, de tal manera que perdió el miedo que la invadía al principio y denunció el caso en diferentes medios de comunicación y en conferencias de prensa, con el apoyo del Socorro, organización que la ha respaldado jurídicamente.
La señora comenzó a denunciar públicamente 14 meses después de su captura luego que, por medio de una foto que circulaba en redes sociales, se dio cuenta que su hijo estaba enfermo, sin embargo, las autoridades no le brindaron información al respecto.
Cuando ví la foto yo lo reconocí inmediatamente. ¿Cómo no voy a reconocerlo si es mi hijo?” expresó, mientras mostraba la foto de un joven en las instalaciones del hospital Rosales, visiblemente desmejorado de salud.
La madre del joven ha denunciado que ha agotado todas las instancias nacionales en su intento de demostrar la inocencia de Jorge Luis, sin tener resultados y consideran que no se ha respetado el debido proceso.
Con el apoyó del Socorro Jurídico el 23 de julio de 2024 presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) un escrito para denunciar que el fiscal del caso no había cumplido con una orden judicial de registrar las declaraciones de todos los testigos de descargo.
La directora del Socorro Jurídico explicó ese día que se trataba de testigos que la jueza había admitido meses antes, pero el fiscal no los había interrogado.
El 23 de octubre de 2024 el caso fue informado por el Socorro Jurídico al sistema de comunicación urgente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, como captura arbitraria y desaparición forzada.
“La defensa tiene todo para demostrar su inocencia, se ha solicitado audiencia especial de revisión de medidas pero la han negado. Lo que logremos de este proceso que se va a cuasi-judicializar en Naciones Unidas sentará un precedente”, publicó esa organización al respecto.
El Tribunal Segundo Contra el Crímen Organizado, Juez 2 de San Salvador, realizó el 13 de enero de este año una audiencia especial de revisión de medidas por el caso de Jorge Luis, pero según la defensa, le fueron negadas las medidas alternas a la prisión bajo el argumento “que la defensa no había presentado ningún elemento nuevo”.
Empleado de maquila
Jonathan Edenilson Santos Castillo, de 20 años, fue capturado el 26 de diciembre de 2022, durante un cerco militar instalado en el municipio de Soyapango.
Cuando los dos agentes ingresaron a la vivienda, Jonathan estaba de vacaciones de fin de año en su trabajo y se encontraba sobre un sillón jugando Fornite en una consola de videojuegos; al ver eso, uno de los agentes le habría dicho: "estás jugando un juego de mareros”, relata su padre Reynaldo Santos.
Fortnite es un videojuego que ha sido ampliamente promocionado por el mismo presidente Nayib Bukele, luego que la plataforma lo incluyera como personaje en una representación exacta del Centro Histórico de San Salvador.
Reynaldo, quien previo a la captura de su hijo, creía que el régimen de excepción sólo era aplicado a pandilleros, se ha enfrentado con un sistema de desinformación y abandono.
Una de las primeras situaciones que enfrentó fue la falta de información por parte de las autoridades, pues se tardó tres días en poder confirmar que su hijo había sido enviado al penal de Mariona, luego de pasar unas horas en una delegación policial tras su detención.
El 6 de enero de 2023, Jonathan enfrentó la audiencia inicial junto a un poco más de 80 personas. Como pasa casi con todos los casos del régimen, no hubo revisión adecuada de arraigos y el juez decidió que el joven y todos los demás siguieran en prisión.
La Fiscalía ha acusado al joven de de ser miembro activo de una clica de la MS-13 con el rango de colaborador, cosa que Reynaldo niega, pues asegura que su hijo laboraba como auditor de calidad en una maquila, de lo cual tiene constancia. Agrega que por la tardes jugaba fútbol macho y cuando no, se entretenía jugando videojuegos.
Por ello ha presentado diversas denuncias en instituciones públicas y organismos de para la defensa de los derechos humanos.
Once meses después de su captura, una abogada particular logró que se desarrollara una audiencia de revisión de medidas, pero el Tribunal determinó que no podía valorar los arraigos, porque no habían elementos nuevos.
Entre los arraigos que la familia ha logrado reunir están: constancia de trabajo, historial académico, solvencia de antecedentes penales, escrituras de la vivienda, declaraciones juradas y cuentas bancarias.
En casi dos años, los mecanismos nacionales a los que Reynaldo podía acceder se han ido agotando, por ello el 27 de agosto de 2024, con el apoyo del Socorro Jurídico Humanitario, Reynaldo envió al Sistema de información sobre procedimientos especiales de las Naciones Unidas el caso de su hijo, como una captura arbitraria.
Capturado en cerco militar
Williams Antonio Díaz Villatoro fue capturado el 3 de diciembre de 2022 cuando se dirigía a su trabajo, durante el contexto del cerco militar en Soyapango.
La familia junto al Socorro Jurídico denunció el 12 de marzo de 2024 que el joven había sido capturado por militares solo porque tenía dos tarjetas de débito, una con un saldo de 200 dólares. Además, señalaron que se habían enterado de forma extraoficial que mientras permanecía detenido en la prisión de Izalco, Williams había enfermado de tuberculosis.
"En el momento de su captura no le explicaron nada más que tenía que acompañarlos y la única prueba que tenían es que él tenía dos tarjetas .En las que él tenía había aproximadamente $200 y eso no es constitutivo de delito", señaló en ese momento la directora de esa organización.
El Socorro Jurídico presentó el 28 de agosto de 2024 ante el sistema de Naciones Unidas una comunicación urgente por la desaparición forzada del detenido.
“Se suponía que él estaba en el Centro Penal de Izalco, pero la misma jueza ha notificado que, muchas veces, el Instituto de Medicina Legal, ha solicitado ingresar para una revisión médica y el director del centro penal niega el ingreso a los peritos”, señaló el Socorro Jurídico.
Un mes después denunciaron que en siete ocasiones se había ordenado judicialmente que se le practicara un examen médico a Williams, lo cual no había sido posible porque las autoridades del centro penal de Izalco no habían permitido el ingreso de médicos del Instituto de Medicina Legal.
A principios de septiembre del año pasado la familia presentó una solicitud de habeas corpus a favor del capturado, por la renuencia de Centros Penales en permitir el ingreso de Medicina Legal para que le hicieran la revisión médica.
Defensor de derechos de personas con VIH
Anderson Stanley Argueta Rivera es una persona VIH positivo desde su nacimiento y fue capturado el 15 de mayo de 2022 en San Bartolo.
El Socorro Jurídico Humanitario denunció el 16 de octubre de 2024 su preocupación por la situación de salud de Anderson en centros penales debido a que desde agosto del año anterior no había sido llevado al hospital para recibir sus medicamentos.
La denuncia se basó en un informe que el mismo hospital había entregado a la madre del detenido que hacía constar que no había retirado los medicamentos para su tratamiento y en una fotografía que circuló en redes sociales donde se le ve en estado de desnutrición.
La familia asegura que el joven no es pandillero como lo señalan las autoridades, sino que es defensor de derechos humanos de personas con VIH y relataron que fue detenido cuando regresaba de un congreso en Costa Rica.
La próxima sesión del Grupo de Trabajo de la ONU está prevista para agosto de este año.
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