Un supuesto entramado de corrupción que opera en centros penales presuntamente relacionado al diputado Guillermo Gallegos y al director de Centro Penales, Osiris Luna, fue denunciado esta mañana por la abogada penalista, Lucrecia Landaverde, durante la entrevista de TVX, del lunes 22 de abril.
La abogada explicó que tiene audios donde supuestas abogadas que dicen que trabajan con Gallegos, ofrecen a las familias de los capturados “desvincularlos” de las pandillas en el sistema de Centros Penales a cambio de un pago.
“Supuestas abogadas dicen que trabajan con usted (Gallegos) y ofrecen a estas familias que los van desvincular de las pandillas, dentro de los centros penales, y que trabajan con Guillermo Gallegos, que son amigas, que son allegadas y que tienen mucho poder”, denunció Landaverde.
Además, la penalista expuso que desde los centros penales llaman a los familiares de personas capturadas, se hacen pasar por abogados y les dicen que pueden liberar a sus familiares, a cambio de dinero y que incluso mandan fotografías de los reos.
“Les mandan fotografías, ¿Cómo señor de centros penales? Explique de manera decente como es que de adentro de centros penales, salen fotografías de presos en actividad normales y cotidianas o simplemente acostados en su celdas”, cuestionó Landaverde.
“Él se está llenando los bolsillos, por un lado pide que capturen gente y por otro lado, él manda a abogados de tercera categoría a andar engañando a esta gente y vendiendo la solución”, agregó Landaverde en relación a Gallegos.
El diputado Gallegos al ser consultado sobre la declaraciones que la abogada hizo en su contra dijo que hasta el momento no había visto la entrevista, pero que las acusaciones son totalmente falsas y que esos comentarios son solo para llamar la atención.
“No he visto, pero eso es totalmente falso, yo no sé de dónde saca eso ella (...) no he visto, pero por supuesto que las considero falsas, queriendo llamar la atención nada más”, expresó el diputado.
Se intentó conocer la versión de centros penales y se le marcó al celular institucional en horas laborales a Alejo Ruben Amaya Carvajal, jefe de comunicaciones de Centros Penales, pero colgó la llamada.
Denuncias reiteradas
No es la primera vez que salen a la luz denuncias sobre la supuesta red de corrupción que señalan la participación de custodios y autoridades de centros penales.
En marzo de 2023, el sitio web Infobae publicó cómo esa red estarían cobrando hasta 1,500 dólares a familiares de reos encarcelados en las diferentes prisiones por permitirles ver a sus parientes.
En la publicación Sandra (nombre ficticio) relataba cómo pudo ver a su hermano después de varias semanas sin saber de él.
La segunda semana de marzo, la mujer logró entrar al Centro Penal La Esperanza, una de las cárceles más grandes de El Salvador, para llevar comida, medicinas y un poco de conversación a su familiar, un joven detenido por la policía salvadoreña bajo acusaciones de asociaciones ilícitas y de pertenecer a la pandilla MS13.
No fueron un juez bondadoso o un custodio descuidado los que permitieron la visita de Sandra: la mujer pagó 1,500 dólares a una red de corrupción que se ha formado en la cárcel salvadoreña desde que el gobierno de Nayib Bukele decretó el régimen de excepción en marzo de 2022, señaló Infobae.
El negocio de la tiendas
Por otra parte, Landaverde manifestó que el otro gran negocio dentro de centros penales es el dinero que los familiares de los detenidos son obligados a depositar.
La abogada explicó que los familiares de los reos son obligados a abrir una cuenta discrecional que solo manejan dentro de centros penales para el depósito de dinero para que puedan comprar en las tiendas penitenciarias.
Esto es aparte de los paquetes que los familiares deben llevar a los reos, cada 15 días o cada mes, según dispongan.
“Mire hay gente que tienen orden de libertad, no la liberan porque es un negociazo para ellos, que la gente más pobre les esté pagando una extorsión permanente”, manifestó Landaverde.
Familiares de personas detenidas explican que para hacer el depósito a sus familiares que puede ir desde 5 hasta 500 dólares cómo máximo se deberán de afiliar al sistema de transferencias de centros penales.
Solo el trámite en sí, significa un alto costo para las familias porque les piden una serie de documentos.