La mayoría de las reformas a leyes penales aprobadas por la Asamblea Legislativa en el contexto de un régimen de excepción, implementado en El Salvador para combatir a las pandillas, son "contrarias" a estándares internacionales y "conllevan retrocesos", según un análisis de la organización Cristosal compartido el viernes.
En el documento, denominado 'La excepción se volvió la norma. Una mirada a las reformas penales y su impacto en las garantías ciudadanas', se indica que durante los últimos dos años "hubo un número elevado de reformas legales que afectan las garantías procesales de los ciudadanos".
Se trata, según el análisis de la organización no gubernamental, de más de 30 decretos legislativos que han modificado diferentes leyes, en su mayoría en el campo penal.
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"El conjunto de reformas penales realizadas en el marco del régimen de excepción han acentuado la existencia de un estándar diferenciado de garantías procesales a quienes son procesados por el régimen", señala.
Explica que "se trata de la aplicación pura del derecho penal de enemigo. En esto confluye tanto prácticas arbitrarias contrarias a los estándares internacionales como el intento de normalizarlas a través de reformas legales".
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"Se justifica como derecho excepcional pero que luego se vuelve permanente", subraya.
Lo anterior, de acuerdo con Cristosal, "conllevan retrocesos a la forma en que había evolucionado el derecho penal en El Salvador desde la década de los noventa, pero que ha sido revertida gradualmente por el populismo punitivo".
"La única garantía que le queda a una persona procesada en el régimen de excepción es la posibilidad de que existan aún jueces independientes que jueguen su rol de control, aunque debe señalarse que la independencia judicial ha sido seriamente dañada por los ataques y cooptación que ha sufrido el sistema judicial por parte del poder político en los últimos cuatro años", añade.
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Las reformas analizadas por expertos de Cristosal están contempladas en el Código Penal y Procesal Penal y en las leyes Contra el Crimen Organizado, Especial contra Actos de Terrorismo, Penal Juvenil y Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, y han sido aprobadas por el Congreso, dominado por el oficialismo.
El Congreso de El Salvador aprobó a finales de marzo la polémica medida de excepción tras una escalada de asesinatos atribuido a las pandillas que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días.
Según el Ejecutivo de Nayib Bukele, durante esta "guerra contra las pandillas" la cifra de detenciones suma más de 72,000, mientras que más de 7,000 han recibido la libertad condicional.
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Un informe presentado el miércoles por representantes de un grupo de organizaciones humanitarias revela que las "víctimas directas" del régimen de excepción llegan a 5,775, de las que más del 50% son jóvenes.