El equipo de abogados del Socorro Jurídico Humanitario presentó la mañana del lunes ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia contra diputados y funcionarios de gobierno por delitos de lesa humanidad cometidos en el contexto del régimen de excepción.
Los denunciantes argumentan la acusación con base en un escrito oficial emitido por seis relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quienes señalan que un régimen de excepción de carácter permanente no es compatible con el derecho internacional y genera graves violaciones a derechos humanos.
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“Vayan a leer ese informe de la ONU donde claramente reconoce que el Estado de El Salvador, es un Estado que comete crímenes de lesa humanidad, es un estado torturador de personas inocentes”, declaró Ingrid Escobar, directora del Socorro Jurídico Humanitario.
En la comunicación oficial de la ONU, con fecha del 8 de julio de este año, dirigida al Estado salvadoreño, los relatores mostraron su preocupación al gobierno salvadoreño por las detenciones masivas realizadas bajo el régimen de excepción, el estado de excepción prolongado, las reformas penales que permiten juicios masivos y las detenciones preventivas prolongadas.
«Durante un estado de excepción (…) cada medida debe estar "dirigida a un peligro real, claro, presente o inminente" y ser necesaria, proporcionada y no discriminatoria; una medida debe ser lo menos intrusiva posible para lograr su objetivo, con plena consideración del recorte de derechos humanos y libertades fundamentales que su adopción conlleva», indicaron.
Escobar, explicó que la denuncia presentada contra nueve diputados de la Asamblea Legislativa está relacionada a la acción de prorrogar 27 veces el régimen de excepción.
“Los hemos denunciado por delitos de lesa humanidad, a la luz de lo que dijo la Organización de las Naciones Unidas, cuando establece que El Salvador está violando pactos, convenios y tratados internacionales del sistema universal y específicamente hablando del Estatuto de Roma que define en el artículo 7 literal “e” la encarcelación u otra privación grave de libertad física en violación de normas fundamentales del derecho internacional es crimen de lesa humanidad”, manifestó al defensora de derechos humanos.
Los parlamentarios denunciados son: Ernesto Alfredo Castro Aldana, Suecy Beverly Callejas Estrada, Rodrigo Javier Ayala Claros, Guillermo Antonio Gallegos Navarrete, Elisa Marcela Rosales Ramírez, Numan Pompilio Salgado García, José Serafin Orantes Rodriguez, Reynaldo Alcides Carballo Carballo y Katerine Alexia Rivas González.
Funcionarios denunciados
Por otra parte, en representación de las víctimas, los representantes del Socorro denunciaron al ministro de Justicia y Seguridad, Héctor Gustavo Villatoro Funes, por los delitos de lesa humanidad e incumplimiento de deberes.
Asimismo al director de Centros Penales, Osiris Luna Meza, por delitos de lesa humanidad, incumplimiento de deberes, desobediencia a mandato judicial y limitaciones indebidas de libertad individual.
“Esta mañana venimos a decirle a la Fiscalía que debe iniciar los procesos de investigación por la vulneración a derechos humanos que se están cometiendo en las cárceles, ya les dijo la ONU en esa comunicación”, declaró Jayme Magaña, del equipo Jurídico del Socorro.
Según los casos documentados por esa organización defensora de Derechos Humanos, desde que inició el régimen de excepción hasta el 16 de mayo de este año, el Socorro Jurídico ha registrado 279 muertes en centros penales y bartolinas policiales.
Del total de muertes, 102 fueron registradas en 2022, 117 en 2023 y 60 hasta el 16 de mayo de este año. Sin embargo, tienen reportadas 23 muertes más que están por averiguar, de confirmarse serían 302 casos en total.
Asimismo el informe brindado por esa organización detalla que del total de los muertos en penales, el 94% no tenía vínculos con pandillas, solamente 17 estaban perfilados como pandilleros activos o retirados.
Los representantes del Socorro sostienen que en el 40% de las muertes hay indicios de violencia o tortura, en un 31% hubo negligencia por falta de atención médica, en el 23% la causa del deceso es desconocido y un 6% corresponde a personas con enfermedades terminales.
Sin embargo, el comisionado presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, André Guzmán, en representación de El Salvador, negó rotundamente que haya muertes violentas en los penales, durante la última audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación del régimen de excepción.
Sobre las órdenes judiciales de libertad que la Dirección de Centros Penales se ha negado a cumplir, el abogado del Socorro Jurídico, Otto Flores, explicó que “funcionarios aprovechando de su posición no están permitiendo la liberación de muchas personas que ya tendrían que estar libres siguiendo su proceso judicial, bajo otras medidas alternas a la prisión”.
“Es preocupante que la Dirección de Centros Penales habiendo recibido oficios y órdenes de libertad por parte de jueces, de los tribunales de crimen organizado no estén dando cumplimiento a estas órdenes de libertad”, dijo Otto Flores, del Socorro Jurídico.
Directores, jueces y fiscales
La denuncia realizada por el Socorro Jurídico también abarca a los directores de centros penales de Apanteos e Izalco por los delitos de desobediencia a mandato judicial y limitaciones indebidas de libertad individual.
Flores manifestó que directores de centros penales están negando el acceso a los médicos de Medicina Legal para que puedan realizar evaluaciones médicas a los detenidos ordenadas por los jueces.
“Es importante conocer la salud de estas personas y que se mantenga el hecho que toda orden realizada por un juez debe ser acatada, porque esto lo que está demostrando que ya no vivimos en un país donde hay separación de poderes”, agregó Flores.
Un juez sin rostro también fue denunciado por atentado relativo al derecho a defensa, pero los abogados no brindaron los nombres debido a la reserva de información.
Se intentó conocer la versión de los funcionarios públicos demandados, a través de un mensaje a los números de celular institucionales de los empleados de comunicaciones, pero no se tuvo respuesta.